Mucho ruido y pocas nueces en la ciencia de Castilla-La Mancha

Hace unos días nos hacíamos eco de la reacción en medios de comunicación ante la publicación del Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación en Castilla-La Mancha. Consideramos que es una importante noticia que una región con tan poco desarrollo en el sector investigador tome conciencia y se dote de un armazón legislativo propio.

Tras su lectura, debemos matizar esa opinión. El texto del Anteproyecto presenta importantísimas lagunas y una extraordinaria falta de ambición que creemos necesario comentar para estimular su corrección a lo largo de su tramitación por las Cortes castellano-manchegas.

Primero, hay que entender que estamos hablando de una Ley, o sea, una regla emanada por una autoridad para regular, de acuerdo a la justicia, un aspecto de las relaciones sociales. Las leyes son normativa fija, indefinida a no ser que ellas mismas incluyan su caducidad (como puede ser la ley de presupuestos). Por lo tanto una Ley sobre una actividad continua como la I+D+i debe tener una aproximación genérica y duradera. Pero, por encima de eso, debe basarse en un correcto análisis de la situación actual, las opciones disponibles y la visión de futuro que se tenga.

En el caso castellano-manchego nos encontramos ante una de las regiones con un sector científico menos desarrollado. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo invierte el 0,5 % del PIB autonómico en actividades de investigación. Sin embargo, la región tiene un amplísimo potencial investigador en sectores como el agropecuario, medioambiental (claramente interconectados ante el desafío del cambio climático), paleontológico y arqueológico (con gran proyección para generar retornos en forma de turismo cultural), energético etc. En el actual mundo globalizado el conocimiento es el mayor promotor de crecimiento económico, y nuestro entorno europeo está claramente comprometido a hacer de ello su prioridad para los próximos años.

Es por ello que la lectura del Anteproyecto nos ha decepcionado: tanto el preámbulo como el articulado están continuamente referenciados a marcos caducos. Es importante entender que un proceso legislativo como este no se hace de la noche a la mañana y que este Anteproyecto se convertirá en Ley como pronto en algún momento de finales de 2018 . Es en cierto modo desalentador que se planteen referencias a marcos como el europeo Horizon 2020 cuando ya está en preparación el siguiente programa-marco que marcará el futuro de la Ciencia en la Unión Europea para cuando esta Ley vea la luz. Lo mismo puede decirse con respecto a las continuas referencias a la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 CLM), un documento que también caduca en 2020.

Con semejantes referencias caducas no es de extrañar que el único objetivo económico sea alcanzar el 1,3 % del PIB “en los próximos años”, justo cuando nuestros principales socios y competidores se dispongan a superar el 3 %. Reconocemos que el 1,3 % supone un extraordinario salto en la situación actual de la región… pero no permitirá reducir el abismo que separa Castilla-La Mancha con las regiones de su entorno. Esta falta de compromiso ha sido criticada incluso por el Vicerrector de Investigación de la UCLM, el principal organismo investigador de la región.

En ese marco resulta inimaginable creer en el éxito de ningún programa de atracción de talento investigador. Precisamente, ese es otro de los objetivos declarados de este anteproyecto, aunque por alguna razón que sólo parece obedecer a una mal entendida propaganda política, el texto lo llama Programa de Retención y Recuperación de talento, sin que haya ninguna medida en ese sentido. Sus objetivos establecidos son del tipo “promover el valor de la ciencia en la educación” o “incrementar el número de estudiantes en Ciencias”. En realidad no se dedica ninguna frase al retorno de investigadores castellano-manchegos ni se especifican propuestas para que los recién doctorados tengan becas de ida y vuelta. O sea en ningún caso se habla de retención ni de recuperación, sino que todas se enmarcan en el fomento y, algo, en la atracción de talento. Es conocida la postura de Ciencia con Futuro acerca de que la comunidad científica funciona de forma abierta y que carecen de sentido políticas limitadas a la “recuperación”. Es por ello que nos alegramos del contenido del articulado, lamentando lo inadecuado de la nomenclatura.

En realidad gran parte del texto consiste en disposiciones vacías de contenido (más propias de normas de rango inferior) o con una única intención de ordenación (y fomento) del aparato burocrático de la Junta de Comunidades. Gran parte del articulado se limita a la creación de órganos colegiados dentro del poder ejecutivo para estudiar, analizar y fomentar (controlar en suma) la acción pública en I+D+i. Es muy positivo que se cree una Agencia de I+D+i, pero el texto no la dota de la suficiente autonomía ni independencia. Ni mucho menos es capaz de regular la financiación plurianual, tan demandada por la Unión Europea. La principal justificación de una herramienta legislativa de este nivel debería ser la de establecer los mecanismos para dotar a la Agencia de I+D+i de un presupuesto propio plurianual de la manera que lo tienen los organismos equivalentes europeos.

En resumen, en nuestra opinión la revisión del Anteproyecto debería atender:

• Mayor inclusividad en la definición del sistema de I+D+i regional. En un entorno como el castellano-manchego, la acción investigadora de museos, archivos o parques arqueológicos (por poner algunos ejemplos) debería ser reconocida.
• Menor injerencia ejecutiva en el desarrollo de la I+D+i. El llamado Consejo Asesor tiene poco que aportar y debería ser sustituido por una comisión dentro de las Cortes regionales. La Consejería competente debería limitarse a establecer las prioridades dentro de los planes de investigación dirigida.
• La Agencia debería depender de las Cortes, que nombrarían a su presidente y supervisarían su acción. Debería tener total autonomía de proposición en los fondos para investigación no dirigida (bottom-up) y de gestión en los de investigación dirigida a la áreas estratégicas marcadas por la Junta de Comunidades (upside-down). Su propuesta de presupuestos plurianuales (encuadrados en Planes Regionales de Investigación que no coincidan temporalmente con las legislaturas políticas) sería consensuada con la Junta de Comunidades y aprobada con rango de Ley por las Cortes, para asegurar la independencia frente a la acción política coyuntural.
• Los objetivos presupuestarios han de aspirar a los niveles europeos, no a los españoles, más aún cuando rara vez los presupuestos españoles de I+D+i se cumplen. Entendemos que esa convergencia ha de ser escalonada, pero debe emprenderse cuanto antes y de forma decidida para evitar que la brecha actual se mantenga o incluso se agrande.

El sistema castellano-manchego es actualmente pequeño, por lo que se encuentra en una posición ideal para afrontar las necesarias reformas que necesita la Ciencia española. Cambios que fomenten carreras profesionales basadas en méritos, rompan con la precariedad laboral sin promover el inmovilismo, superen el falso indicador que representan los impact factors y abran la Ciencia y la Innovación a la sociedad mediante el Open Science y la Responsible Research and Innovation son más fáciles de plantear en Castilla-La Mancha que en regiones que ya lastran instituciones privadas de masa crítica o minadas por la endogamia. El éxito de la implantación de un nuevo sistema de I+D+i en Castilla-La Mancha equiparable no al español sino al de los países del norte de la Unión Europea podría establecer un importante precedente y constituir un ejemplo a imitar por el resto de comunidades autónomas.

Desde Ciencia con Futuro queremos llamar a todos los grupos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha a que suscriban con el texto final de esta Ley un verdadero pacto por la I+D+i y una sociedad del progreso y el conocimiento. Están ante un entorno y una oportunidad única.