Recientemente se ha puesto de manifiesto un problema relacionado con la continuidad laboral de algunos investigadores debido a la naturaleza de sus contratos “Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros”. Según destacaba El País, la Ley de Presupuestos Generales de 2017,  “se ha podido convertir en una amenaza para la ciencia española”. ¿Por qué?

En el Estatuto de los Trabajadores (ET) existe un límite general para evitar el encadenamiento de contratos temporales recogido en el art. 15.5 del ET: un trabajador debe adquirir la condición de indefinido en la plantilla cuando han existido dos contrataciones temporales encadenadas que superan los 24 meses en un periodo de 30 meses. Sin embargo, la Ley de la Ciencia del 2011 establece que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos profesionales, no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores, gestores de proyectos y técnicos, y concatenar contratos temporales en determinadas universidades y organismos públicos de investigación (OPIs). El objetivo de esta particularidad está en el “deseo” de una gran parte de la comunidad científica de poder desarrollar proyectos de varios años de duración sin que el trabajador tenga necesariamente que pasar a formar parte de la plantilla del centro como indefinido, y responde a la naturaleza dinámica de los proyectos de investigación y su financiación.

Esta situación es de hecho más que habitual en el mundo de la investigación. Por poner un ejemplo, más del 80 % de los contratos laborales en las instituciones de investigación de la Comunidad de Madrid son contratos laborales temporales, que podrían considerarse contratos en fraude de ley. Es importante reseñar que no toda la comunidad científica acepta esta particularidad, que puede ser vista como un atentado a los derechos de los trabajadores del campo de la investigación. Cuando a un científico se le contrata indefectiblemente, sea cual sea el proyecto, es porque en su grupo de investigación se le considera “estructura”, por lo que debería tener un contrato indefinido. El día en el que su grupo no contara con financiación suficiente, debería ser despedido de forma objetiva “por motivos económicos” e indemnizado en principio con 12 días al año. En realidad, este debate se remonta a la Ley Caldera y su incumplimiento por las administraciones públicas, lo que ha conllevado denuncias masivas en los OPIs, sentencias judiciales, amenazas a investigadores y represalias. La posibilidad de contratación de científicos de manera indefinida sigue siendo la patata caliente de la que nadie quiere hablar.

Sorprendentemente, la Ley de la Ciencia no incluía hasta ahora institutos de investigación tan prestigiosos como el CNIO o el CNIC, lo que no impidió que ese tipo de contratos temporales sí se llegaran a realizar. Ahora, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 responsabiliza y sanciona a los gerentes de estos institutos en el caso de que el contratante sea una fundación. Ante la dimensión del problema a corto plazo, en los últimos días el gobierno ha aprobado urgentemente un Real Decreto que modifica la Ley de la Ciencia en su disposición final segunda. Esta noticia ha sido bienvenida en la prensa nacional con titulares como “El gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite”. Con esta modificación, los centros que están constituidos como fundaciones públicas se equiparan con los Organismos Públicos de Investigación y Universidades, pudiendo volver ahora a contratar a los investigadores que cumplían tres años de contratos temporales encadenados.

¿Problema resuelto?… Pues no.

Porque el problema para la ciencia española no es que docenas de trabajadores puedan permanecer en sus puestos de trabajo uno o dos años más. El verdadero problema es más bien que aceptamos realizar contratos a nuestros investigadores en inferioridad de condiciones a la mayoría de los trabajadores del Estado, con la justificación de que “la investigación y la ciencia funcionan así”. En España llega tarde un plan de empleo para el personal de apoyo científico y administrativo de nuestras instituciones investigadoras. Lejos de preferir la concatenación de contratos temporales, en muchas ocasiones los responsables de los laboratorios están deseando poder contar con sus trabajadores de forma indefinida, pero hay que conformarse con lo que hay, porque “la investigación y la ciencia funcionan así”.

En cualquier caso, la aparición urgente de reales decretos que solo añaden excepciones para la aplicación de artículos del estatuto de los trabajadores no debería ser vista como una buena noticia o un paso hacia adelante. Nuestra legislación actual obliga a las fundaciones del sector público a restringir la contratación indefinida, lo que está llevando a la pérdida de empleo en estos centros de personal muy cualificado. Por un lado la disposición adicional 34 de los PGE de 2017 penaliza en su punto 2 “cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”. Pero por otro lado la ley exige que “los órganos de personal […] no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal […] salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”. Es decir, la propia ley anima a la judicialización de las relaciones laborales dentro del sector público, en este caso en el ámbito de la investigación.

Y en medio de tal desbarajuste legal y laboral, muchos responsables de recursos humanos de nuestras instituciones científicas continúan mirando hacia otro lado porque no saben qué hacer, invitando a no entrar en conflictos legales a sus trabajadores aduciendo perjuicios indirectos a sus jefes de grupo. De esta forma, se abre más y más la brecha entre los derechos laborales de los científicos y lo que debería ser la progresión profesional en la carrera científica.

Pero, ¿tienen los científicos realmente acceso a la información laboral que sus centros deberían prestar?

