Estos días el mundo de la ciencia española anda revuelto.
Otra vez.
No pasa una semana sin que tengamos un sobresalto, pero el de esta semana es de los más graves. De hecho, podría llegar a colapsar el sistema de público de I+D+i.
Otra vez.
En esta ocasión no se trata de problemas de ingresos o financiación. Más bien, lo contrario. Se trata de que no nos permiten gastar. Y si no se puede gastar, no se puede hacer ciencia.
Nos explicamos: El 8 de noviembre de 2017 se aprobó por el Pleno del Congreso la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las directivas europeas sobre la materia (2014/23/UE y 2014/24/UE), que fueron aprobadas por el Parlamento y el Consejo el 26 de febrero de 2014.
No hemos oído hablar mucho sobre esta ley, pero lo que se ha publicado han sido parabienes más que nada. Según el Gobierno, la ley tiene como objeto “regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”
En otras palabras, la ley busca el loable propósito de dotar de mayor transparencia a la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.
Los partidos políticos presentaron muchas enmiendas en el Senado para mejorar la ley, muchas de las cuales se aceptaron. En concreto, el PSOE presentó 148, Unidos Podemos 68, PDCat 24, el Grupo Mixto 5, ERC 4 y PNV y PP, tres cada una. Asimismo, la ley ha contado con el apoyo de los principales sindicatos.
Desafortunadamente, como sucede casi siempre, se les olvidó la ciencia pública, y esto ha llevado al desconcierto de los centros de investigación pública y los investigadores que trabajamos en este sector.
Entre otras cosas, la nueva ley suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, obliga al uso de la factura electrónica, hace al funcionario responsable del contrato y facilita la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Además contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, como en los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.
Otras novedades introducidas es la reducción del margen de las administraciones para adjudicar directamente contratos a un prestador de servicio en los conocidos como ‘contratos menores’ y dificultades para el fraccionamiento de grandes contratos en lotes. Pero lo que está causando estupor entre los científicos son los cambios en la adjudicación de contratos menores de servicios, no sujetos a regulación armonizada. Es decir, las adquisiciones que no requieren de procedimientos especiales, como licitaciones o concursos públicos. Estos contratos han pasado de un límite de 18.000 € en la ley de 2007 a 15.000 € en la ley actual. Según parece, esta cantidad es aplicable a la contratación de una empresa por cada año. Dicho de otro modo, una universidad o un organismo público de investigación (OPI) no podrá adquirir productos o servicio por un importe superior a 15.000 € anuales a la misma empresa.
Cualquiera que haya trabajado en la ciencia pública sabe que es fácil que un solo grupo de investigación gaste esa cantidad en un proveedor al año. Por ejemplo, cuando se contratan servicios de secuenciación masiva o cuando se adquieren kits analíticos basados en anticuerpos o cuando se tienen que atender varias reparaciones de un equipo. Estos y otros servicios están a la orden del día para cualquier investigador que trabaje en ciencias de la vida. Por tanto, es más que probable que una universidad o un OPI lo haga, impidiendo desde el momento que se sobrepase esa cifra que otros investigadores puedan contratar con la misma empresa.
Imaginemos que tenemos un equipo que se estropea y cuya reparación cuesta 3000 € (cifra nada extraña). Si la empresa suministradora de los repuestos ya ha sido contratada ese año por valor de más de 12.000 € no se podrá contratar para esa reparación y el equipo quedará sin reparar, ya que normalmente cada equipo tiene un proveedor específico. Lo mismo podría ocurrir con los reactivos y otros materiales fungibles de laboratorio. Una vez sobrepasado el límite, no se podrían comprar más reactivos y la investigación quedaría paralizada. En muchas universidades o en el CSIC es altamente probable que esto suceda porque se realizan gastos muchísimo más elevados a las mismas empresas. Para haceros una idea de los gastos que supone la investigación, recomendamos este artículo de Lluis Montoliu.
Es más, en caso de que algún responsable de adquisiciones firmara la autorización de ese gasto, estaría incurriendo en una ilegalidad, con las consecuencias legales que eso tiene. Por ese motivo, algunos de estos responsables han declarado ya que se negarán a autorizar pagos a empresas a partir de la fecha de vigencia de la ley, el pasado 9 de marzo, ya que corren el riesgo de que para esa fecha a ese proveedor ya se le hayan pagado facturas por un importe superior a 15.000 €. Algunos centros de investigación ya han dejado de adquirir material, lo que pone en riesgo la continuación de su actividad. Otros, han decidido continuar como hasta ahora, a riesgo de estar incumpliendo la ley.
