Mucho ruido y pocas nueces en la ciencia de Castilla-La Mancha

Hace unos días nos hacíamos eco de la reacción en medios de comunicación ante la publicación del Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación en Castilla-La Mancha. Consideramos que es una importante noticia que una región con tan poco desarrollo en el sector investigador tome conciencia y se dote de un armazón legislativo propio.

Tras su lectura, debemos matizar esa opinión. El texto del Anteproyecto presenta importantísimas lagunas y una extraordinaria falta de ambición que creemos necesario comentar para estimular su corrección a lo largo de su tramitación por las Cortes castellano-manchegas.

Primero, hay que entender que estamos hablando de una Ley, o sea, una regla emanada por una autoridad para regular, de acuerdo a la justicia, un aspecto de las relaciones sociales. Las leyes son normativa fija, indefinida a no ser que ellas mismas incluyan su caducidad (como puede ser la ley de presupuestos). Por lo tanto una Ley sobre una actividad continua como la I+D+i debe tener una aproximación genérica y duradera. Pero, por encima de eso, debe basarse en un correcto análisis de la situación actual, las opciones disponibles y la visión de futuro que se tenga.

En el caso castellano-manchego nos encontramos ante una de las regiones con un sector científico menos desarrollado. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo invierte el 0,5 % del PIB autonómico en actividades de investigación. Sin embargo, la región tiene un amplísimo potencial investigador en sectores como el agropecuario, medioambiental (claramente interconectados ante el desafío del cambio climático), paleontológico y arqueológico (con gran proyección para generar retornos en forma de turismo cultural), energético etc. En el actual mundo globalizado el conocimiento es el mayor promotor de crecimiento económico, y nuestro entorno europeo está claramente comprometido a hacer de ello su prioridad para los próximos años.

Gasto en I+D (% PIB)

Es por ello que la lectura del Anteproyecto nos ha decepcionado: tanto el preámbulo como el articulado están continuamente referenciados a marcos caducos. Es importante entender que un proceso legislativo como este no se hace de la noche a la mañana y que este Anteproyecto se convertirá en Ley como pronto en algún momento de finales de 2018 . Es en cierto modo desalentador que se planteen referencias a marcos como el europeo Horizon 2020 cuando ya está en preparación el siguiente programa-marco que marcará el futuro de la Ciencia en la Unión Europea para cuando esta Ley vea la luz. Lo mismo puede decirse con respecto a las continuas referencias a la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 CLM), un documento que también caduca en 2020.

Con semejantes referencias caducas no es de extrañar que el único objetivo económico sea alcanzar el 1,3 % del PIB “en los próximos años”, justo cuando nuestros principales socios y competidores se dispongan a superar el 3 %. Reconocemos que el 1,3 % supone un extraordinario salto en la situación actual de la región… pero no permitirá reducir el abismo que separa Castilla-La Mancha con las regiones de su entorno. Esta falta de compromiso ha sido criticada incluso por el Vicerrector de Investigación de la UCLM, el principal organismo investigador de la región.

Museo de las ciencias de Castilla-La Mancha. Fuente: http://godzillin.blogspot.com.es/2014/01/decimoquinto-aniversario-de-la.html

En ese marco resulta inimaginable creer en el éxito de ningún programa de atracción de talento investigador. Precisamente, ese es otro de los objetivos declarados de este anteproyecto, aunque por alguna razón que sólo parece obedecer a una mal entendida propaganda política, el texto lo llama Programa de Retención y Recuperación de talento, sin que haya ninguna medida en ese sentido. Sus objetivos establecidos son del tipo “promover el valor de la ciencia en la educación” o “incrementar el número de estudiantes en Ciencias”. En realidad no se dedica ninguna frase al retorno de investigadores castellano-manchegos ni se especifican propuestas para que los recién doctorados tengan becas de ida y vuelta. O sea en ningún caso se habla de retención ni de recuperación, sino que todas se enmarcan en el fomento y, algo, en la atracción de talento. Es conocida la postura de Ciencia con Futuro acerca de que la comunidad científica funciona de forma abierta y que carecen de sentido políticas limitadas a la “recuperación”. Es por ello que nos alegramos del contenido del articulado, lamentando lo inadecuado de la nomenclatura.

En realidad gran parte del texto consiste en disposiciones vacías de contenido (más propias de normas de rango inferior) o con una única intención de ordenación (y fomento) del aparato burocrático de la Junta de Comunidades. Gran parte del articulado se limita a la creación de órganos colegiados dentro del poder ejecutivo para estudiar, analizar y fomentar (controlar en suma) la acción pública en I+D+i. Es muy positivo que se cree una Agencia de I+D+i, pero el texto no la dota de la suficiente autonomía ni independencia. Ni mucho menos es capaz de regular la financiación plurianual, tan demandada por la Unión Europea. La principal justificación de una herramienta legislativa de este nivel debería ser la de establecer los mecanismos para dotar a la Agencia de I+D+i de un presupuesto propio plurianual de la manera que lo tienen los organismos equivalentes europeos.

En resumen, en nuestra opinión la revisión del Anteproyecto debería atender:

  • Mayor inclusividad en la definición del sistema de I+D+i regional. En un entorno como el castellano-manchego, la acción investigadora de museos, archivos o parques arqueológicos (por poner algunos ejemplos) debería ser reconocida.
  • Menor injerencia ejecutiva en el desarrollo de la I+D+i. El llamado Consejo Asesor tiene poco que aportar y debería ser sustituido por una comisión dentro de las Cortes regionales. La Consejería competente debería limitarse a establecer las prioridades dentro de los planes de investigación dirigida.
  • La Agencia debería depender de las Cortes, que nombrarían a su presidente y supervisarían su acción. Debería tener total autonomía de proposición en los fondos para investigación no dirigida (bottom-up) y de gestión en los de investigación dirigida a la áreas estratégicas marcadas por la Junta de Comunidades (upside-down). Su propuesta de presupuestos plurianuales (encuadrados en Planes Regionales de Investigación que no coincidan temporalmente con las legislaturas políticas) sería consensuada con la Junta de Comunidades y aprobada con rango de Ley por las Cortes, para asegurar la independencia frente a la acción política coyuntural.
  • Los objetivos presupuestarios han de aspirar a los niveles europeos, no a los españoles, más aún cuando rara vez los presupuestos españoles de I+D+i se cumplen. Entendemos que esa convergencia ha de ser escalonada, pero debe emprenderse cuanto antes y de forma decidida para evitar que la brecha actual se mantenga o incluso se agrande.