Para responder a esta pregunta, realizamos una breve encuesta a través de redes sociales. En respuesta a la pregunta “¿Sabes a quién recurrir si tienes un problema laboral en tu centro de investigación?”, el 59% de las 150 respuestas fue un rotundo “NO”. En respuesta a la pregunta “Si has tenido alguna vez problemas laborales, ¿te han ayudado a resolverlos donde has acudido?”, el 26 % de las 125 respuestas también fue un “NO”.

Aunque es solo una estimación, esta encuesta muestra de forma patente que nuestras instituciones científicas no informan de manera adecuada a sus trabajadores en materia laboral. Las firmas de documentos laborales sin asesoramiento son de hecho una práctica constante en el mundo científico (firma de contratos, finiquitos, etc.), como lo es igualmente la falta de presencia de representación sindical en nuestros centros de investigación.

En nuestro país no existe un diseño de carrera investigadora acorde con la realidad laboral. Seguimos generando jóvenes investigadores, pero miramos a otro lado a la hora de saber qué hacer con ellos a medio o largo plazo. En nuestro siglo XXI, la concepción del periodo postdoctoral ha quedado obsoleta. Lo que antiguamente se aceptaba como un periodo de especialización y desarrollo profesional, un puente en la carrera investigadora que habría las puertas a un trabajo estable como investigador, ha pasado a ser en muchas ocasiones la única posibilidad laboral. Pero no hablamos solo de investigadores postdoctorales. En la universidad, la figura del profesor ayudante doctor presenta exactamente el mismo problema. E igual panorama, o incluso aún más incierto, acecha a los técnicos y gestores de proyectos. Oportunidades laborales temporales, precarias y cíclicas, en un mundo académico lleno de puertas cerradas.

Nuestros científicos han estado años esforzándose por impulsar la ciencia en nuestro país, pero olvidaron que la ciencia se hace con científicos y, lamentablemente, se quedaron sin fuerza para acordarse de los que venían detrás de ellos.

El pasado 11 de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sometió a información pública previa el avance del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2017-2020.

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación constituye el marco de referencia para articular las actuaciones del Gobierno de España sobre Ciencia e Innovación para cuatro años. En ese Plan se incluyen todos los Programas a través de los cueles se financiarán las actuaciones en materia de investigación e innovación, incluyendo los proyectos de investigación, la contratación de personal científico y técnico y las actividades de innovación empresarial, entre otros.

Desde Ciencia Con Futuro queremos agradecer el gesto a la SEIDI de poner el Plan a disposición de la ciudadanía, para que se enriquezca con la participación de todos y todas. Por eso mismo, no hemos querido faltar a la cita y colgamos aquí el documento que hemos enviado a la SEIDI con nuestras impresiones acerca del Plan.

Podéis aportar vuestras opiniones en los comentarios y difundir nuestras impresiones donde consideréis conveniente.

En las últimas semanas, la inestabilidad y el malestar creciente en las universidades españolas ha tomado el foco, con huelgas por parte del profesorado en Sevilla, Málaga y Barcelona. En todas ellas el denominador común es la denuncia de una creciente precarización del profesorado, con un claro abuso de la figura del interino y la aspiración a diversos mecanismos más o menos claros de promoción laboral. También se denuncian los nuevos criterios y métodos de acreditación a las categorías funcionariales impuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Asamblea en el rectorado de Sevilla. Crédito: eldiario.es http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/colectivo-profesores-interinos-Universidad-Sevilla_0_646385776.html

Hace ya más de un año que se publicó el Real Decreto 415/2015, que regula las nuevas acreditaciones a profesor de Universidad. Pero no ha sido hasta hace unos meses cuando se han publicado los criterios, se han aprobado los tribunales y ha entrado plenamente en vigor el sistema de acreditaciones que establecía para las figuras funcionariales de profesorado: la de Profesor Titular de universidad y la de Catedrático. Además, estos criterios han sido tan sólo publicados en la página web, no vía BOE, poniendo en duda su legalidad. Estas nuevas normas reguladoras están dando mucho que hablar y amplios sectores de la universidad han expresado sus críticas, articulándose un movimiento de oposición al nuevo sistema de acreditación. La posibilidad de que el sistema vuelva a cambiar otra vez en un futuro cercano es muy patente, aunque no sabemos en qué sentido. Las nuevas acreditaciones están de hecho detenidas en estos momentos de nuevo, a la espera de nuevas modificaciones. No hay que olvidar que las universidades sostienen la mayor parte de la investigación pública que se realiza en España, por lo que este tema resulta de mucho interés para un gran número de profesionales que realizan su actividad en ellas y pretende continuarla de manera estable.

El sistema de profesorado en las universidades públicas españolas establece distintas categorías profesionales principales para las cuales se necesita la correspondiente acreditación, expedida tras previa evaluación por la ANECA. El programa PEP evalúa los CV para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (profesor Ayudante Doctor (PAD) y Profesor Contratado Doctor (PCD), el primero con contrato temporal y este último indefinido) y el programa ACADEMIA los evalúa para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes (Profesor Titular y Catedrático de Universidad). Los criterios de este último programa son los que se regulan en el nuevo RD y se han publicado recientemente. La acreditación es necesaria para presentarse a cubrir el puesto, que se debe convocar normalmente bajo concurso público, pero huelga decir que ésta no implica necesariamente la consecución de una plaza, y hay mucha más gente acreditada que puestos. El sistema de acreditaciones o habilitación es usado también en otros países europeos, como Alemania, aunque la normativa es muy diferente en cada caso  y no es fácilmente comparable.