Según comentarios que nos ha llegado a Ciencia Con Futuro, la solución más probable a este problema sería realizar licitaciones (por encima de los 15.000 € anuales que marca la ley para que sean obligatorias) con las empresas suministradoras, pero esto conlleva bastantes problemas. El primero de ellos es que este sistema no se ha implementado aún en muchas universidades y OPIs y tardaría meses en establecerse. El segundo problema es que se deberían convocar concursos para todos los posibles suministros, lo que es impracticable, puesto que los investigadores no pueden prever con un año de antelación qué reactivos o servicios va a necesitar para la consecución de los proyectos, y si hacen dicho ejercicio de ciencia-ficción pueden incurrir en gastos no justificados y devoluciones. Esto depende de muchos factores, entre los que se encuentra la incertidumbre de la financiación, pero también la propia idiosincrasia de la ciencia, que implica que es posible tener que realizar cambios sobre la marcha porque las hipótesis no se están cumpliendo. ¿Se imagina alguien tener que convocar un concurso público para sufragar las inscripciones a un congreso que sea particularmente atractivo para muchos investigadores de la misma entidad? ¿O mejor dejamos de ir a congresos para no incurrir en excesivos gastos? Un tercer problema es que este sistema muy probablemente beneficiaría a las grandes empresas, que tienen más capacidad de rebajar los precios de sus productos, en detrimento de las pequeñas empresas. Estas últimas son en muchos casos muy dependientes del sector público y nos tememos que se verán abocadas al cierre. Y, en cuarto lugar (aunque puede que haya más posibles perjuicios), pensamos que una medida de este tipo redundará en pérdidas de puestos de trabajo entre los agentes comerciales de las empresas ganadoras de las licitaciones, ya que una vez ganado el concurso, no serán necesarios.
Otra posible solución sería establecer excepciones para la I+D+i, del mismo modo que se recogía en la anterior ley de 2007, que excluía de la regulación armonizada, los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia, los del sector de defensa o los de producción de programas destinados a la radiodifusión (art. 13 ley 30/2007). Pero suponemos que los trámites necesarios para una exclusión de este tipo precisarán de tiempos muy largos también.
En definitiva, de nuevo corremos el riesgo de dejar en la estacada a la ya maltrecha ciencia española porque los responsables políticos no la tienen en cuenta a la hora de legislar. Por eso, desde Ciencia Con Futuro exigimos que se busque una solución rápida al problema causado para evitar poner una piedra más en el camino de la ciencia pública española y que, para ello, se tenga en cuenta sus necesidades y peculiaridades intrínsecas.
Os falta por mencionar la posibilidad de que el gasto aumente debido a la aparición de “intermediarios”, ya que si un OPI alcanza el límite impuesto de 15.000€ de determinada empresa, siempre podrá seguir adquiriendo sus productos a través de uno, dos, tres, mil intermediarios, encareciendo el producto innecesariamente. Pronostico avalancha de “emprendedores” creando este tipo de empresas intermediarias :-/
Muy buen punto. Muchas gracias por incluirlo. Eso será así siempre que el OPI tenga seguridad de que a ese proveedor no se le ha comprado anteriormente. Pero es cierto que puede favorecer a que surjan empresas “especializadas” en este asunto que lleven un control de cuánto han vendido a cada OPI.
Hola
El primer problema se soluciona con la plataforma de contratación (si la uni no se ha puesto las pilas pues ya es hora que la ley es del 9/17)
El segundo problema no es tal ya que “no hay que convocar concurso por cada suministro”
aparte de que se puede hacer una oferta integradora en una división en lotes, también se puede optar por el procedimiento del diàlogo competitivo en el cual se negocien las condiciones del suministro.
El tercer problema pues ya se verá, pero con la afición a los contratos menores(que debe ser la excepción y no la regla como hasta ahora) me parece que no les faltaría trabajo y para algo está el departamento de desarrollo local, las cámaras de COMERCIO, las UTE.
El cuarto (si es que lo es,) me da que el sector público no es el mayor campo de trabajo de los comerciales sino precisamente las empresas privadas (y así se evitarían malas prácticas)
En todo caso siempre pueden vender contratos menores y el impacto en el empleo es el mìnimo comparado con el que posiblemente cree esta ley
. En fin, que hablar de golpe a la ciencia me parece excesivo, aunque si que habrá que planificar mejor y negociar bien.
No dudo que cualquier nueva ley de contratos trae complicaciones porque supone siempre cambios en los procedimientos de contratación pero, tal y como se reconoce en el artículo, el mayor problema es la falta de previsión. La ley se aprobó el 08-11-2017 y se sabía cuándo entraría en vigor. A día de hoy hay comunidades autónomas que no van a poder contratar durante algún tiempo porque aún no tienen implementados los mecanismos necesarios para hacer la contratación electrónica, a pesar de que ésta se estaba ya utilizando ya de una forma irregular en algunos tipos de contratación.
Hay opciones para los tipos de contratos a los que se refiere el artículo que se van a necesitar en los OPI (Organismos Públicos de Investigación). El problema es que los investigadores no tienen por qué ser gestores administrativos. Tendrá que ser un equipo de gestión de contratación el que, a la vista de las necesidades de los departamentos estudie la viabilidad de cada tipo de contratación. Y seguro que encuentran la forma de hacerlo. ¿Necesitan reactivos y no saben cuántos?, la solución puede ser un Acuerdo Marco con múltiples empresas y precios unitarios, por ejemplo. Hay soluciones para todo. Lo único que hace falta es tiempo y un buen equipo para estudiar la ley y sus opciones.
