Estos días el mundo de la ciencia española anda revuelto.

Otra vez.

No pasa una semana sin que tengamos un sobresalto, pero el de esta semana es de los más graves. De hecho, podría llegar a colapsar el sistema de público de I+D+i. 

Otra vez.

En esta ocasión no se trata de problemas de ingresos o financiación. Más bien, lo contrario. Se trata de que no nos permiten gastar. Y si no se puede gastar, no se puede hacer ciencia.

Nos explicamos: El 8 de noviembre de 2017 se aprobó por el Pleno del Congreso la Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las directivas europeas sobre la materia (2014/23/UE y 2014/24/UE), que fueron aprobadas por el Parlamento y el Consejo el 26 de febrero de 2014.

No hemos oído hablar mucho sobre esta ley, pero lo que se ha publicado han sido parabienes más que nada. Según el Gobierno, la ley tiene como objeto “regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”

En otras palabras, la ley busca el loable propósito de dotar de mayor transparencia a la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.

Los partidos políticos presentaron muchas enmiendas en el Senado para mejorar la ley, muchas de las cuales se aceptaron. En concreto, el PSOE presentó 148, Unidos Podemos 68, PDCat 24, el Grupo Mixto 5, ERC 4 y PNV y PP, tres cada una. Asimismo, la ley ha contado con el apoyo de los principales sindicatos.

Desafortunadamente, como sucede casi siempre, se les olvidó la ciencia pública, y esto ha llevado al desconcierto de los centros de investigación pública y los investigadores que trabajamos en este sector.

Entre otras cosas, la nueva ley suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, obliga al uso de la factura electrónica, hace al funcionario responsable del contrato y facilita la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Además contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, como en los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.

Otras novedades introducidas es la reducción del margen de las administraciones para adjudicar directamente contratos a un prestador de servicio en los conocidos como ‘contratos menores’ y dificultades para el fraccionamiento de grandes contratos en lotes. Pero lo que está causando estupor entre los científicos son los cambios en la adjudicación de contratos menores de servicios, no sujetos a regulación armonizada. Es decir, las adquisiciones que no requieren de procedimientos especiales, como licitaciones o concursos públicos. Estos contratos han pasado de un límite de 18.000 € en la ley de 2007 a 15.000 € en la ley actual. Según parece, esta cantidad es aplicable a la contratación de una empresa por cada año. Dicho de otro modo, una universidad o un organismo público de investigación (OPI) no podrá adquirir productos o servicio por un importe superior a 15.000 € anuales a la misma empresa.

Cualquiera que haya trabajado en la ciencia pública sabe que es fácil que un solo grupo de investigación gaste esa cantidad en un proveedor al año. Por ejemplo, cuando se contratan servicios de secuenciación masiva o cuando se adquieren kits analíticos basados en anticuerpos o cuando se tienen que atender varias reparaciones de un equipo. Estos y otros servicios están a la orden del día para cualquier investigador que trabaje en ciencias de la vida. Por tanto, es más que probable que una universidad o un OPI lo haga, impidiendo desde el momento que se sobrepase esa cifra que otros investigadores puedan contratar con la misma empresa.

Imaginemos que tenemos un equipo que se estropea y cuya reparación cuesta 3000 € (cifra nada extraña). Si la empresa suministradora de los repuestos ya ha sido contratada ese año por valor de más de 12.000 € no se podrá contratar para esa reparación y el equipo quedará sin reparar, ya que normalmente cada equipo tiene un proveedor específico. Lo mismo podría ocurrir con los reactivos y otros materiales fungibles de laboratorio. Una vez sobrepasado el límite, no se podrían comprar más reactivos y la investigación quedaría paralizada. En muchas universidades o en el CSIC es altamente probable que esto suceda porque se realizan gastos muchísimo más elevados a las mismas empresas. Para haceros una idea de los gastos que supone la investigación, recomendamos este artículo de Lluis Montoliu.

Es más, en caso de que algún responsable de adquisiciones firmara la autorización de ese gasto, estaría incurriendo en una ilegalidad, con las consecuencias legales que eso tiene. Por ese motivo, algunos de estos responsables han declarado ya que se negarán a autorizar pagos a empresas a partir de la fecha de vigencia de la ley, el pasado 9 de marzo, ya que corren el riesgo de que para esa fecha a ese proveedor ya se le hayan pagado facturas por un importe superior a 15.000 €. Algunos centros de investigación ya han dejado de adquirir material, lo que pone en riesgo la continuación de su  actividad. Otros, han decidido continuar como hasta ahora, a riesgo de estar incumpliendo la ley.

