El 21 de diciembre de 2007, y por Real Decreto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue transformado en Agencia Estatal. Dicha transformación fue llevada a cabo en línea con las instituciones homólogas al CSIC en el ámbito europeo y llevaba aparejada una regulación intencionadamente laxa, con el fin de que pudiera adaptarse con facilidad al ritmo cambiante de la actividad investigadora, según rezaba el propio Real Decreto.
Ahora, y escondido en una reforma del Régimen Jurídico del Sector Público, el gobierno revierte esta situación y devuelve al CSIC a su carácter anterior como Organismo Autónomo, según se recoge en el Proyecto de Ley que ha sido ya aprobado por el Senado y devuelto al Congreso para su aprobación final. Suponemos que el Presidente del CSIC estaría enterado, pero en la institución no ha habido debate sobre el asunto, como tantas otras veces. Los centros de investigación y su personal están demasiado ocupados sobreviviendo a los recortes.
Si bien el CSIC mantenía la misma estructura orgánica que traía de su etapa anterior, el carácter de Agencia Estatal le dotaba de una mayor independencia del Ministerio correspondiente, que actualmente es el de Economía y Competitividad, y de los vaivenes políticos de turno. Esto es especialmente importante en materia de gasto. Sin embargo, la experiencia de los últimos años pone en evidencia que el gasto del CSIC, sin la aprobación de la Agencia Estatal de Investigación (AGEI), queda de facto supeditado a las decisiones de otro ministerio, el de Hacienda. Tal fue así en el año 2013, cuando llegó a estar al borde del colapso por falta de prepuesto.
La ausencia de una partida presupuestaria sostenida para la financiación de los trabajos que se vienen realizando en el CSIC, así como la falta de independencia en la gestión de los fondos, llevaba a situaciones kafkianas. Un buen ejemplo es la confección, con carácter cuatrienal, de los planes estratégicos del CSIC, sus institutos y sus departamentos. En ellos, los investigadores tenían que realizar un análisis exhaustivo de nuestras capacidades, fortalezas y debilidades y estimar para el periodo siguiente de cuatro años nuestra producción científica. Todo ello ¡sin tener un modo de estimar los ingresos con los que se iba a contar! En función de dicha estimación se valoraba la productividad, por lo que muchos investigadores tendían a infravalorar sus aportaciones para aumentar la productividad neta una vez descontada la estimada en el plan. En vista de estas “artimañas”, en el último Plan de Actuación, el CSIC asignó a cada centro la productividad que consideraba que tenía que tener, independientemente de cualquier tipo de consideraciones y valoraciones por parte de los investigadores implicados.
Aún así, consideramos que la conversión del CSIC de Agencia Estatal a Organismo Autónomo, supone un retroceso en la independencia, sobre todo económica, de la institución. Máxime considerando el escaso grado de autonomía que el gobierno actual concede a los organismos públicos. De aprobarse finalmente en el Congreso, la disposición permitiría al Ministerio correspondiente la fiscalización previa del presupuesto del CSIC (antes del gasto), lo que llevaría a un mayor control político de la institución. El gobierno de Mariano Rajoy, que está dando sus últimos estertores, da un paso más en su desprecio por el sistema científico español, por sus trabajadores y hasta por la ley vigente. No solo retrotrae al CSIC a épocas pasadas, no solo ignora la opinión de los científicos y el resto del personal de la institución, sino que falla en su promesa de aprobar la AEI, a lo que estaba obligado por la Ley de la Ciencia de 2011.
De hecho, la AEI debería haberse creado en 2012, según dictaba dicha ley. Dado que la constitución de la AEI es una reclamación permanente de los investigadores españoles, la Secretaria de Estado de I+D+i se ha visto impelida a prometer su aprobación con una frecuencia inusitada. En abril de 2012 prometía que sería en junio de ese año y siguió maniendo su promesa cada semestre hasta el verano de 2015, cuando prometió que será en otoño, justo antes de las Elecciones Generales. Pues bien, no solo no se ha aprobado la AEI, sino que ahora, de tapadillo, el gobierno modifica el régimen jurídico del CSIC.
La ciencia, para que pueda dar sus frutos, necesita autonomía, y no estar controlada por los intereses particulares de los políticos de turno. Esperamos que los nuevos mandatarios que tengamos a partir de las próximas Elecciones Generales, sepan entender esto y proporcionen al sistema científico español la independencia y seguridad jurídica necesarias para, en primer lugar, revertir el nefasto legado que nos dejan los dos últimos gobiernos, y en última instancia, permitir a los científicos desarrollar al máximo sus capacidades.