Cuando cumplir con la legalidad parece una revolución

El pasado 26 de Enero se publicó en el BOE el Real Decreto (RD) 19/2019, aprobado el día anterior por el Consejo de Ministros, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado. Esta estabilización es noticia para el personal científico puesto que el Ministerio de Ciencia y Universidades concentra el 71% de las nuevas plazas ofertadas, permitiendo la estabilización de 1454 plazas en los organismos públicos de investigación (OPIs), sobretodo el CSIC.

Esta medida, junto con la elevación del presupuesto para I+D en los PGE 2019, que hemos comentado recientemente, y la mayor dotación para becas, ha merecido el calificativo de ‘principio del fin de la crisis en la ciencia española’ por parte de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras (en un ejercicio de cinismo o de entusiasmo, si pensamos en positivo, la primera versión del tweet afirmaba que la crisis para la ciencia española había llegado a su fin, rectificando más tarde tras la reacción desencadenada en las redes sociales). No nos aventuraríamos desde Ciencia con Futuro a tal vaticinio de fin de crisis en vista de los múltiples problemas que siguen acechando al sistema español de Ciencia e Innovación. Pero sin duda este anuncio es una buena noticia que enmienda en parte una irregularidad demasiado presente en los últimos años en nuestros centros de investigación y que ha causado no pocas angustias en los profesionales afectados y el resto de los trabajadores.

Recordamos que el problema principal se generó cuando trabajadores en distintas categorías (técnicos, investigadores y personal de gestión) se encontraron en fraude de ley por la concatenación, más allá de lo que limita la ley, de contratos temporales por obra y servicio. Estos trabajadores eran contratados una y otra vez para realizar tareas similares, que en la mayoría de los casos correspondían a puestos estructurales. Esta práctica venía de mucho más atrás, pero se vio acentuada por la crisis económica, de tal manera que el personal temporal en el CSIC ha llegado a representar casi la mitad del total.

La congelación de la oferta de empleo público en los OPIs y la política de adelgazamiento deliberada del sistema español de I+D emprendida por los gobiernos del PSOE y PP entre los años 2009 y 2015 impidió darle una solución a este problema e incluso lo agravó, provocando despidos masivos. Una parte de los trabajadores afectados se han estado organizando para denunciar su situación en los tribunales, que casi invariablemente les han dado la razón y forzado al CSIC y otros OPIs a contratar a estas personas bajo el título de “personal indefinido no fijo por sentencia” (sic en los contratos).

Según una comunicación enviada por la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, este es el caso de 367 de los puestos ofertados, al que se unen otros 955 puestos para estabilizar otras plazas en situación similar. Esta medida intentará corregir una situación que arrastramos del pasado, y que ha sido denunciada por diversas asociaciones de investigadores y otras organizaciones sociales y peleada en situaciones muy difíciles por un colectivo de trabajadores que han sufrido presiones importantes y periplos legales largos. Además, ha tensionado hasta el extremo el ambiente laboral de los OPIs durante los últimos años. Por ejemplo, en el CSIC se han llegado a elaborar “listas negras” de centros de mayor “conflictividad” por el mero hecho de que fomentaran que la presentación de demandas por parte de los trabajadores. Esos centros eran posteriormente penalizados en la distribución de plazas. De hecho, el anterior presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, consideraba que cumplir con la ley e incorporar a este persona a la institución, suponía un grave perjuicio para la institución.

El ministerio alega una disminución de la tasa temporalidad como la razón para lanzar esta oferta de empleo público, pero sabemos que no es solo eso, sino que se trata también de enmendar una temporalidad que se ha generado con artimañas contractuales no sujetas a derecho. Destaca que la mayoría de los puestos ofertados se creen bajo el régimen de contratación laboral, dentro o incluso fuera de convenio, y no funcionarial, tal como se puede ver en el listado que acompaña el RD. En cualquier caso, las tareas que se consideren estructurales en los organismos públicos deben ser realizadas por profesionales con estabilidad laboral, dentro de un marco claro y definido de carrera profesional, no sujeta a caprichos presupuestarios o políticos. El establecimiento de este principio sí sería una noticia que marcaría el principio del fin de la crisis en el sector, y nos alejaría de las medidas realizadas ad hoc y como golpe de efecto.

Aún queda tiempo para  ver la plasmación definitiva de estas estabilizaciones, propuestas para finales de 2019 o principios de 2020. De una manera u otra, sean puestos funcionariales, estatutarios o laborales, las plazas saldrán a concurso público. Es de esperar que muchas de las personas que han desempeñado esas funciones hasta ahora, algunos de ellos peleando todos estos años por la estabilización de esas plazas, sean capaces de superarlos sin mayores dificultades. Pero el respeto de los preceptos de publicidad, libre concurrencia, igualdad mérito y capacidad han de posibilitar, además, la entrada de sangre nueva a instituciones muy necesitadas de superar años de austericidio y décadas de endogamia. Estaremos atentos al desarrollo de este RD.

Sabemos que estamos en tiempos electorales, pero el gobierno y el ministerio harían bien en moderar el electoralismo y abandonar el triunfalismo tras el anuncio de este tipo de medidas. El mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba tras el anuncio, que con esta medida se recupera el talento para que científicos y científicas vuelvan a casa. Nada más lejos de la realidad, ya que el proceso de estabilización no está dirigido a esas personas que tuvieron que emigrar durante los años más duros de la crisis, sino principalmente a reparar una ilegalidad con el personal contratado que se arrastra desde hace años en los OPIs españoles.

La regularización de esos contratos es una buena noticia, al enmendar una ilegalidad demasiado frecuente en nuestros centros de investigación. Una ilegalidad aún más grave si cabe en tanto ha sido perpetrada por la propia administración. Además, es una medida necesaria, puesto que dará un balón de oxígeno a las depauperadas estructuras de los OPIs, que esperamos tengan una incidencia positiva en su trabajo. Hay que recordar, que durante la crisis se han perdido miles de puestos de trabajo en el sector. En un solo ejercicio (2014) se llegaron a perder 3000 empleos.

Sin embargo, tenemos que recordar que una situación similar se vive en otros organismos, como las universidades. Mucho personal técnico se encuentra en estos momentos encadenando contratos temporales (de entre 6 meses y 2 años), con cargo a proyectos de investigación o a otras partidas, por más de 10 años, realizando tareas que son estructurales en los laboratorios y centros y van más allá del proyecto concreto por el que se produce la contratación. Este es un hecho sabido por todos, pero ante el que todo el mundo escurre el bulto. Es hora ahora de extender esta estabilización a los puestos de las universidades, fundaciones y otros organismos para erradicar esta práctica ilegal y dotar a nuestro sistema de ciencia e innovación de la estructura de puestos de trabajo que se merece para realizar su labor de manera eficaz. En las Universidades el número puede ser aún mayor, pero la visibilización de la problemática ha sido hasta ahora más difícil, probablemente por la atomización de sus estructuras y las particularidades de su gestión.

Desde Ciencia con Futuro esperamos que estas medidas y las que quedan sirvan para dignificar las condiciones de trabajo de los técnicos, investigadores y gestores de nuestros OPIs y también de nuestras universidades.

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