La antigua normativa (RD 1052/2002 y RD 1312/2007) permitió la acreditación de numerosos profesionales de dentro y fuera de la Universidad durante más de 10 años. Intentaba equilibrar criterios docentes con investigadores y de gestión, los tres pilares de la actividad universitaria en España. Y es que hay que recordar que éstas son las tareas de un profesor de universidad, por más que en la práctica solo se regule con claridad una, la tarea docente. En base a esta normativa, casi inalterada hasta ahora para las figuras contractuales, se acreditaron por el programa PEP, la que da acceso a la acreditación de hasta Profesor Contratado Doctor, un gran número de potenciales profesores (unas 43000 personas entre 2006 y 2014) con una tasa de éxito media de en torno al 60% para la figura de PCD, la superior en este programa. Para algunos, los criterios eran muy laxos y no muy equilibrados, puesto que permitían una rápida y fácil acreditación a un recién doctorado, si este había estado realizando su labor en la universidad. Los organismos evaluadores autonómicos, un tanto redundantes, no han hecho más que complicar la homogeneización y restarle credibilidad al sistema.

Para las figuras funcionariales, el mencionado decreto RD 415/2015 sustituye al RD 1312/2007, aunque durante un periodo de casi 2 años el sistema no admitió nuevas solicitudes y la acreditación con la nueva normativa está en pañales. Entre el 2008 y el 2014 (últimos datos publicados en la web de la ANECA), más de 9800 personas obtuvieron la acreditación a Profesor Titular, con una tasa de éxito media del 69%. El sistema de acreditación certifica que las personas con evaluación positiva cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar la función determinada, pero no otorga derecho alguno para la perceptiva plaza. Así lo expresaba un informe de la ANECA del 2011: “El sistema de acreditación está concebido como un sistema de garantía del cumplimiento de mínimos que no quiere substituir el derecho de las universidades a elegir a su profesorado de acuerdo con sus intereses y necesidades”. De hecho, para los años 2008-2010 (últimos con datos) el mismo informe indica que: “Entre 2008 y septiembre de 2010 se acreditaron … 6520 para el cuerpo de titulares de universidad. … el 44% de los acreditados, tanto de TU como de CU ha conseguido una plaza de funcionario”.

La insatisfacción con el sistema de acreditación anterior era clara en muchos sectores y en el 2015 se dio un impulso al nuevo RD para, entre otras cosas, adecuar los criterios a la Universidad del siglo XXI, con más protagonismo investigador. En este sentido, la reforma del sistema de acreditación y sus criterios era probablemente necesaria. A la vez, no se nos escapa la coyuntura en la que se produjeron estos cambios, con un premeditado adelgazamiento del sistema público de investigación y un retraimiento o congelación de los empleos públicos ligados a la investigación y la docencia universitaria, con la famosa tasa 0% de reposición. Algunos han querido atribuir, no sin razones objetivas, una intencionalidad a la vista del endurecimiento de los criterios de evaluación y el gran salto con el sistema anterior. Se trataría de cortar el grifo de acceso al sistema por la vía de reducir las acreditaciones, puesto que algunos equipos rectorales habían prometido, por razones electoralistas y en un contexto expansivo, la dotación de plazas automática tras la acreditación. No es objeto de este artículo entrar al detalle en los nuevos criterios de evaluación y su idoneidad, y estos se pueden consultar en la web del programa. La conjunción de todos estos factores ha traído como consecuencia un desaguisado en el sistema universitario que trae más precariedad al personal docente e investigador, genera incertidumbre en la carrera investigadora universitaria y no favorece la adopción de unos criterios válidos compartidos que primen el mérito y la transparencia. En este sentido desde CCF queremos hacer varias consideraciones que ayuden al debate y la reflexión:

1.   El sistema de acreditación debería servir, tal como ocurre en otros países, para marcar unos mínimos de calidad y formación en los futuros docentes e investigadores, uniformizando los méritos mínimos de partida en las personas que optan a una plaza pública determinada. Es lícito en este sentido usar los criterios de evaluación para intentar “subir el nivel” en cierta medida de los profesionales de nuestras universidades. Sin embargo, la acreditación no se puede utilizar para manipular el acceso al sistema de empleo público. No puede sustituir o confundirse con la selección, que es propia de los organismos convocantes de acuerdo a la normativa vigente y a criterios de mérito, adecuación y transparencia. Lo contrario nos parece un engaño y subversión del sistema.

2.   La mayoría de la comunidad investigadora y universitaria parece estar de acuerdo en que el sistema y criterios establecidos en el nuevo RD no son buenos ni claros. De hecho, todavía existe una gran confusión al respecto. Es muy probable que no muy tarde el sistema vuelva a cambiar. Sería deseable la necesaria serenidad y reflexión para cambiarlo a mejor y no volver atrás sin más. Probablemente unos criterios más exigentes que los previos a 2015 y que reflejen la realidad actual de la actividad universitaria son deseables, pero sin caer en maximalismos absurdos que no responden a nuestra realidad y que solo nos pueden llevar a practicar nuestro deporte favorito: dotarnos de una norma absurda que deliberadamente no cumplimos.