El sistema castellano-manchego es actualmente pequeño, por lo que se encuentra en una posición ideal para afrontar las necesarias reformas que necesita la Ciencia española. Cambios que fomenten carreras profesionales basadas en méritos, rompan con la precariedad laboral sin promover el inmovilismo, superen el falso indicador que representan los impact factors y abran la Ciencia y la Innovación a la sociedad mediante el Open Science y la Responsible Research and Innovation son más fáciles de plantear en Castilla-La Mancha que en regiones que ya lastran instituciones privadas de masa crítica o minadas por la endogamia. El éxito de la implantación de un nuevo sistema de I+D+i en Castilla-La Mancha equiparable no al español sino al de los países del norte de la Unión Europea podría establecer un importante precedente y constituir un ejemplo a imitar por el resto de comunidades autónomas.

Desde Ciencia con Futuro queremos llamar a todos los grupos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha a que suscriban con el texto final de esta Ley un verdadero pacto por la I+D+i y una sociedad del progreso y el conocimiento. Están ante un entorno y una oportunidad única.

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La ciencia de técnicos y auxiliares técnicos en España

Desde Ciencia Con Futuro queremos concienciar contra una perniciosa tendencia que pone en riesgo el buen hacer de la Ciencia española: la desaparición de los verdaderos profesionales de las categorías auxiliar de laboratorio y técnico de laboratorio en el Sistema Español de Ciencia e Innovación.

La gran mayoría de las personas (por no decir todas) ambicionamos progresar y madurar en nuestro trabajo. Esto conlleva una serie de esfuerzos, entre los cuales se encuentra seguir aprendiendo técnicas nuevas, ya sea a través de la formación particular o con la ayuda de la empresa, o incluso simplemente prestando más atención a lo que hacemos.

Es probable que esa mejora continua implique con el paso del tiempo un aumento de nuestras cargas laborales, puesto que nos desenvolvemos mejor en nuestro entorno de trabajo. Se dice que la experiencia es un grado, y una forma de reconocerlo es una compensación económica debido a la permanencia continua en una empresa. Esto se hace en forma de incentivos a la antigüedad y productividad (trienios, quinquenios, etc).

No obstante, todo tiene su límite, y hay que saber diferenciar entre progresar y aceptar responsabilidades fuera de nuestro marco laboral. Esto último está delimitado por la categoría/grupo profesional con que se nos contrató. Si se sobrepasa dicho límite, se estaría produciendo lo que se conoce como “movilidad funcional” y esta situación solo se podrá producir cuando existan razones técnicas o de organización que así lo justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención.

Para no extendernos, resumimos aquí las partes clave del “el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores”:

Cuando se realizan funciones de categoría inferior, el salario a percibir no podrá sufrir modificaciones. Si es al contrario, es decir, se realizan trabajos de categoría superior a la reconocida, la retribución será la correspondiente con las funciones realizadas y si esta situación es prolongada en el tiempo (la ley establece que estas funciones de categoría superior se realicen por un periodo superior a 6 meses durante un año o durante ocho meses durante dos años) el trabajador podrá reclamar su ascenso y el reconocimiento de dicha categoría profesional. Si el ascenso requiere titulación académica o profesional, no podrá reconocerse el ascenso, pero sí se tendrá que retribuir lo correspondiente a las tareas realizadas. Contra la negativa de la empresa, los trabajadores podrán dirigirse a los tribunales para exigir dicha retribución y/o reconocimiento.

Si se contratan a licenciados/graduados o doctores por debajo de su categoría (como podría ser técnico de laboratorio), no se espera que se encasillen como apoyo a la investigación a la hora de realizar sus tareas, sino que apliquen la totalidad de sus conocimientos para ejercer su trabajo (y ya hemos dejado claro por qué esto no es legal si no se compensa salarialmente). Esto conlleva un problema directo para el trabajador y un problema indirecto para el sector científico al completo. Al dejar que se incumplan nuestros derechos laborales estamos haciendo que desaparezcan puestos de trabajo y que se creen falsas categorías profesionales.

Si siendo doctor/licenciado/graduado nunca te contratan como tal, buscarás trabajo como técnico; si siendo técnico nunca te contratan como tal, buscarás trabajo como auxiliar técnico y si eres auxiliar técnico, mejor buscarse una vocación distinta.

Esto se hace y se deja hacer, a veces, porque el trabajador decide ejercer un puesto de menor categoría a la de su titulación (sin entrar en motivos personales) y, otras muchas, porque así lo ofrecen los OPIs, consiguiendo entre todos hacer desaparecer a dos categorías profesionales a causa de que otras dos también lo están haciendo, creando un efecto dominó que desplaza por completo a la última pieza.

Muchos estaréis pensando, si yo estoy en una categoría superior, es lógico que pueda acceder a una por debajo y, por tanto, que tenga más posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Esto no siempre es así. De hecho en algunas ofertas de empleo de técnico o auxiliar técnico se exige obligatoriamente la posesión de dichos títulos, sin ser válida una titulación superior a dicha categoría sin la posesión de los otros para ejercer el oficio.

