El pasado 25 de febrero analizábamos la primera convocatoria del programa ComFuturo de colaboración CSIC-empresas para la contratación de científicos, y concluíamos que era poco más que una tomadura de pelo: un lavado de cara del CSIC y de las grandes empresas.
Aunque la información casi ha desaparecido de su web, en su presentación de hace algo más de un año, se anunciaba que casi cincuenta empresas participarían en el programa, la mayoría de ellas reunidas en la Fundación Cotec. Finalmente, han sido solo siete las empresas que han contribuido a trece contratos, aportando menos de 66000 euros netos por contrato. Es decir, aproximadamente 858000 euros en total.
El día 1 de marzo, José Antonio Navas, publicaba en el blog de El Confidencial que la Fundación Cotec va a destinar al menos 100 millones de euros para “impulsar la restauración pública” del rey Juan Carlos. Es decir, que las empresas de la Fundación Cotec dedicarán 100 veces más fondos más a restaurar la imagen del rey Juan Carlos que al programa científico ComFuturo.
Esto es irónico, ya que la Fundación Cotec tiene como objetivo contribuir a promover la innovación tecnológica y a incrementar la sensibilidad social por la tecnología y no mejorar la imagen pública de reyes tras su abdicación. Pero claro, es comprensible que sea así ya que la Fundación se creó a “sugerencia” del propio Juan Carlos I.
Más irónico si cabe, es que el Programa ComFuturo es un compromiso público-privado
con la ciencia y el futuro, según reza en su convocatoria. Tras la noticia de ayer, parece claro que las empresas de la Fundación Cotec están al menos cien veces más comprometidas con el rey Juan Carlos que con la ciencia y su futuro (el de la ciencia, claro, por el suyo no habremos de preocuparnos).
Para finalizar debemos recordar que en la Fundación Cotec se encuentran las mayores empresas españolas, pero no debemos dejar de resaltar que su presidenta es Cristina Garmendia, que fue ministra de ciencia e innovación en el gobierno de Zapatero y responsable del primero de los recortes a la I+D pública desde el comienzo de la crisis. Tampoco debemos dejar de recordar, que son miembros de la fundación gobiernos autonómicos como la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Aragón, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y el Gobierno de Murcia, entre otras instituciones públicas.
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