3.   No debemos caer en normativas que ignoran o no resuelven los grandes problemas que acarrea la universidad y que además generan problemas nuevos en el camino. La falta de plazas de profesor durante los años de crisis económica y el cierre temporal de las acreditaciones a titular ha creado una gran bolsa de acreditados a las figuras contractuales y personal contratado para el que no hay fácil solución; pero poner una barrera en la acreditación a titular tan solo ignora el problema, no lo resuelve. La estabilidad laboral de ese PDI necesita una respuesta justa y no es de recibo a estas alturas mantener a profesionales realizando su labor durante más de 10 años en la misma institución como personal laboral temporal (cuando no en formación). La precarización general del sistema de I+D ha hecho que una gran proporción del cuerpo profesional universitario llegue a estar formado en la actualidad por figuras contractuales que estaban pensadas para personal temporal que se iniciaba en la carrera universitaria (profesor asociado, PAD, etc.). Sin embargo, sería deseable que la solución a esta situación no recurra a atajos ad-hoc como la promoción automática, sin evaluación, que menoscabe el acceso en igualdad de condiciones del personal acreditado no contratado. El cambio tan brusco en los criterios de acreditación en un periodo de 2 años ha creado además un agravio comparativo entre quienes se acreditaron con anterioridad y quienes cumplen los requisitos establecidos hoy. No olvidemos que estos conviven realizando las mismas labores en las mismas condiciones, pero han accedido al puesto con una exigencia muy diferente. Se da la circunstancia de que las personas acreditadas de-novo son juzgadas en los tribunales que adjudican las plazas por personal con una preparación en ocasiones muy inferior, con el posible conflicto de intereses generado si ambas personas tuvieran que competir juntas para una plaza de categoría superior a posteriori.

4.   El eterno conflicto entre docencia e investigación para las acreditaciones y procesos de selección en la Universidad nos parece estéril. Ambas capacidades son necesarias y exigidas por igual, pero en el mundo universitario actual cada vez es más difícil lidiar con la especificación y exigencia de la investigación y la carga docente de calidad. Este problema está siendo estudiado por expertos que han propuesto la formación de equipos universitarios en los departamentos donde haya personal dedicado preferentemente a la investigación y personal dedicado a la docencia que colaboren para un mismo fin y no compitan entre ellos bajo los mismos criterios, lo que requeriría seguramente acreditaciones específicas (Olaskoaga-Larrauriet al. Spanish University Reforms and Job Satisfaction. Educational Policy, 2017). Este es un camino poco explorado en España pero que creemos necesario.

Ante los previsibles y esperemos que positivos cambios que se avecinan, desde CCF queremos contribuir al debate proporcionando criterios y reflexiones que ayuden a delinear la carrera investigadora y docente en la Universidad que todos deseamos. De este modo pensamos que una carrera laboral en todos los OPIs, y especialmente en la Universidad pública, debe basarse en:

1.   Criterios de acreditación claros y estables, que no se endurezcan de la noche a la mañana, y que permitan a los profesionales acreditados conocer y predecir su puntuación en función de la del resto de acreditados antes de presentarse a un concurso.
2.   Máxima publicidad de cada concurso de personal convocado en la Universidades, en base a la creación de un registro único dotado de un sistema de alertas. Este registro podría quedar bajo el paraguas de la ANECA para garantizar el cruce de información con la base de datos nacional de acreditados.
3.  Eliminar la sobre-perfilación de las plazas, que debe restringirse al área docente o investigadora (Historia Antigua, Anatomía Patológica, Física de la Materia Condensada, etc.) para fomentar el acceso en igualdad de condiciones, estimular la nuevas áreas de investigación  y respetar el principio de libertad investigadora que consagra la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
4.   El principio constitucional ineludible de que los puestos de trabajo pagados con fondos públicos se adjudiquen exclusivamente en base a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad entre todos los ciudadanos españoles y de la Unión Europea.

La situación laboral en la Ciencia Española es tan compleja y confusa que hasta la propia Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se ha visto en la necesidad de hacer un croquis:

Hay que reconocerle a la FECYT el esfuerzo de hacer el gráfico con colores y en inglés (lo que da idea de su aspiración como atractor de talento investigador extranjero) , sin embargo el esquema es claramente engañoso porque los distintos estratos se pintan en forma de flecha generando una idea de “progreso”. Este progreso natural no existe para la mayoría de los trabajadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT). Es bien conocido, por ejemplo, que la mayoría de doctores que salen de las universidades no prosigue en la carrera investigador, como puede verse aquí y aquí.

Pero el verdadero atasco se da en la etapa postdoctoral, ya que la inmensa mayoría no llega a la fase de acceso a un contrato indefinido (tenure track) que les permita establecerse como investigadores “principales” (independientes, con grupo de investigación propio). ¿Y adonde van esos postdoctorales? La FECYT nos pone unas flechas de puntos ascendentes hacia el “cielo” de los empleos fuera del SECYT, pero nuevamente eso no es del todo ajustado a la realidad. Una gran masa de postdoctorales sin acceso a puestos estables pervive en Universidades y en los demás Organismos Públicos de Investigación (OPIs) en forma de investigadores asociados a un proyecto, es decir con un contrato temporal ligado a una subvención obtenida por un investigador principal. En otros casos, se trata de contratos postdoctorales asociados al propio grupo, y no a un proyecto particular, que también suelen ser temporales renovables año a año.