Por poseer una titulación de categoría superior no siempre se está preparado al 100% a la hora de desempeñar una labor de una categoría inferior dentro de la misma rama profesional. Un ejemplo claro de ello puede ser que un biólogo no está capacitado legalmente para sacar sangre venosa, mientras que alguien con titulación de técnico de laboratorio si podría hacerlo si le delegan dicha tarea. Si esto se diera, se podría considerar “intrusismo categórico”, ya que no está capacitado para todas las tareas a realizar.

El III Convenio colectivo único para e l personal laboral de la Administración General del Estado en la Resolución de 3 de noviembre de 2009 creó el siguiente anexo para catalogar a los grupos profesionales:

* Para ver de forma detallada cada categoría tenéis el siguiente enlace, a partir de la página 68:

http://sac.csic.es/csif/personallaboral/iiiconvenio.pdf

Para esclarecer más dudas también debemos contemplar los artículo 28 y 29 de la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:

*(Debido a la densidad de contenido del artículo 28, en el cual se habla de los derechos y deberes del personal técnico, os dejamos un enlace directo donde lo encontraréis a partir de la página 29: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf)

Artículo 29. Personal técnico funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.
1. Las escalas del personal técnico funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado son las siguientes:
a) Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación.
b) Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación.
c) Científicos Superiores de la Defensa.
d) Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación.
e) Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación.
f) Auxiliares de Investigación de Organismos Públicos de Investigación
2. Se podrán prever procesos de promoción interna entre las escalas técnicas y las científicas del mismo subgrupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, para facilitar el desarrollo de la carrera profesional personal.

Antes del comienzo de la crisis, allá por el 2008-2009, se escuchaba aquello de “no es preferible contratar a un Doctor/licenciado en un puesto de técnico de laboratorio como tal, puesto que al final acabará buscando algo acorde a su perfil”. Sin embargo, la realidad a día de hoy, 8 años después, es bien distinta.

Debido a que cada vez se crean menos puestos de trabajo en ciencia y no todos están dispuestos a abandonar España en busca de un futuro digno y más que merecido, al final se acaban aceptando ofertas de trabajo que quizás en otras condiciones no hubiéramos aceptado, como bien se criticaba en años anteriores.

Cuando en una oferta de empleo con funciones definidas para técnico de laboratorio, camuflada con el nombre de “técnico de apoyo a la investigación”, se requiere indistintamente titulación superior de doctor, licenciado/graduado o técnico superior de laboratorio, se está pisando la categoría perteneciente a los antiguos FPII o actuales C.F.G.S., ya que lo más probable es que un licenciado acabe siendo elegido para desempeñar las supuestas funciones. Sin embargo, se acabarán aprovechando todos sus conocimientos para llevar a cabo el puesto. Y lo mismo pasa cuando en otra oferta de empleo para auxiliar de laboratorio camuflada con el nombre de “técnico auxiliar para la investigación” se exigen titulaciones de FPI o FPII, sin hacer distinción alguna.

En un marco laboral justo, no se consentirían este tipo de actuaciones, ya que al final se contrata a gente sobreformada para dichos puestos debido a la ausencia de ofertas de empleo para cada categoría, creando un círculo vicioso que desembocará en un desinterés por crear ofertas de empleo para las categorías superiores y en la contratación prácticamente nula en las categorías de menor rango.

Por si fuera poco, en España cada vez se hace más difícil la tarea de formarse académicamente (sin tener en cuenta que no todos tenemos las mismas posibilidades o aptitudes a la hora de hacerlo) puesto que se están viendo más limitadas y condicionadas las ayudas/becas disponibles por las distintas administraciones públicas, dando lugar a que cada vez se estudie menos lo que realmente nos motiva y más lo que nos asegure un mejor futuro (puede parecer menos importante, pero un profesional motivado siempre da mejores resultados).

Es muy injusto formarte en algo para que después no te sirva de nada a la hora de encontrar trabajo todo ese tiempo invertido, y no porque no haya ofertas, que aunque hay pocas, las hay; sino porque tus propios colegas están viéndose forzados a ocupar tu puesto (como se suele decir “hay que comer”). Dicho esto, no estaría de más que se informara de forma directa en cada titulación sobre el número de personas que finalmente encuentran trabajo con la categoría profesional correspondiente cada año.

Quizás no se hace porque resultaría demasiado desalentador. Detrás de cada derecho incumplido y de cada categoría desprestigiada, hay personas que se encuentran muchas veces en callejones sin salida, viéndose obligadas a refugiarse en el extranjero aún sin quererlo o, aún peor, tomar decisiones mucho más difíciles cuando no se les ofrece ninguna otra solución.

Sin ciencia no hay futuro… y si poco a poco desaparecen nuestr@s científic@s, acabará por no haber ciencia.

El gobierno no salva a ningún investigador, solo alarga su agonía

Recientemente se ha puesto de manifiesto un problema relacionado con la continuidad laboral de algunos investigadores debido a la naturaleza de sus contratos “Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros”. Según destacaba El País, la Ley de Presupuestos Generales de 2017,  “se ha podido convertir en una amenaza para la ciencia española”. ¿Por qué?

En el Estatuto de los Trabajadores (ET) existe un límite general para evitar el encadenamiento de contratos temporales recogido en el art. 15.5 del ET: un trabajador debe adquirir la condición de indefinido en la plantilla cuando han existido dos contrataciones temporales encadenadas que superan los 24 meses en un periodo de 30 meses. Sin embargo, la Ley de la Ciencia del 2011 establece que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos profesionales, no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores, gestores de proyectos y técnicos, y concatenar contratos temporales en determinadas universidades y organismos públicos de investigación (OPIs). El objetivo de esta particularidad está en el “deseo” de una gran parte de la comunidad científica de poder desarrollar proyectos de varios años de duración sin que el trabajador tenga necesariamente que pasar a formar parte de la plantilla del centro como indefinido, y responde a la naturaleza dinámica de los proyectos de investigación y su financiación.

