PGE2019: frágiles brotes verdes en un terreno cada vez más yermo

La semana pasada, el gobierno presentó al Congreso la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio de 2019 y cada ministerio hizo su propia presentación de la parte que le corresponde. El ministro Pedro Duque hizo lo propio y la cuenta de Twitter del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se llenó de mensajes ensalzando los avances que plantean los nuevos presupuestos.

¿Pero es cierto que existe un incremento en la partida destinada a I+D+i,  o los datos que ha presentado el ministerio, como en anteriores ocasiones? Como no podía ser de otra manera, y como venimos haciendo desde hace años, en Ciencia Con Futuro hemos analizado los PGE2019 y aquí os mostramos nuestras conclusiones.

Ya hemos manifestado anteriormente nuestro optimismo respecto la recuperación y diseño del Ministerio y nuestra disposición a colaborar, pero también las dudas acerca de la capacidad del ministro para imponer las necesidades de su ámbito de competencias ante el Consejo de Ministros (particularmente ante Hacienda) y cumplir unas promesas muy optimistas, dadas las circunstancias y los problemas estructurales del actual sistema. Además, hemos de reconocer que hasta ahora lo ha tenido complicado, dado que tenía que manejarse con presupuestos del gobierno anterior. Por tanto, por ser los primeros,  hemos de analizar estos presupuestos de forma minuciosa para comprobar si realmente las previsiones de gasto se ajustan al objetivo marcado de hacer de España un país del conocimiento y la innovación.

Uno de los datos que más se ha repetido desde el ministerio es que se produce un incremento en el presupuesto para la I+D+i de un 8%, alcanzando los 2.845 millones de euros. Eso es lo que, efectivamente, puede extraerse del libro amarillo de los PGE2019.

Para el próximo ejercicio, el gobierno incrementa el presupuesto total para I+D+i en un 5,3%, lo que supone alcanzar los 7.425 millones de euros. Con éste, son ya 4 ejercicios consecutivos en los que se produce un aumento del presupuesto, que en conjunto alcanza el  16,7%, algo que, evidentemente, a priori es positivo. Sin embargo, el mayor incremento en el presupuesto tuvo lugar en el año 2018, con 633 millones de euros más, o un incremento de casi el 10% desde 2017. Así pues, el incremento para 2019 es menor de lo esperado por un gobierno que ha manifestado repetidamente su apuesta por la I+D+i y que ha evidenciado con la creación de un Ministerio. La menor inversión estatal en I+D+i tuvo lugar en 2013, con menos de 6.000 millones de euros y desde entonces se ha invertido un poco más cada año, pero muy lentamente. De modo que aún falta mucho para alcanzar los 9.673 millones de euros de hace una década.  Dicho de otra forma, hemos perdido una década y con estos presupuestos vamos camino de perder una segunda si no se emprenden medidas más efectivas y significativas para evitarlo.

Evolución de los PGE en los últimos 13 años.

Un punto a favor de los nuevos presupuestos es que el incremento en I+D+i del ejercicio anterior (PGE2018), se debía fundamentalmente a fondos financieros (vulgo “préstamos”), mientras que en los PGE2019 aumentan más los no financieros (“subvenciones”). Recordemos que los primeros son los que se emplean para dotar de crédito a las actividades de I+D+i que se realizan en la empresa española, pero que gran medida (hasta el 50%) quedan sin ejecutar y son amortizados por el Tesoro Público sin que puedan ser derivados o reinvertidos. Por otro lado, los fondos no financieros, es decir la I+D+i pública, incluye gastos corrientes, nóminas, programas de I+D, becas, contratos, proyectos de investigación, mantenimiento de edificios, etc, y se ejecutan prácticamente en su totalidad (como norma general).

Partidas de fondos financieros y no financieros en los PGE de los últimos 13 años.

Como puede verse en el gráfico, desde 2009 el estado dedica más fondos a créditos (fondos financieros), que a proyectos, nóminas, contratos, etc. (fondos no financieros). En 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy (y sin ministerio de ciencia), la diferencia alcanzó el máximo, con menos del 39,6% de toda la I+D+i civil dedicada a fondos no financieros. En los PGE2019 esta última cifra asciende al 42,3%. Ha sido mucha la presión que los distintos colectivos de defensa de la ciencia y los medios de comunicación hemos hecho sobre este punto, y parece que el gobierno se muestra sensible, aunque no lo suficiente. Finalmente, aunque el incremento total del presupuesto para I+D+i es de 357 millones de euros, a los fondos no financieros les corresponde solamente un incremento de 212 millones.

Por tanto, aunque la imagen que se vende es que el gobierno se esfuerza en dotar de más fondos a la I+D+i, a la vista del gráfico que han presentado en la web del ministerio, el impulso real que se predice en base a los datos no será significativo.