En la mayoría de los OPIs, se afronta este fenómeno desde la negación: esos investigadores no lo son, son “técnicos de apoyo”. Otros sí reconocen su existencia pero no ofrecen ninguna salida; es más intentan hacer su vida laboral lo más precaria posible para no reconocer que llevan años haciendo una labor esencial y estructural en su centro y verse así obligados a ofrecerles contratos estables. De hecho, las instituciones investigadoras españolas aceptan abiertamente que la concatenación de contratos anuales es una excepción válida dentro del mercado laboral investigador, aunque  contravenga resoluciones laborales europeas. Esta situación, lejos de hacerse temporal, suele minar las propias posibilidades del investigador para estabilizarse y lo encamina a un futuro incierto en el que no puede progresar hacia la independencia pero tiene que realizar todas las funciones de un investigador independiente: no puede tutorizar a becarios predoctorales (pero los supervisa), no puede optar a ciertos proyectos (aunque los diseña) o no puede firmar como autor de correspondencia los artículos (aunque los escribe), por citar algunos ejemplos. Ese bucle perpetuo no está reflejado en la carrera investigadora.

El problema es que Universidades y OPIs viven en perpetua negación de la realidad. Como la FECYT, creen que existe un único camino que lleva desde la tesis doctoral a un puesto (funcionarial o laboral) de investigador principal y que todo lo que no sea eso es esencialmente transitorio o temporal. Que un investigador que no aspira a ser jefe de grupo debe desaparecer del SECYT o hacer intrusismo laboral en el colectivo de técnicos especialistas de laboratorio (un colectivo machacado como pocos en la Ciencia española y que merece una entrada independiente de este blog). Para más desgracia, en un sistema como el nuestro excesivamente dependiente de los vaivenes políticos y económicos, en momentos de “vacas flacas” se produce un drástico recorte en los puestos estables que engorda aún más ese colectivo de investigadores postdoctorales en tierra de nadie. Esto es lo que ha estado ocurriendo desde 2011.

En Ciencia Con Futuro llevamos unas semanas repasando las situaciones de extrema degradación laboral que se siguen dando en nuestro país. Es bien conocido nuestro posicionamiento acerca de la necesidad de la creación de carreras laborales claras y predecibles en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creemos que esto solo se puede hacer atendiendo a tres principios claros:

• El deber de los OPIs (incluyendo las Universidades) a gastar el dinero que detraen en el erario público con los mayores estándares de profesionalidad, y respeto para con las misiones que tienen encomendadas.
• El principio constitucional ineludible de que los puestos de trabajo pagados con fondos públicos se adjudiquen exclusivamente en base a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad entre todos los ciudadanos españoles (y de la Unión Europea).
• El derecho de los trabajadores a progresar laboralmente en su carrera profesional, sin menoscabar los principios anteriores.

Además pensamos que, en una carrera investigadora productiva y coherente, deben existir figuras laborales reconocidas y estables que realicen actividades de investigación cruciales sin necesariamente llegar a la figura funcionarial actual de investigador principal. En estas se podrían incluir puestos de técnicos especializados e investigadores postdoctorales estables, tal como existen por ejemplo en el modelo público francés. Los laboratorios y unidades de nuestro SECYT no deberían nutrirse exclusivamente del continuo relevo de doctores trabajando en condiciones laborales precarias.

Las Universidades son OPIs particulares porque combinan la investigación (estancada desde el incio de la crisis) con la actividad docente. Todo en un marco especial de autonomía organizativa en manos del colectivo de profesores funcionarios. Esto ha permitido históricamente solucionar en parte el problema de la estabilidad laboral de investigadores con la creación de puestos de personal docente e investigador que realizan su labor sin necesariamente llegar a ser investigadores independientes como los mencionados más arriba. Sin embargo esto se ha llevado a cabo con criterios particulares para la selección del personal, lo que con el paso de los años ha conducido a unas rampantes tasas de endogamia. La endogamia impide el acceso en igualdad de los ciudadanos a dichos puestos y establece en los OPIs culturas de sometimiento, de rechazo de la novedad y de desconexión social.

La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) pretendía luchar contra la endogamia implantando una comisión evaluadora externa, pero las cifras actuales muestran que solo ha servido para incrementar la burocracia sin impedir que las tasas de endogamia lleguen a cifras récord. Para Ciencia Con Futuro la lucha contra la endogamia en todo el SECYT, particularmente en las Universidades, es fundamental para establecer una verdadera carrera profesional basada en los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Por tanto, la promoción automática de profesorado “de la casa” no es una solución aceptable ni deseable a la falta de estabilidad laboral del colectivo de investigadores, y no resuelve el limbo profesional en el que se encuentran miles de investigadores que no pueden o no quieren llegar a ser investigadores principales de un grupo .