Esta situación es de hecho más que habitual en el mundo de la investigación. Por poner un ejemplo, más del 80 % de los contratos laborales en las instituciones de investigación de la Comunidad de Madrid son contratos laborales temporales, que podrían considerarse contratos en fraude de ley. Es importante reseñar que no toda la comunidad científica acepta esta particularidad, que puede ser vista como un atentado a los derechos de los trabajadores del campo de la investigación. Cuando a un científico se le contrata indefectiblemente, sea cual sea el proyecto, es porque en su grupo de investigación se le considera “estructura”, por lo que debería tener un contrato indefinido. El día en el que su grupo no contara con financiación suficiente, debería ser despedido de forma objetiva “por motivos económicos” e indemnizado en principio con 12 días al año. En realidad, este debate se remonta a la Ley Caldera y su incumplimiento por las administraciones públicas, lo que ha conllevado denuncias masivas en los OPIs, sentencias judiciales, amenazas a investigadores y represalias. La posibilidad de contratación de científicos de manera indefinida sigue siendo la patata caliente de la que nadie quiere hablar.

Sorprendentemente, la Ley de la Ciencia no incluía hasta ahora institutos de investigación tan prestigiosos como el CNIO o el CNIC, lo que no impidió que ese tipo de contratos temporales sí se llegaran a realizar. Ahora, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 responsabiliza y sanciona a los gerentes de estos institutos en el caso de que el contratante sea una fundación. Ante la dimensión del problema a corto plazo, en los últimos días el gobierno ha aprobado urgentemente un Real Decreto que modifica la Ley de la Ciencia en su disposición final segunda. Esta noticia ha sido bienvenida en la prensa nacional con titulares como “El gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite”. Con esta modificación, los centros que están constituidos como fundaciones públicas se equiparan con los Organismos Públicos de Investigación y Universidades, pudiendo volver ahora a contratar a los investigadores que cumplían tres años de contratos temporales encadenados.

¿Problema resuelto?… Pues no.

Porque el problema para la ciencia española no es que docenas de trabajadores puedan permanecer en sus puestos de trabajo uno o dos años más. El verdadero problema es más bien que aceptamos realizar contratos a nuestros investigadores en inferioridad de condiciones a la mayoría de los trabajadores del Estado, con la justificación de que “la investigación y la ciencia funcionan así”. En España llega tarde un plan de empleo para el personal de apoyo científico y administrativo de nuestras instituciones investigadoras. Lejos de preferir la concatenación de contratos temporales, en muchas ocasiones los responsables de los laboratorios están deseando poder contar con sus trabajadores de forma indefinida, pero hay que conformarse con lo que hay, porque “la investigación y la ciencia funcionan así”.

En cualquier caso, la aparición urgente de reales decretos que solo añaden excepciones para la aplicación de artículos del estatuto de los trabajadores no debería ser vista como una buena noticia o un paso hacia adelante. Nuestra legislación actual obliga a las fundaciones del sector público a restringir la contratación indefinida, lo que está llevando a la pérdida de empleo en estos centros de personal muy cualificado. Por un lado la disposición adicional 34 de los PGE de 2017 penaliza en su punto 2 “cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”. Pero por otro lado la ley exige que “los órganos de personal […] no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal […] salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”. Es decir, la propia ley anima a la judicialización de las relaciones laborales dentro del sector público, en este caso en el ámbito de la investigación.

Y en medio de tal desbarajuste legal y laboral, muchos responsables de recursos humanos de nuestras instituciones científicas continúan mirando hacia otro lado porque no saben qué hacer, invitando a no entrar en conflictos legales a sus trabajadores aduciendo perjuicios indirectos a sus jefes de grupo. De esta forma, se abre más y más la brecha entre los derechos laborales de los científicos y lo que debería ser la progresión profesional en la carrera científica.

Pero, ¿tienen los científicos realmente acceso a la información laboral que sus centros deberían prestar?

Para responder a esta pregunta, realizamos una breve encuesta a través de redes sociales. En respuesta a la pregunta “¿Sabes a quién recurrir si tienes un problema laboral en tu centro de investigación?”, el 59% de las 150 respuestas fue un rotundo “NO”. En respuesta a la pregunta “Si has tenido alguna vez problemas laborales, ¿te han ayudado a resolverlos donde has acudido?”, el 26 % de las 125 respuestas también fue un “NO”.

Aunque es solo una estimación, esta encuesta muestra de forma patente que nuestras instituciones científicas no informan de manera adecuada a sus trabajadores en materia laboral. Las firmas de documentos laborales sin asesoramiento son de hecho una práctica constante en el mundo científico (firma de contratos, finiquitos, etc.), como lo es igualmente la falta de presencia de representación sindical en nuestros centros de investigación.

En nuestro país no existe un diseño de carrera investigadora acorde con la realidad laboral. Seguimos generando jóvenes investigadores, pero miramos a otro lado a la hora de saber qué hacer con ellos a medio o largo plazo. En nuestro siglo XXI, la concepción del periodo postdoctoral ha quedado obsoleta. Lo que antiguamente se aceptaba como un periodo de especialización y desarrollo profesional, un puente en la carrera investigadora que habría las puertas a un trabajo estable como investigador, ha pasado a ser en muchas ocasiones la única posibilidad laboral. Pero no hablamos solo de investigadores postdoctorales. En la universidad, la figura del profesor ayudante doctor presenta exactamente el mismo problema. E igual panorama, o incluso aún más incierto, acecha a los técnicos y gestores de proyectos. Oportunidades laborales temporales, precarias y cíclicas, en un mundo académico lleno de puertas cerradas.