Según comentarios que nos ha llegado a Ciencia Con Futuro, la solución más probable a este problema sería realizar licitaciones (por encima de los 15.000 € anuales que marca la ley para que sean obligatorias) con las empresas suministradoras, pero esto conlleva bastantes problemas. El primero de ellos es que este sistema no se ha implementado aún en muchas universidades y OPIs y tardaría meses en establecerse. El segundo problema es que se deberían convocar concursos para todos los posibles suministros, lo que es impracticable, puesto que los investigadores no pueden prever con un año de antelación qué reactivos o servicios va a necesitar para la consecución de los proyectos, y si hacen dicho ejercicio de ciencia-ficción pueden incurrir en gastos no justificados y devoluciones. Esto depende de muchos factores, entre los que se encuentra la incertidumbre de la financiación, pero también la propia idiosincrasia de la ciencia, que implica que es posible tener que realizar cambios sobre la marcha porque las hipótesis no se están cumpliendo. ¿Se imagina alguien tener que convocar un concurso público para sufragar las inscripciones a un congreso que sea particularmente atractivo para muchos investigadores de la misma entidad? ¿O mejor dejamos de ir a congresos para no incurrir en excesivos gastos? Un tercer problema es que este sistema muy probablemente beneficiaría a las grandes empresas, que tienen más capacidad de rebajar los precios de sus productos, en detrimento de las pequeñas empresas. Estas últimas son en muchos casos muy dependientes del sector público y nos tememos que se verán abocadas al cierre. Y, en cuarto lugar (aunque puede que haya más posibles perjuicios), pensamos que una medida de este tipo redundará en pérdidas de puestos de trabajo entre los agentes comerciales de las empresas ganadoras de las licitaciones, ya que una vez ganado el concurso, no serán necesarios.

Otra posible solución sería establecer excepciones para la I+D+i, del mismo modo que se recogía en la anterior ley de 2007, que excluía de la regulación armonizada, los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia, los del sector de defensa o los de producción de programas destinados a la radiodifusión (art. 13 ley 30/2007). Pero suponemos que los trámites necesarios para una exclusión de este tipo precisarán de tiempos muy largos también.

En definitiva, de nuevo corremos el riesgo de dejar en la estacada a la ya maltrecha ciencia española porque los responsables políticos no la tienen en cuenta a la hora de legislar. Por eso, desde Ciencia Con Futuro exigimos que se busque una solución rápida al problema causado para evitar poner una piedra más en el camino de la ciencia pública española y que, para ello, se tenga en cuenta sus necesidades y peculiaridades intrínsecas.

Si a ti también te preocupa la situación actual de la ciencia y quieres participar en Ciencia Con Futuro escríbenos a cienciaconfuturo@gmail.com, te estamos esperando!

El 8 de Marzo es el día internacional de la Mujer. La UNESCO este año reconoce la importancia de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (en inglés STEM) como pilar fundamental para el cambio social en general, y para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en particular. Sin embargo la situación actual de la mujer en ciencia no la favorece  y está muy lejos de vehicular dicho cambio. Las mujeres están infra-representadas de manera severa en todos los sectores científicos y en particular en posiciones estratégicas de responsabilidad y de toma de decisiones.

La falta de equidad en STEM es un problema enorme del cual todos los que nos dedicamos a la ciencia deberíamos ser conscientes. Sin embargo no existe aún dicha conciencia, ni tan sólo respeto, y se vulneran con frecuencia los derechos de las mujeres. La proporción de mujeres baja según se asciende en la carrera científica, a pesar de que las mujeres obtienen el 65% de los grados universitarios y más del 45% de los doctorados. La brecha de género tiene un máximo tras la etapa posdoctoral en la transición a investigador independiente tipo Ramón y Cajal, que posiblemente coincide con la edad a la que muchas mujeres deciden ser madres, evidenciando problemas de conciliación trabajo/familia. Y alcanza un “techo de cristal” en edades más avanzadas, posiblemente asociado a la poca representación de mujeres en puestos de responsabilidad y directivos como catedráticas de universidad y profesoras de investigación. Esta tendencia, común a los 28 países que forman la Unión Europea, no ha mejorado y se mantiene estancada.  

Fuente: Datos del informe de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC 2016.

A pesar del potencial de mujeres científicas y técnicamente preparadas, el mundo de la ciencia y la tecnología es todavía muy masculino. Como explica Cecilia Castaño, Catedrática de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid,  “En ciencia como en otros sectores productivos de nuestra sociedad, predominan prejuicios y estereotipos, culturas y estructuras de poder y dominación, que se legitiman en la búsqueda de la excelencia -queremos a los mejores- y el talento – el que vale llega-, y la cultura de dedicación full time -24 horas/7 días a la semana. Sin embargo, estas definiciones de innovación y progreso las establecen las élites masculinas, que aplican códigos de conducta y valores masculinos que dificultan el acceso de las mujeres a los ámbitos desde los que se está diseñando el futuro de la humanidad”. Esta  concepción de la innovación y el progreso no sólo es una rémora para las mujeres científicas, también para los hombres, y va en serio detrimento de la ciencia y el avance en el conocimiento . Numerosos estudios demuestran la necesidad de un cambio de modelo que revierta las cifras de mujeres activas en ciencia, de inculcar unos valores en la innovación más compartidos, y sociales, más allá de una innovación meramente tecnológica, para poder abordar los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades modernas.