¿Que será más complicado que antes?. Seguramente. ¿Que será más transparente? Pues eso es lo que se intenta, aunque seguramente habrá algunos servicios de contratación en los que, en vez de estudiarse la ley y ver cómo se puede aplicar de una forma eficiente, estarán haciendo “jornadas” para ver cómo pueden “saltársela legalmente”.
Con todas las leyes de contratos las empresas pequeñas han ido perdiendo terreno porque les es muy difícil adaptarse a la tramitación y, es cierto, no pueden competir en precios con las grandes. Pero ¿preferimos proteger a las pequeñas empresas aunque esto suponga un posible mayor coste en las licitaciones de la administración pública?
Personalmente, creo que, si la ley se aplica correctamente, serán más justas y legales las contrataciones que se lleven a cabo. A ver si conseguimos acabar con la llamada telefónica para pedirle a la “empresa de toda la vida” que nos haga la factura por el concepto que nos venga bien para adquirir eso que la ley no nos permite adquirir sino es con concurrencia pública.
Creo que algunos de los que acaban de comentar no saben realmente como funciona la adquisición de material para investigación básica. Lo que pretenden es equivalente a realizar un presupuesto pormenorizado de lo que te gastarás en alimentación en casa en un año (en tres años para el caso de proyectos públicos). Quien sabe si vas a tener invitados, un bebé, o van a diagnosticar una diabetes a mitad del periodo a algún miembro de la familia y tendrá que reajustar toda la dieta. Hay “ingredientes” imprescindibles para realizar determinados experimentos cuya necesidad no se puede prever con tanta anticipación.
Para colmo nos están computando todo el material fungible como si fuera el mismo producto. En el equivalente alimentario es como si diera lo mismo comprar judias, lentejas, garbanzos, bonito, merluza, bacalao, boquerones, sardinas, pollo o chuletón: todo computa como si fuera el mismo gasto.
En fin, tiene pinta de que de ahora en adelante trabajar en investigación va a convertirse en un infierno. Yo ya llevo mas de una semana dedicada casi exclusivamente en hacer gestiones, cuando debería invertir mi tiempo en estudiar, planificar o hacer experimentos, analizar resultados, elaborar hipótesis, escribir trabajos……
Tengo una empresa pequeña que lleva 20 años vendiendo material informatico en la Universidad . Uno de los comerciales se encarga de los presupuestos y de tener contacto con profesores y administrativos . Por el momento , el proximo mes hemos acordado que se coja vacaciones . Por lo que me comentan los administrativos de las escuelas , se pasan el dia pidiendo presupuestos a empresas diferentes para ver si suena la flauta y no han pasado los 15000€ .
Me huele muy mal la cosa .
Generalmente los precios y atencion que les puedo ofrecer son mejores que en empresas mas grandes . He visto como los “acuerdos marco” para el suministro de material informatico , inflacionaban el precio de ordenadores y demas suministros , ya que solo habia unos cuantos distribuidores “exclusivos” , con unos precios muy “ventajosos” (para los distribuidores)
No nos podian comprar material , a la mitad de precio , porque ya estaba un distribuidor vendiendoselo al doble dentro del acuerdo marco . Esos grandes distribuidores son los que van a sacar tajada aqui . Los pequeños , que vendiamos 100.000€ al año a la universidad vamos a ver como una ley mal diseñada nos quita clientes y ventas que nos costaron años de mantener , incluso en los años duros de la crisis que se tardaba mas de 10 meses en cobrar facturas.
Antes al menos , se podian saltar un poco los acuerdos marco , agumentando precio y servicio . ¿pero ahora ?
¿a quien vas a comprar? ¿ a unas pocas empresas , que burocraticamente no den problemas , aunque el precio sea mas caro?
¿ a una empresa en la que te da mejor servicio y precio , pero te juegas que te despidan ?
O arreglan esto , o tendremos un cartel para suministrar a las universidades ( eso si , todo muy legal)
A mi me han dicho hoy que ya no puedo comprar nitrógeno gas del proveedor X. Búscate otro. En la mitad de un experimento. Ya el experimento se estropeo. Y ya llevo dos semanas peleandome para conseguir esa botella (la otra que ya tengo también me costo su tiempo). Así no se pude trabajar sea la que sea la planificación.
Y ahorra lo único que va a pasar es que va a surgir poco a poco otras empresas que van a cobrar un 305 más para suministrarte lo mismo que antes. ¿Tienes un proyecto de 100.000 euros? Ahora solo puedes comprar valor real 70 mil. eel resto para los intermediarios…
No lo entiendo.
¿Alguien ha pensado en abrir una petición en change.org? pedir citas con alguien? escribir a Bruselas?
Quién se van a beneficiar? Reino unido, Suiza, Noruega, EEUU. Europa tirando tiros a su pie de nuevo.
¿Alguien pensó en los pagos a las editoriales por publicaciones en OA?
Elsevier, JWS y similares en una semana es posible que ya no pudieran publicar más trabajos de la misma universidad
Ridículo ¿no?