La precarización laboral del SECYT es una consecuencia aún más peligrosa para el futuro de la Ciencia Española que el drástico recorte en la financiación. No reconocer que el SECYT tiene, porque los necesita, miles de investigadores que no quieren ser “principales” pero que ejercen todos los días labores que van más allá de las de “personal de apoyo” es un sinsentido que hace enrojecer a nuestros colegas europeos. Una salida endogámica a esa precarización mediante una estabilización administrativa, como ya ha ocurrido otras veces en la historia de la universidad española, repercutiría negativamente en la capacidad para reclutar talento, aprovechar en un futuro una mayor disponibilidad de fondos de investigación y para realizar sus labores de educación y creación de conocimiento con mayor calidad. La ANECA se encuentra en una posición única de facilitar la transición a un sistema meritocrático. Entre ella y la FECYT cuentan en sus servidores con la práctica totalidad de los datos curriculares de todos los trabajadores del SECYT.  Aprovechar esos datos para seleccionar los mejores perfiles para las posiciones de liderazgo y abrir espacios de estabilidad laboral a aquellos que no quieran llegar a ese nivel nos colocaría en el buen camino para afrontar los desafíos del futuro.

Las pasadas Marchas por la Ciencia pretenden ser un punto de inflexión de cara a una nueva relación entre Ciencia, Política y Sociedad. En nuestro balance, tras lo que consideramos un razonable éxito de participación, planteábamos una primera serie de medidas concretas que creemos que pueden ayudar a mejorar la situación social en nuestro país mediante una mayor implicación pública de los investigadores.

Desde Ciencia con Futuro hemos emprendido ahora la campaña #CienciaEnMoncloa para que nuestro país se dote de una estructura al máximo nivel de asesoramiento científico al gobierno. Esta “Oficina Científica de la Moncloa” debería inspirarse en el modelo anglosajón del Chief Scientific Advisor  (vigente en Reino Unido, Éire o Nueva Zelanda) o en el europeo de Scientific Advice Mechanism para la Comisión Europea .

La carencia de Oficina Científica es una clara anomalía en el gobierno español frente a nuestro entorno. El cometido de la Oficina Científica no es controlar/gobernar el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, nada más lejos de nuestra intención. La Oficina estaría formada por científicos independientes que se encargarían de revisar las acciones políticas del gobierno desde una perspectiva científica. En nuestro ordenamiento son ya varios los mecanismos de revisión independiente. La Oficina Económica de La Moncloa y la Autoridad Fiscal independiente revisan los aspectos económicos y financieros de las políticas para asegurar que se alineen con los objetivos de sostenibilidad financiera. El Consejo de Estado y los cuerpos de letrados vigilan que las nuevas normas no contradigan las anteriores y el marco general. Ninguna pieza seria de legislación es presentada sin que obtenga revisiones positivas de los órganos asesores o sin una memoria económica validada. La Oficina Científica se encargaría de hacer lo mismo desde el punto de vista de la evidencia científica. Sus funciones serían:

• Proporcionar consejo experto en aquellas propuestas políticas donde la evidencia científica juegue un papel capital. Este consejo debe identificar los datos empíricos más relevantes en la materia y analizar la robustez y/o las limitaciones de las acciones propuestas a la luz de dichas evidencias.
• Ayudar al Gobierno de España a identificar aquellas áreas de la acción de gobierno donde el análisis de los datos científicos sea imprescindible.
• Prestar asesoramiento científico en casos de emergencias y crisis.
• Contribuir al diálogo entre los miembros de la administración y científicos independientes capaces de contribuir a perfilar la acción de gobierno.

Esperamos que nuestra campaña #CienciaEnMoncloa, llegue a oídos del presidente del gobierno, D. Mariano Rajoy Brey y de los responsables de los principales partidos de la oposición. Tú nos puede ayudar firmando en la plataforma change.org. Solo tienes que hacer click en este enlace, firmar y compartir la campaña por redes sociales.

Ciencia Con Futuro

No somos cocineros, ni aprendices de cocineros. Nuestros jefes no son famosos cocineros (perdón, ‘chefs’). Nosotros no preparamos platos de 200 euros, ni nuestros ‘negocios’ generan unos beneficios de decenas de miles de euros (al menos no de una manera inmediata aunque muchísimo más con el tiempo). Tampoco salimos en televisión, en revistas del corazón, ni tenemos multitud de espacios en los medios de comunicación. Vamos, que nosotros importamos algo menos.

Y sí, te estoy hablando a ti. Los científicos ya sabemos todos en qué plaza toreamos. Algunos nos indignamos e intentamos comunicar nuestra situación, aunque la inmensa mayoría, por desgracia se resigna. Algo así como se resignan los ’stagiers’ de nuestros famosos cocineros aunque, por suerte, su situación se ha convertido en vox populi y ahora no hay prácticamente ningún españolito de a pie que no esté indignado con tamaña injusticia.

Como dije anteriormente, nosotros no preparamos platos. Estamos haciendo otras cosas. Intentamos comprender el cáncer para encontrar su cura lo más rápidamente posible. Buscamos nuevas formas de energía limpia a contrarreloj, que nos permitan abandonar lo antes posible los combustibles fósiles y detener el cambio climático. Inventamos los materiales que utilizarás mañana y sin los que no podrás vivir, igual que hoy no puedes vivir sin tu smartphone, sin internet, sin tu coche, sin tu caja de ibuprofeno en la mesita de noche para esas mañanas de domingo, sin tus antibióticos cuando caes enfermo, o sin tu aire acondicionado en las calurosas tardes de verano (por cierto, su inventor es Willis Haviland Carrier y en muchos lugares de España deberíamos ponerle una calle, una plaza, o un monumento, pero esa reivindicación la dejo para otro día).

