Ciencia Con Futuro

LA CIENCIA ESPAÑOLA OTRA VEZ EN LA ESTACADA A CUENTA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

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Estos días el mundo de la ciencia española anda revuelto.

Otra vez.

No pasa una semana sin que tengamos un sobresalto, pero el de esta semana es de los más graves. De hecho, podría llegar a colapsar el sistema de público de I+D+i. 

Otra vez.

En esta ocasión no se trata de problemas de ingresos o financiación. Más bien, lo contrario. Se trata de que no nos permiten gastar. Y si no se puede gastar, no se puede hacer ciencia.

Nos explicamos: El 8 de noviembre de 2017 se aprobó por el Pleno del Congreso la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las directivas europeas sobre la materia (2014/23/UE y 2014/24/UE), que fueron aprobadas por el Parlamento y el Consejo el 26 de febrero de 2014.

No hemos oído hablar mucho sobre esta ley, pero lo que se ha publicado han sido parabienes más que nada. Según el Gobierno, la ley tiene como objeto “regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”

En otras palabras, la ley busca el loable propósito de dotar de mayor transparencia a la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.

Los partidos políticos presentaron muchas enmiendas en el Senado para mejorar la ley, muchas de las cuales se aceptaron. En concreto, el PSOE presentó 148, Unidos Podemos 68, PDCat 24, el Grupo Mixto 5, ERC 4 y PNV y PP, tres cada una. Asimismo, la ley ha contado con el apoyo de los principales sindicatos.

Desafortunadamente, como sucede casi siempre, se les olvidó la ciencia pública, y esto ha llevado al desconcierto de los centros de investigación pública y los investigadores que trabajamos en este sector.

Entre otras cosas, la nueva ley suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, obliga al uso de la factura electrónica, hace al funcionario responsable del contrato y facilita la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Además contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, como en los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.

Otras novedades introducidas es la reducción del margen de las administraciones para adjudicar directamente contratos a un prestador de servicio en los conocidos como ‘contratos menores’ y dificultades para el fraccionamiento de grandes contratos en lotes. Pero lo que está causando estupor entre los científicos son los cambios en la adjudicación de contratos menores de servicios, no sujetos a regulación armonizada. Es decir, las adquisiciones que no requieren de procedimientos especiales, como licitaciones o concursos públicos. Estos contratos han pasado de un límite de 18.000 € en la ley de 2007 a 15.000 € en la ley actual. Según parece, esta cantidad es aplicable a la contratación de una empresa por cada año. Dicho de otro modo, una universidad o un organismo público de investigación (OPI) no podrá adquirir productos o servicio por un importe superior a 15.000 € anuales a la misma empresa.

Cualquiera que haya trabajado en la ciencia pública sabe que es fácil que un solo grupo de investigación gaste esa cantidad en un proveedor al año. Por ejemplo, cuando se contratan servicios de secuenciación masiva o cuando se adquieren kits analíticos basados en anticuerpos o cuando se tienen que atender varias reparaciones de un equipo. Estos y otros servicios están a la orden del día para cualquier investigador que trabaje en ciencias de la vida. Por tanto, es más que probable que una universidad o un OPI lo haga, impidiendo desde el momento que se sobrepase esa cifra que otros investigadores puedan contratar con la misma empresa.

Imaginemos que tenemos un equipo que se estropea y cuya reparación cuesta 3000 € (cifra nada extraña). Si la empresa suministradora de los repuestos ya ha sido contratada ese año por valor de más de 12.000 € no se podrá contratar para esa reparación y el equipo quedará sin reparar, ya que normalmente cada equipo tiene un proveedor específico. Lo mismo podría ocurrir con los reactivos y otros materiales fungibles de laboratorio. Una vez sobrepasado el límite, no se podrían comprar más reactivos y la investigación quedaría paralizada. En muchas universidades o en el CSIC es altamente probable que esto suceda porque se realizan gastos muchísimo más elevados a las mismas empresas. Para haceros una idea de los gastos que supone la investigación, recomendamos este artículo de Lluis Montoliu.

Es más, en caso de que algún responsable de adquisiciones firmara la autorización de ese gasto, estaría incurriendo en una ilegalidad, con las consecuencias legales que eso tiene. Por ese motivo, algunos de estos responsables han declarado ya que se negarán a autorizar pagos a empresas a partir de la fecha de vigencia de la ley, el pasado 9 de marzo, ya que corren el riesgo de que para esa fecha a ese proveedor ya se le hayan pagado facturas por un importe superior a 15.000 €. Algunos centros de investigación ya han dejado de adquirir material, lo que pone en riesgo la continuación de su  actividad. Otros, han decidido continuar como hasta ahora, a riesgo de estar incumpliendo la ley.

Según comentarios que nos ha llegado a Ciencia Con Futuro, la solución más probable a este problema sería realizar licitaciones (por encima de los 15.000 € anuales que marca la ley para que sean obligatorias) con las empresas suministradoras, pero esto conlleva bastantes problemas. El primero de ellos es que este sistema no se ha implementado aún en muchas universidades y OPIs y tardaría meses en establecerse. El segundo problema es que se deberían convocar concursos para todos los posibles suministros, lo que es impracticable, puesto que los investigadores no pueden prever con un año de antelación qué reactivos o servicios va a necesitar para la consecución de los proyectos, y si hacen dicho ejercicio de ciencia-ficción pueden incurrir en gastos no justificados y devoluciones. Esto depende de muchos factores, entre los que se encuentra la incertidumbre de la financiación, pero también la propia idiosincrasia de la ciencia, que implica que es posible tener que realizar cambios sobre la marcha porque las hipótesis no se están cumpliendo. ¿Se imagina alguien tener que convocar un concurso público para sufragar las inscripciones a un congreso que sea particularmente atractivo para muchos investigadores de la misma entidad? ¿O mejor dejamos de ir a congresos para no incurrir en excesivos gastos? Un tercer problema es que este sistema muy probablemente beneficiaría a las grandes empresas, que tienen más capacidad de rebajar los precios de sus productos, en detrimento de las pequeñas empresas. Estas últimas son en muchos casos muy dependientes del sector público y nos tememos que se verán abocadas al cierre. Y, en cuarto lugar (aunque puede que haya más posibles perjuicios), pensamos que una medida de este tipo redundará en pérdidas de puestos de trabajo entre los agentes comerciales de las empresas ganadoras de las licitaciones, ya que una vez ganado el concurso, no serán necesarios.

Otra posible solución sería establecer excepciones para la I+D+i, del mismo modo que se recogía en la anterior ley de 2007, que excluía de la regulación armonizada, los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia, los del sector de defensa o los de producción de programas destinados a la radiodifusión (art. 13 ley 30/2007). Pero suponemos que los trámites necesarios para una exclusión de este tipo precisarán de tiempos muy largos también.

En definitiva, de nuevo corremos el riesgo de dejar en la estacada a la ya maltrecha ciencia española porque los responsables políticos no la tienen en cuenta a la hora de legislar. Por eso, desde Ciencia Con Futuro exigimos que se busque una solución rápida al problema causado para evitar poner una piedra más en el camino de la ciencia pública española y que, para ello, se tenga en cuenta sus necesidades y peculiaridades intrínsecas.

Si a ti también te preocupa la situación actual de la ciencia y quieres participar en Ciencia Con Futuro escríbenos a cienciaconfuturo@gmail.com, te estamos esperando!
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