Nuestros científicos han estado años esforzándose por impulsar la ciencia en nuestro país, pero olvidaron que la ciencia se hace con científicos y, lamentablemente, se quedaron sin fuerza para acordarse de los que venían detrás de ellos.

Nuestras impresiones sobre el Plan Estatal de I+D+i 2017-2020

El pasado 11 de julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sometió a información pública previa el avance del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2017-2020.

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación constituye el marco de referencia para articular las actuaciones del Gobierno de España sobre Ciencia e Innovación para cuatro años. En ese Plan se incluyen todos los Programas a través de los cueles se financiarán las actuaciones en materia de investigación e innovación, incluyendo los proyectos de investigación, la contratación de personal científico y técnico y las actividades de innovación empresarial, entre otros.

Desde Ciencia Con Futuro queremos agradecer el gesto a la SEIDI de poner el Plan a disposición de la ciudadanía, para que se enriquezca con la participación de todos y todas. Por eso mismo, no hemos querido faltar a la cita y colgamos aquí el documento que hemos enviado a la SEIDI con nuestras impresiones acerca del Plan.

Podéis aportar vuestras opiniones en los comentarios y difundir nuestras impresiones donde consideréis conveniente.

 

 

Investigar en la Universidad en tiempos de la ANECA

En las últimas semanas, la inestabilidad y el malestar creciente en las universidades españolas ha tomado el foco, con huelgas por parte del profesorado en Sevilla, Málaga y Barcelona. En todas ellas el denominador común es la denuncia de una creciente precarización del profesorado, con un claro abuso de la figura del interino y la aspiración a diversos mecanismos más o menos claros de promoción laboral. También se denuncian los nuevos criterios y métodos de acreditación a las categorías funcionariales impuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Hace ya más de un año que se publicó el Real Decreto 415/2015, que regula las nuevas acreditaciones a profesor de Universidad. Pero no ha sido hasta hace unos meses cuando se han publicado los criterios, se han aprobado los tribunales y ha entrado plenamente en vigor el sistema de acreditaciones que establecía para las figuras funcionariales de profesorado: la de Profesor Titular de universidad y la de Catedrático. Además, estos criterios han sido tan sólo publicados en la página web, no vía BOE, poniendo en duda su legalidad. Estas nuevas normas reguladoras están dando mucho que hablar y amplios sectores de la universidad han expresado sus críticas, articulándose un movimiento de oposición al nuevo sistema de acreditación. La posibilidad de que el sistema vuelva a cambiar otra vez en un futuro cercano es muy patente, aunque no sabemos en qué sentido. Las nuevas acreditaciones están de hecho detenidas en estos momentos de nuevo, a la espera de nuevas modificaciones. No hay que olvidar que las universidades sostienen la mayor parte de la investigación pública que se realiza en España, por lo que este tema resulta de mucho interés para un gran número de profesionales que realizan su actividad en ellas y pretende continuarla de manera estable.

El sistema de profesorado en las universidades públicas españolas establece distintas categorías profesionales principales para las cuales se necesita la correspondiente acreditación, expedida tras previa evaluación por la ANECA. El programa PEP evalúa los CV para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (profesor Ayudante Doctor (PAD) y Profesor Contratado Doctor (PCD), el primero con contrato temporal y este último indefinido) y el programa ACADEMIA los evalúa para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes (Profesor Titular y Catedrático de Universidad). Los criterios de este último programa son los que se regulan en el nuevo RD y se han publicado recientemente. La acreditación es necesaria para presentarse a cubrir el puesto, que se debe convocar normalmente bajo concurso público, pero huelga decir que ésta no implica necesariamente la consecución de una plaza, y hay mucha más gente acreditada que puestos. El sistema de acreditaciones o habilitación es usado también en otros países europeos, como Alemania, aunque la normativa es muy diferente en cada caso  y no es fácilmente comparable.

La antigua normativa (RD 1052/2002 y RD 1312/2007) permitió la acreditación de numerosos profesionales de dentro y fuera de la Universidad durante más de 10 años. Intentaba equilibrar criterios docentes con investigadores y de gestión, los tres pilares de la actividad universitaria en España. Y es que hay que recordar que éstas son las tareas de un profesor de universidad, por más que en la práctica solo se regule con claridad una, la tarea docente. En base a esta normativa, casi inalterada hasta ahora para las figuras contractuales, se acreditaron por el programa PEP, la que da acceso a la acreditación de hasta Profesor Contratado Doctor, un gran número de potenciales profesores (unas 43000 personas entre 2006 y 2014) con una tasa de éxito media de en torno al 60% para la figura de PCD, la superior en este programa. Para algunos, los criterios eran muy laxos y no muy equilibrados, puesto que permitían una rápida y fácil acreditación a un recién doctorado, si este había estado realizando su labor en la universidad. Los organismos evaluadores autonómicos, un tanto redundantes, no han hecho más que complicar la homogeneización y restarle credibilidad al sistema.

Para las figuras funcionariales, el mencionado decreto RD 415/2015 sustituye al RD 1312/2007, aunque durante un periodo de casi 2 años el sistema no admitió nuevas solicitudes y la acreditación con la nueva normativa está en pañales. Entre el 2008 y el 2014 (últimos datos publicados en la web de la ANECA), más de 9800 personas obtuvieron la acreditación a Profesor Titular, con una tasa de éxito media del 69%. El sistema de acreditación certifica que las personas con evaluación positiva cumplen con los requisitos mínimos para desempeñar la función determinada, pero no otorga derecho alguno para la perceptiva plaza. Así lo expresaba un informe de la ANECA del 2011: “El sistema de acreditación está concebido como un sistema de garantía del cumplimiento de mínimos que no quiere substituir el derecho de las universidades a elegir a su profesorado de acuerdo con sus intereses y necesidades”. De hecho, para los años 2008-2010 (últimos con datos) el mismo informe indica que: “Entre 2008 y septiembre de 2010 se acreditaron … 6520 para el cuerpo de titulares de universidad. … el 44% de los acreditados, tanto de TU como de CU ha conseguido una plaza de funcionario”.