Científica trabajando en el laboratorio. Crédito: El Español. http://www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/opinion/20170307/199050094_7.html

No sé cuántos stagiers de alta cocina hay en España, pero apostaría que los científicos ganamos en número. En España somos más de 100.000 científicos, y prácticamente todos han trabajado gratis en algún momento de su vida, algunos durante largos periodos de tiempo. El que escribe estas líneas, sin ir más lejos, ha trabajado gratis en alguna ocasión. No es raro encontrarnos hoy con científicos que han realizado la tesis doctoral sin cobrar. La Tesis Doctoral (para los no versados en la materia, que es en realidad para quien hablo hoy) es el periodo de mínimo 3 años y máximo sin determinar, pero entre 4 y 6 de media, en el que el científico en ciernes realiza una investigación original bajo tutelaje, y constituye el capítulo primero de la larga y cada vez más tediosa carrera investigadora clásica. La Tesis permite optar al título de Doctor y te convierte en algo más que un experto en tu materia, lo cual es necesario para seguir desarrollando investigación de calidad. Después, con el título bajo el brazo, se abren un nada despreciable número de puertas para continuar investigando en tu campo o campos afines. Las puertas están todas fuera de España, dicho sea de paso, ya que las únicas tres salidas en España para un joven Doctor son ‘por tierra, por mar, o por aire’.

Pues es asquerosamente común en este país ver a doctorandos realizando su Tesis Doctoral absolutamente gratis. Ni por comida. Pagando hasta la cena de Navidad y los Congresos si desea asistir a alguno (los Congresos son fundamentales en Investigación, ya que es donde se ponen en común ideas y líneas de investigación, donde los científicos se conocen y donde, quien sabe, puedas conocer a tu futuro Jefe, uno que te pague). Bajo la promesa de que vendrán tiempos mejores, y bajo la excusa (muchas veces verdadera, otras no tanto) de que los recortes en Ciencia han mermado absolutamente la economía de tu grupo, estos ‘desconocidos’ becarios realizan jornadas interminables de más de 10 horas y a veces más de 12, con el único objetivo de hacerse un currículum digno que le permita pagarse un vuelo a otro país y volver aquí para lo típico, playa y fiesta.

Porque hemos pasado de plantearnos si cobrar 1000 euros al mes era humillante, a debatir si es ético trabajar gratis los primeros meses o años. Porque algunos, menos es nada, han conseguido que su caso se haga público y que todos reclamen salarios (¡incluso dignos!) para los aprendices de estos cocineros (¡bravo por ellos!). Los científicos, como siempre, a la cola. No conseguimos transmitir a la sociedad nuestros problemas y no conseguimos que la sociedad se indigne cuando nos machacan, como se indignan justamente cuando hay recortes en educación, sanidad, pensiones o dependencia.

Esto es un llamamiento a científicos y no científicos. Estamos aquí, estamos construyendo el futuro, tu futuro. Estamos haciendo que en pocos años puedas vivir más y mejor. Seremos los que curaremos el Alzhéimer y los que lograremos colonizar otros planetas para todos. No somos conscientes de que vivimos rodeados de innovación científica, cada día más, y que sin ella, el mundo que conocemos ni existiría ni podría existir. Nosotros también estamos trabajando gratis, somos miles, y si nuestra situación no cambia, nos vamos a marchar de aquí, y serán otros países los que recojan los beneficios de nuestros conocimientos. Porque el tren de la Ciencia y la Innovación no se va a parar porque España haya destruido las vías. Pero estamos hartos de trabajar gratis, estamos hartos de que nos humillen y estamos hartos, además, de ser invisibles.

Julio Rodríguez Lavado

Investigador postdoctoral y miembro de Ciencia Con Futuro

Transcribimos aquí nuestro nuevo manifiesto, que es una actualización del anterior. También puede descargarse en https://cienciaconfuturo.com/manifiesto.

Manifiesto por el Futuro de la Ciencia en España

El modelo productivo español basado fundamentalmente en la construcción y el turismo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado,

diversificado y sostenible.

(Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación)

Los profesionales de la Ciencia queremos manifestar nuestra preocupación por el futuro de la Investigación Científica en nuestro país, por el análisis valorativo que las clases dirigentes hacen de su situación y por la política científica que se está implantando desde las administraciones públicas. Nuestra economía está en crisis y se deben hacer cambios. Pero, ¿por qué estamos en crisis? ¿Por qué llevamos tanto tiempo en crisis? Los desastres que vivimos ya se estaban fraguando antes de la crisis. Incluso en las épocas de bonanza económica, la inversión pública española en Ciencia, Educación, Sanidad, Justicia, etc., se encontraban por debajo de las medias y estándares de los países a los que creíamos haber alcanzado, particularmente los de la Unión Europea.

