Investiga… Hasta que el paro aguante.

Hoy os queremos proponer un ejercicio de imaginación. Piensen en un joven investigador (ya sea en ciencias naturales, sociales o humanidades). Visualicen a una mujer en sus veintitantos años, probablemente parte de la primera generación en su familia que accede a estudios superiores. Por intentar contextualizarla, pensemos que ella proviene de la España a medio vaciar, una capital de provincia del interior… pero podría venir de cualquier parte del mundo. Ha trabajado duro durante muchos años por formarse en un campo altamente sofisticado. Por seguir imaginando, digamos que genética molecular (pero podría ser lógica, cambio climático, ingeniería de superconductores, psicopedagogía etc.).

Y ahora traten de verla en su situación actual. Vive, estos días confinada en un bajo con ventanas a un patio interior al que no llega el sol. Un piso que comparte con un par de conocidos superficiales. Es domingo por la mañana y ya está trabajando frenéticamente en su ordenador. ¡Pero no se lo digan a nadie! Y menos al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) que es el que, por ahora, le paga el paro.

De entre las muchas miserias que el Estado de Alarma por el brote pandémico de COVID-19 ha revelado (o debería estar revelando), está la paradójica situación de un importante colectivo de jóvenes investigadores pre-doctorales: el trabajo intensivo mientras se está oficialmente en el paro. Desde hace muchos años hemos sido muchísimos los que hemos denunciado una y otra vez la vergüenza extendida de obligar a los pre-doctorales a escribir sus tesis o incluso seguir trabajando durante el tiempo que cobran un paro de unos pocos meses de media.

A principios de siglo, gracias fundamentalmente al trabajo de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios, se acepta formalmente que el trabajo de un investigador pre-doctoral es una actividad laboral además de formativa. Se crean Estatutos del Personal Investigador en Formación y se empieza a transformar lo que antes eran becas por contratos. 

Pero para muchos en la Ciencia, como en otras sectores sociales, la Ley es simplemente un ideal opcional, no una norma de obligado cumplimiento. “La norma debe entender la especificidad de la Ciencia” se dice cada vez que surge un cambio de legislación que trata de imponer mayor racionalidad, responsabilidad y rendición de cuentas en este servicio público esencial.

Así que, “hecha la ley, hecha la trampa”, en infinidad de laboratorios de España a los doctorandos se les hace trabajar en la toma de datos hasta el mismo último día de contrato. Porque el análisis de los mismos, la determinación de los resultados y la extracción de conclusiones, y obviamente, la escritura de la tesis, se puede hacer en situación de desempleo, cobrando una prestación que no está pensada con ese fin. Es este un argumento mezquino, egoísta y explotador. Y, es más, constitutivo de distintos delitos, desde el fraude a la Seguridad Social a los delitos en contra de los derechos de los trabajadores. Pero para que haya delito debe haber denuncia. Y los potenciales denunciantes son cautivos de sus explotadores: de su firma para entregar la tesis, de sus redes de favores para formar el tribunal evaluador, de sus contactos para conseguir un nuevo trabajo en la Ciencia. Los explotados así solo pueden doblar turnos, tratar de sacar tiempo a la vida y al sueño para reducir el tiempo de explotación a menos de lo que les corresponda de paro, desesperados para tener un colchón económico que les permita capear el tiempo entre leer la tesis y decidir por dónde va a poder seguir su vida.

Con el confinamiento, sin embargo, llega un nuevo agravante. Las universidades han suspendido las defensas de tesis doctorales. La mayoría sine die, dentro del caos con el que afrontamos toda esta crisis. Y con eso, todas las expectativas estallan. Los jóvenes investigadores quedan atrapados en una ciudad que no es la suya, gastando un dinero que necesitarán para cuando esto pase, sin ningún tipo de derechos laborales frente a su supervisor y a la institución cuyas reglas deben seguir cumpliendo. 

Muchas cosas tienen que cambiar de verdad en el mundo que ha generado la covid-19 y desde Ciencia Con Futuro creemos que es necesario que empiecen a cambiar ya. No puede ser que sean funcionarios públicos (investigadores principales) desde instituciones públicas (universidades y OPIs) los que sistemáticamente infrinjan los derechos de los trabajadores más vulnerables del servicio público de Ciencia e Innovación. Es hora de que los sindicatos y Comités de Empresa de dichos centros cumplan con sus obligaciones constitucionales y denuncien ante Inspección de Trabajo y las Fiscalías estas situaciones. No podemos seguir dando la espalda a este tipo de cosas.

La Ciencia y la Innovación van a ser fundamentales en la salida de la crisis. No podemos permitir que se sigan tolerando y promoviendo comportamientos que estafan al sistema de recaudación social (un trabajador sin contrato que no cotiza nos roba a todos) y ponen en duda la legitimidad de nuestro servicio público a la comunidad.

24/04/2020 Pasadas 24 horas de la publicación de este artículo, CCF ha podido confirmar de que algunas universidades de España sí están realizando defensas de tesis doctorales por videoconferencia. CCF no tiene cifras exactas de si esto es una práctica extendida o puntual en dichas instituciones o si corresponden a tesis depositadas antes del EdA o tesis admitidas durante el EdA mediante un sistema de registro electrónico.

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