La insatisfacción con el sistema de acreditación anterior era clara en muchos sectores y en el 2015 se dio un impulso al nuevo RD para, entre otras cosas, adecuar los criterios a la Universidad del siglo XXI, con más protagonismo investigador. En este sentido, la reforma del sistema de acreditación y sus criterios era probablemente necesaria. A la vez, no se nos escapa la coyuntura en la que se produjeron estos cambios, con un premeditado adelgazamiento del sistema público de investigación y un retraimiento o congelación de los empleos públicos ligados a la investigación y la docencia universitaria, con la famosa tasa 0% de reposición. Algunos han querido atribuir, no sin razones objetivas, una intencionalidad a la vista del endurecimiento de los criterios de evaluación y el gran salto con el sistema anterior. Se trataría de cortar el grifo de acceso al sistema por la vía de reducir las acreditaciones, puesto que algunos equipos rectorales habían prometido, por razones electoralistas y en un contexto expansivo, la dotación de plazas automática tras la acreditación. No es objeto de este artículo entrar al detalle en los nuevos criterios de evaluación y su idoneidad, y estos se pueden consultar en la web del programa. La conjunción de todos estos factores ha traído como consecuencia un desaguisado en el sistema universitario que trae más precariedad al personal docente e investigador, genera incertidumbre en la carrera investigadora universitaria y no favorece la adopción de unos criterios válidos compartidos que primen el mérito y la transparencia. En este sentido desde CCF queremos hacer varias consideraciones que ayuden al debate y la reflexión:

  1.   El sistema de acreditación debería servir, tal como ocurre en otros países, para marcar unos mínimos de calidad y formación en los futuros docentes e investigadores, uniformizando los méritos mínimos de partida en las personas que optan a una plaza pública determinada. Es lícito en este sentido usar los criterios de evaluación para intentar “subir el nivel” en cierta medida de los profesionales de nuestras universidades. Sin embargo, la acreditación no se puede utilizar para manipular el acceso al sistema de empleo público. No puede sustituir o confundirse con la selección, que es propia de los organismos convocantes de acuerdo a la normativa vigente y a criterios de mérito, adecuación y transparencia. Lo contrario nos parece un engaño y subversión del sistema.
  1.   La mayoría de la comunidad investigadora y universitaria parece estar de acuerdo en que el sistema y criterios establecidos en el nuevo RD no son buenos ni claros. De hecho, todavía existe una gran confusión al respecto. Es muy probable que no muy tarde el sistema vuelva a cambiar. Sería deseable la necesaria serenidad y reflexión para cambiarlo a mejor y no volver atrás sin más. Probablemente unos criterios más exigentes que los previos a 2015 y que reflejen la realidad actual de la actividad universitaria son deseables, pero sin caer en maximalismos absurdos que no responden a nuestra realidad y que solo nos pueden llevar a practicar nuestro deporte favorito: dotarnos de una norma absurda que deliberadamente no cumplimos.
  1.   No debemos caer en normativas que ignoran o no resuelven los grandes problemas que acarrea la universidad y que además generan problemas nuevos en el camino. La falta de plazas de profesor durante los años de crisis económica y el cierre temporal de las acreditaciones a titular ha creado una gran bolsa de acreditados a las figuras contractuales y personal contratado para el que no hay fácil solución; pero poner una barrera en la acreditación a titular tan solo ignora el problema, no lo resuelve. La estabilidad laboral de ese PDI necesita una respuesta justa y no es de recibo a estas alturas mantener a profesionales realizando su labor durante más de 10 años en la misma institución como personal laboral temporal (cuando no en formación). La precarización general del sistema de I+D ha hecho que una gran proporción del cuerpo profesional universitario llegue a estar formado en la actualidad por figuras contractuales que estaban pensadas para personal temporal que se iniciaba en la carrera universitaria (profesor asociado, PAD, etc.). Sin embargo, sería deseable que la solución a esta situación no recurra a atajos ad-hoc como la promoción automática, sin evaluación, que menoscabe el acceso en igualdad de condiciones del personal acreditado no contratado. El cambio tan brusco en los criterios de acreditación en un periodo de 2 años ha creado además un agravio comparativo entre quienes se acreditaron con anterioridad y quienes cumplen los requisitos establecidos hoy. No olvidemos que estos conviven realizando las mismas labores en las mismas condiciones, pero han accedido al puesto con una exigencia muy diferente. Se da la circunstancia de que las personas acreditadas de-novo son juzgadas en los tribunales que adjudican las plazas por personal con una preparación en ocasiones muy inferior, con el posible conflicto de intereses generado si ambas personas tuvieran que competir juntas para una plaza de categoría superior a posteriori.
  1.   El eterno conflicto entre docencia e investigación para las acreditaciones y procesos de selección en la Universidad nos parece estéril. Ambas capacidades son necesarias y exigidas por igual, pero en el mundo universitario actual cada vez es más difícil lidiar con la especificación y exigencia de la investigación y la carga docente de calidad. Este problema está siendo estudiado por expertos que han propuesto la formación de equipos universitarios en los departamentos donde haya personal dedicado preferentemente a la investigación y personal dedicado a la docencia que colaboren para un mismo fin y no compitan entre ellos bajo los mismos criterios, lo que requeriría seguramente acreditaciones específicas (Olaskoaga-Larrauriet al. Spanish University Reforms and Job Satisfaction. Educational Policy, 2017). Este es un camino poco explorado en España pero que creemos necesario.