Este panorama no sólo afecta a la comunidad científica, que deberá desarrollar su carrera en un contexto falto en recursos o emigrar de forma permanente a otros países, sino que empobrece al conjunto de la sociedad. La falta de respaldo político, económico y social a la Ciencia es estructural a nuestro país. Un sistema de I+D+i débil y precario se traduce en un estancamiento de la economía, un descenso de la competitividad y retroceso en el bienestar del conjunto de la sociedad. Los países ricos lo son porque invierten en Ciencia, y nosotros hace mucho tiempo que no lo hacemos de manera suficiente.

Nosotros no nos resignamos. Desde ahora Ciencia Con Futuro se organiza como Asociación para el Futuro de la Ciencia en España con el fin de promover y divulgar los valores de una sociedad basada en el Conocimiento y la Innovación y lograr cambios significativos en el rumbo que las administraciones públicas españolas han tomado en su contra. La asociación queda abierta a todos los agentes del sector científico, para esforzarnos en enderezar el camino. Nos dirigimos a todos los campos del Conocimiento (Ciencias Naturales, Sociales, Humanas etc.) tanto en su dimensión teórica como aplicada, porque queremos una Ciencia que esté al servicio de las personas y no de los intereses lucrativos de unos pocos. Apostamos, pues, por un cambio en las políticas científicas que en vez de debilitar el Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación lo fortalezca y que permita el desarrollo de una economía diversa, enfocada hacia la mejora del bienestar de las personas.

Ciencia Con Futuro está abierta a todo el personal investigador, técnico, de administración, expertos en transferencia e innovación, gestión, etc., que compartan nuestra preocupación por el futuro de la investigación en nuestro país. Necesitamos ser más proactivos y proveer a la sociedad de mayor divulgación, de mejores análisis y de propuestas de calidad.

En ese contexto, manifestamos la necesidad de:

1. Financiación pública suficiente para una ciencia útil

1.1. La investigación en ciencia básica no puede prometer los beneficios a corto plazo requeridos por las empresas y, sin embargo, es precisamente este área la que trae consigo los verdaderos avances científicos. Como dijo Santiago Ramón y Cajal: “Cultivemos la Ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Éstas llegan siempre”.

1.2. Los presupuestos destinados a Investigación no se ajustan ni a los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por nuestros gobernantes ni a la llamada que hacen “a la excelencia”.

1.3. Seguimos lejísimos de los objetivos de la Unión Europea y las sociedades más avanzadas, que llegan al 3% del PIB en inversión (pública y privada) en I+D+i.

1.4. Esto se traduce en:

– Baja generación de nuevos descubrimientos y patentes que contribuyan a la riqueza del país.

– Migración masiva de investigadores que, buscando un futuro mejor, vierten su conocimiento, obtenido con frecuencia por el esfuerzo educativo de todos, en beneficio de otros países.

2. Trabajo de calidad para una Innovación constante

2.1. El modelo basado en la concatenación de contratos temporales, con salarios que son una llamada a emigrar, dificulta la vida personal y profesional y es incompatible con el éxito de las labores que debemos encarar.

2.2. La actividad innovadora se hace en base a equipos, nadie trabaja aislado. La Innovación necesita de un adecuado equilibrio entre distintos perfiles profesionales: líderes que propongan, investigadores que ejecuten, técnicos que desarrollen, estudiantes que aporten savia nueva, gerentes y administrativos que coordinen y apoyen, etc.

2.3. El trabajo de Investigación es acumulativo y los trabajadores necesitan tener una carrera profesional clara, que les muestre sus opciones de evolución en un sistema transparente. La mediocridad de la endogamia no basada en méritos no puede seguir siendo tolerada.

3. Ciencia transparente y democrática

3.1. Sólo la máxima transparencia en las instituciones garantiza la igualdad de oportunidades, sea cual sea nuestro ámbito de trabajo.

3.2. La definición de prioridades sociales (por los poderes públicos) debe coexistir con la libertad de proposición (por los investigadores) en la exploración de ideas, porque nadie puede predecir cuáles serán los desafíos y las oportunidades del mañana.

3.3. El funcionamiento de las instituciones científicas requiere del diálogo y la participación democrática de sus agentes.

3.4. Los trabajadores de la Ciencia pública nos debemos a la ciudadanía, que nos financia en última instancia. El control piramidal de los centros de investigación por grupos endogámicos y autoritarios perpetuados en el poder es contrario a este deber de servicio.

4. Difusión para aportar el valor del Conocimiento

4.1. La sociedad necesita de científicos que pateen la calle y que hagan un esfuerzo en trasladar el nuevo conocimiento generado a conceptos e ideas tangibles más simplificados, que permitan un mayor acercamiento de la sociedad, mediante acciones tales como conferencias, charlas, exposiciones, etc., a fin de que la ciudadanía pueda valorar la repercusión de la Ciencia en sus vidas.

4.2. Una sociedad informada y crítica es más libre y autónoma. Una sociedad que pierda la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar las verdades de cada grupo de interés en función de su propia perspectiva, queda a la deriva.

4.3. La ciencia, por su carácter democrático e internacionalista, debe ampliar su acceso a toda la ciudadanía y no ser tan sólo una herramienta de los científicos, es por ello que se plantea necesaria la apertura de las revistas científicas, los artículos científicos (fuente primaria del conocimiento) deben estar libremente accesibles y no mediante el pago de unos costes que hace imposible su consulta si no se pertenece a algún colectivo científico adscrito.