El total de fondos no financieros para el año 2019 será 2.845 millones de euros. Con ellos, el ministerio afirma que tomará, entre otras, las siguientes medidas:

  • Un incremento del 10% adicional sobre la tasa de reposición del 100% en el personal de los organismos públicos de investigación (partida sin gastos especificados).
  • La recuperación de la convocatoria de contratos postdoctorales en el extranjero (6,3 millones €).
  • Promover y aprobar un plan de rescate para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico (partida sin gastos especificados).
  • Una dotación de 85 millones € para la Agencia Estatal de Investigación.
  • 676 millones de euros para el CSIC, 280 millones para el Instituto de Salud Carlos III,
  • A la Agencia Espacial Europea se destinan 202 millones a través del CDTI.
  • La red Cervera de centros tecnológicos (propuesta por Ciudadanos en sus pactos con PSOE y PP y que hasta ahora languidecía en el limbo, por su parte, recibiría 570 millones de euros.

Con los datos que se han presentado y la ambigüedad de algunas de las medidas, por ejemplo el plan para la captación y consolidación de talento científico, no podemos valorar si estas dotaciones son adecuadas o no.

Aún así, hay una importante novedad. El 21 de septiembre de 2018, el ministro anunció diversas medidas para mejorar la ciencia española. Entre ellas, afirmaba que se convocarían ayudas para la contratación de 2000 investigadores predoctorales, entre las convocatorias FPI y FPU, que además, estas ayudas se unificarían. En un post anterior, analizamos esa cifra, llegando a la conclusión de que suponía sólo 68 contratos más que en 2018, mientras que el salario se reduciría en unos 2000 € anuales.

Ahora, el gobierno afirma que se convocarán 300 contratos más que en 2018. Ni en el libro amarillo de los PGE2009, ni en la web del ministerio, se menciona qué cantidad se va a dedicar a estos contratos (sí se hace para otras partidas). No queremos ni pensar que se mantenga la cifra de 173 millones de euros. Un incremento de 300 contratos, supone un total de 2232 contratos, destinando 77.509 € a cada contrato, muy lejos de los 88.509 € por contrato de 2017 (exactamente 11.000 € menos por contrato). Hay que tener en cuenta que esas cifras se refieren al coste-empresa por 4 años, por lo que si la subvención ministerial baja, la única forma que tienen los investigadores predoctorales de mantener un nivel adquisitivo (que ya está significativamente muy cercano al salario mínimo) es que los grupos y centros añadan fondos a esos contratos (algo que casi ningún grupo o instituto en este país se puede permitir). Nuestros investigadores predoctorales ya son lo suficientemente precarios para que se les recorte aún más el salario. Así pues, esperamos que el ministerio revise esos números e incremente los fondos para esa partida y que la nueva medida anunciada  suponga no sólo un mayor número de contratos sino mejores condiciones salariales.

En definitiva, observamos con un moderado optimismo el trabajo que el ministerio está realizando para, al menos, devolver a la I+D+i española al lugar que estaba antes de la crisis. Esta labor se manifiesta en el incremento en el presupuesto total, pero sobre todo en la parte dedicada a fondos no financieros, que es de donde se nutre la I+D+i pública. También se observa un interés en dotar de más recursos a los OPIs, incrementando sus paupérrimas plantillas y en elevando el número de jóvenes investigadores tanto predoctorales como postdoctorales.

Sin embargo, pensamos que no es suficiente. El gobierno anterior ya había incrementado los presupuestos en una cuantía similar y éste no hace sino seguir vacilante esa senda. De momento, por tanto, no se apuesta por impulsar el I+D+i en nuestro país de manera diferente a como ya se venía haciendo desde el anterior mandato. El sistema español de I+D+i lleva una década de retraso y si el gobierno no actúa de forma más determinada y firme, con menos propaganda y más fondos, cada vez estará más alejado de los países europeos que apuestan por la ciencia y la innovación. Además, nos habría gustado ver una mayor ambición en entender la realidad del trabajo en ciencia en el siglo XXI. En un sistema que clama continuamente por el agotamiento institucional y el ahogamiento que suponen los procedimientos administrativos imprescindibles en toda labor dependiente de fondos públicos (control de gasto, respeto a la libre competencia, a la normativa laboral, de ética, de protección de datos etc.) no hay partidas específicas que incidan en el refuerzo institucional de los OPIs con convocatorias de personal de apoyo técnico y administrativo. Aunque se menciona un paquete de medidas destinadas a resolver algunos problemas de gestión, no hemos encontrado un presupuesto asignado, por lo que dudamos de su eficacia. Siguiendo viejísimas tendencias nacionales, todo se fía a alimentar el sistema con más predoctorales en precario (que son jóvenes y todo-terreno).

Todo esto, considerando que estos presupuestos (en fase de “Proyecto de Ley”) se aprueben como están, porque dada la inestabilidad de la situación política española, es posible que sean rechazados o en el mejor de los casos enmendados (sin que se pueda aventurar el sentido de dichas enmiendas). Por este motivo, seguimos defendiendo que si queremos un país competitivo, donde se le dé a la ciencia y la innovación el lugar y la importancia que merece, como ocurre en otros países o en la misma Unión Europea, la partida de I+D+i debería estar blindada en base a presupuestos plurianuales, para que los vaivenes políticos no comprometan el futuro de la ciencia y el de toda la sociedad.

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