Ante los previsibles y esperemos que positivos cambios que se avecinan, desde CCF queremos contribuir al debate proporcionando criterios y reflexiones que ayuden a delinear la carrera investigadora y docente en la Universidad que todos deseamos. De este modo pensamos que una carrera laboral en todos los OPIs, y especialmente en la Universidad pública, debe basarse en:

  1.   Criterios de acreditación claros y estables, que no se endurezcan de la noche a la mañana, y que permitan a los profesionales acreditados conocer y predecir su puntuación en función de la del resto de acreditados antes de presentarse a un concurso.
  2.   Máxima publicidad de cada concurso de personal convocado en la Universidades, en base a la creación de un registro único dotado de un sistema de alertas. Este registro podría quedar bajo el paraguas de la ANECA para garantizar el cruce de información con la base de datos nacional de acreditados.
  3.  Eliminar la sobre-perfilación de las plazas, que debe restringirse al área docente o investigadora (Historia Antigua, Anatomía Patológica, Física de la Materia Condensada, etc.) para fomentar el acceso en igualdad de condiciones, estimular la nuevas áreas de investigación  y respetar el principio de libertad investigadora que consagra la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
  4.   El principio constitucional ineludible de que los puestos de trabajo pagados con fondos públicos se adjudiquen exclusivamente en base a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad entre todos los ciudadanos españoles y de la Unión Europea.

El círculo vicioso de inestabilidad y endogamia que mina la universidad española

La situación laboral en la Ciencia Española es tan compleja y confusa que hasta la propia Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se ha visto en la necesidad de hacer un croquis:

Hay que reconocerle a la FECYT el esfuerzo de hacer el gráfico con colores y en inglés (lo que da idea de su aspiración como atractor de talento investigador extranjero) , sin embargo el esquema es claramente engañoso porque los distintos estratos se pintan en forma de flecha generando una idea de “progreso”. Este progreso natural no existe para la mayoría de los trabajadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECYT). Es bien conocido, por ejemplo, que la mayoría de doctores que salen de las universidades no prosigue en la carrera investigador, como puede verse aquí y aquí.

Pero el verdadero atasco se da en la etapa postdoctoral, ya que la inmensa mayoría no llega a la fase de acceso a un contrato indefinido (tenure track) que les permita establecerse como investigadores “principales” (independientes, con grupo de investigación propio). ¿Y adonde van esos postdoctorales? La FECYT nos pone unas flechas de puntos ascendentes hacia el “cielo” de los empleos fuera del SECYT, pero nuevamente eso no es del todo ajustado a la realidad. Una gran masa de postdoctorales sin acceso a puestos estables pervive en Universidades y en los demás Organismos Públicos de Investigación (OPIs) en forma de investigadores asociados a un proyecto, es decir con un contrato temporal ligado a una subvención obtenida por un investigador principal. En otros casos, se trata de contratos postdoctorales asociados al propio grupo, y no a un proyecto particular, que también suelen ser temporales renovables año a año.

En la mayoría de los OPIs, se afronta este fenómeno desde la negación: esos investigadores no lo son, son “técnicos de apoyo”. Otros sí reconocen su existencia pero no ofrecen ninguna salida; es más intentan hacer su vida laboral lo más precaria posible para no reconocer que llevan años haciendo una labor esencial y estructural en su centro y verse así obligados a ofrecerles contratos estables. De hecho, las instituciones investigadoras españolas aceptan abiertamente que la concatenación de contratos anuales es una excepción válida dentro del mercado laboral investigador, aunque  contravenga resoluciones laborales europeas. Esta situación, lejos de hacerse temporal, suele minar las propias posibilidades del investigador para estabilizarse y lo encamina a un futuro incierto en el que no puede progresar hacia la independencia pero tiene que realizar todas las funciones de un investigador independiente: no puede tutorizar a becarios predoctorales (pero los supervisa), no puede optar a ciertos proyectos (aunque los diseña) o no puede firmar como autor de correspondencia los artículos (aunque los escribe), por citar algunos ejemplos. Ese bucle perpetuo no está reflejado en la carrera investigadora.

El problema es que Universidades y OPIs viven en perpetua negación de la realidad. Como la FECYT, creen que existe un único camino que lleva desde la tesis doctoral a un puesto (funcionarial o laboral) de investigador principal y que todo lo que no sea eso es esencialmente transitorio o temporal. Que un investigador que no aspira a ser jefe de grupo debe desaparecer del SECYT o hacer intrusismo laboral en el colectivo de técnicos especialistas de laboratorio (un colectivo machacado como pocos en la Ciencia española y que merece una entrada independiente de este blog). Para más desgracia, en un sistema como el nuestro excesivamente dependiente de los vaivenes políticos y económicos, en momentos de “vacas flacas” se produce un drástico recorte en los puestos estables que engorda aún más ese colectivo de investigadores postdoctorales en tierra de nadie. Esto es lo que ha estado ocurriendo desde 2011.

En Ciencia Con Futuro llevamos unas semanas repasando las situaciones de extrema degradación laboral que se siguen dando en nuestro país. Es bien conocido nuestro posicionamiento acerca de la necesidad de la creación de carreras laborales claras y predecibles en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creemos que esto solo se puede hacer atendiendo a tres principios claros:

  • El deber de los OPIs (incluyendo las Universidades) a gastar el dinero que detraen en el erario público con los mayores estándares de profesionalidad, y respeto para con las misiones que tienen encomendadas.
  • El principio constitucional ineludible de que los puestos de trabajo pagados con fondos públicos se adjudiquen exclusivamente en base a los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad entre todos los ciudadanos españoles (y de la Unión Europea).
  • El derecho de los trabajadores a progresar laboralmente en su carrera profesional, sin menoscabar los principios anteriores.

Además pensamos que, en una carrera investigadora productiva y coherente, deben existir figuras laborales reconocidas y estables que realicen actividades de investigación cruciales sin necesariamente llegar a la figura funcionarial actual de investigador principal. En estas se podrían incluir puestos de técnicos especializados e investigadores postdoctorales estables, tal como existen por ejemplo en el modelo público francés. Los laboratorios y unidades de nuestro SECYT no deberían nutrirse exclusivamente del continuo relevo de doctores trabajando en condiciones laborales precarias.

Las Universidades son OPIs particulares porque combinan la investigación (estancada desde el incio de la crisis) con la actividad docente. Todo en un marco especial de autonomía organizativa en manos del colectivo de profesores funcionarios. Esto ha permitido históricamente solucionar en parte el problema de la estabilidad laboral de investigadores con la creación de puestos de personal docente e investigador que realizan su labor sin necesariamente llegar a ser investigadores independientes como los mencionados más arriba. Sin embargo esto se ha llevado a cabo con criterios particulares para la selección del personal, lo que con el paso de los años ha conducido a unas rampantes tasas de endogamia. La endogamia impide el acceso en igualdad de los ciudadanos a dichos puestos y establece en los OPIs culturas de sometimiento, de rechazo de la novedad y de desconexión social.

La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) pretendía luchar contra la endogamia implantando una comisión evaluadora externa, pero las cifras actuales muestran que solo ha servido para incrementar la burocracia sin impedir que las tasas de endogamia lleguen a cifras récord. Para Ciencia Con Futuro la lucha contra la endogamia en todo el SECYT, particularmente en las Universidades, es fundamental para establecer una verdadera carrera profesional basada en los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Por tanto, la promoción automática de profesorado “de la casa” no es una solución aceptable ni deseable a la falta de estabilidad laboral del colectivo de investigadores, y no resuelve el limbo profesional en el que se encuentran miles de investigadores que no pueden o no quieren llegar a ser investigadores principales de un grupo .

La precarización laboral del SECYT es una consecuencia aún más peligrosa para el futuro de la Ciencia Española que el drástico recorte en la financiación. No reconocer que el SECYT tiene, porque los necesita, miles de investigadores que no quieren ser “principales” pero que ejercen todos los días labores que van más allá de las de “personal de apoyo” es un sinsentido que hace enrojecer a nuestros colegas europeos. Una salida endogámica a esa precarización mediante una estabilización administrativa, como ya ha ocurrido otras veces en la historia de la universidad española, repercutiría negativamente en la capacidad para reclutar talento, aprovechar en un futuro una mayor disponibilidad de fondos de investigación y para realizar sus labores de educación y creación de conocimiento con mayor calidad. La ANECA se encuentra en una posición única de facilitar la transición a un sistema meritocrático. Entre ella y la FECYT cuentan en sus servidores con la práctica totalidad de los datos curriculares de todos los trabajadores del SECYT.  Aprovechar esos datos para seleccionar los mejores perfiles para las posiciones de liderazgo y abrir espacios de estabilidad laboral a aquellos que no quieran llegar a ese nivel nos colocaría en el buen camino para afrontar los desafíos del futuro.

 

Pedimos una Oficina Científica para asesorar al Gobierno de España

Las pasadas Marchas por la Ciencia pretenden ser un punto de inflexión de cara a una nueva relación entre Ciencia, Política y Sociedad. En nuestro balance, tras lo que consideramos un razonable éxito de participación, planteábamos una primera serie de medidas concretas que creemos que pueden ayudar a mejorar la situación social en nuestro país mediante una mayor implicación pública de los investigadores.

Desde Ciencia con Futuro hemos emprendido ahora la campaña #CienciaEnMoncloa para que nuestro país se dote de una estructura al máximo nivel de asesoramiento científico al gobierno. Esta “Oficina Científica de la Moncloa” debería inspirarse en el modelo anglosajón del Chief Scientific Advisor  (vigente en Reino Unido, Éire o Nueva Zelanda) o en el europeo de Scientific Advice Mechanism para la Comisión Europea .

La carencia de Oficina Científica es una clara anomalía en el gobierno español frente a nuestro entorno. El cometido de la Oficina Científica no es controlar/gobernar el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, nada más lejos de nuestra intención. La Oficina estaría formada por científicos independientes que se encargarían de revisar las acciones políticas del gobierno desde una perspectiva científica. En nuestro ordenamiento son ya varios los mecanismos de revisión independiente. La Oficina Económica de La Moncloa y la Autoridad Fiscal independiente revisan los aspectos económicos y financieros de las políticas para asegurar que se alineen con los objetivos de sostenibilidad financiera. El Consejo de Estado y los cuerpos de letrados vigilan que las nuevas normas no contradigan las anteriores y el marco general. Ninguna pieza seria de legislación es presentada sin que obtenga revisiones positivas de los órganos asesores o sin una memoria económica validada. La Oficina Científica se encargaría de hacer lo mismo desde el punto de vista de la evidencia científica. Sus funciones serían:

  • Proporcionar consejo experto en aquellas propuestas políticas donde la evidencia científica juegue un papel capital. Este consejo debe identificar los datos empíricos más relevantes en la materia y analizar la robustez y/o las limitaciones de las acciones propuestas a la luz de dichas evidencias.
  • Ayudar al Gobierno de España a identificar aquellas áreas de la acción de gobierno donde el análisis de los datos científicos sea imprescindible.
  • Prestar asesoramiento científico en casos de emergencias y crisis.
  • Contribuir al diálogo entre los miembros de la administración y científicos independientes capaces de contribuir a perfilar la acción de gobierno.

Esperamos que nuestra campaña #CienciaEnMoncloa, llegue a oídos del presidente del gobierno, D. Mariano Rajoy Brey y de los responsables de los principales partidos de la oposición. Tú nos puede ayudar firmando en la plataforma change.org. Solo tienes que hacer click en este enlace, firmar y compartir la campaña por redes sociales.

Ciencia Con Futuro