Una barrera clave para la igualdad de género es la falta de paridad en la toma de decisiones que ejercen y se perpetúa en instituciones científicas y agencias financiación. Esto se debe, en gran medida, a que existe un androcentrismo científico que retroalimenta estas estructuras. Pongamos como ejemplo, el hecho de que las mujeres están extremadamente infra representadas en los premios científicos. En los dos últimos años los premios Nobel de las categorías científicas no han galardonado a ninguna mujer, y el último en ninguna categoría. El 91% de los galardonados por los Premios Rey Jaime I entre 2009 y 2014 fueron hombres. Los Premios Fronteras de la Fundación BBVA entre el 2008-2016 corresponden a 61 hombres y 3 mujeres. Ni para los organizadores de congresos, ni para los paneles de revisión de proyectos y de revistas científicas, ni tampoco para la prensa general.  Como dice María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, todo está relacionado “Menos mujeres en puestos de responsabilidad, menos mujeres en jurados, menos mujeres cuyo trabajo se reconoce”.

Las instituciones en ciencia deben analizar de manera consciente y en profundidad sus políticas y prácticas internas. Deben elaborar informes sobre su “statu quo” en materia de igualdad, identificar los impactos que tienen sus políticas y prácticas en la vida personal y el futuro profesional de las mujeres y establecer una hoja de ruta con objetivos a corto y largo plazo para corregirlas. Estas acciones deben emprenderse de manera local, con la ayuda y asesoramiento de expertos en materia de género, y extenderse a nivel estatal mediante el establecimiento de redes de centros, núcleos de presión interconectados que intercambien información y recursos.

Un ejemplo es la guía elaborada por “Science Europe” de prácticas de mejora en igualdad en las instituciones de investigación. En UK hace tiempo que existe la iniciativa de dotar a los centros con distintivos de igualdad, y que dicho distintivo sea un criterio clave para la excelencia científica.

En España aún estamos lejos de implementar iniciativas de ese tipo. Aún nos cuesta hablar con libertad sobre la discriminación de la mujer en el día a día en nuestros centros. Y sobre el acoso sexual y laboral que se da sobre las mujeres en el ámbito laboral científico, que se ningunea y se tolera desde los puestos de poder. Estamos muy lejos de implicar a los hombres en la lucha y también a algunas mujeres, no solo de que formen parte de las reivindicaciones, sino tan solo de respetarlas. Algo que parece obvio a estas alturas, respeto. Y estamos, a años luz de que nuestras instituciones den un paso al frente y lideren un cambio en las políticas de igualdad en ciencia. Y en caso de iniciarlas, no lo hagan sólo de cara a la galería. Pese a las cifras, contundentes y objetivas, no existe una voluntad clara de enfrentarse a los retos que previenen a las mujeres acceder y participar de manera plena en la ciencia.

Las instituciones, junto con las mujeres y los hombres que trabajamos en ciencia debemos luchar unidos por la EQUIDAD en las carreras científicas, IGUALDAD en los salarios y PARIDAD en la toma de decisiones. Debemos romper con el androcentrismo científico. Y perseguir y denunciar cualquier agresión contra las mujeres. Vamos a empezar ya, sigamos visibilizando las cifras y creando opinión. Hagamos del 8 de marzo una lucha continua que dure los 365 días del año. Empecemos preguntando a nuestros representantes, nuestros centros y a nuestras instituciones, ¿cuál es nuestra/su posición respecto a la huelga feminista del 8M?

Desde Ciencia Con Futuro apoyamos las movilizaciones planteadas para este 8 de Marzo, incluida la huelga feminista convocada y promovida por diversos sindicatos y asociaciones. De la misma manera, instamos a todas las personas, y en especial a las mujeres de los centros académicos y de investigación, que se sumen a la movilización y al paro (de 24 o de 2 horas) en la medida de sus posibilidades y circunstancias. Instamos así mismo a la participación activa de las instituciones de investigación y su apoyo a todas las actividades que se organicen para la huelga feminista. Porque, desgraciadamente, los datos objetivos y contundentes están ahí y es hora de promover cambios duraderos que nos ayuden a alcanzar una verdadera igualdad.

Si a ti también te preocupa la situación actual de la ciencia y quieres participar en Ciencia Con Futuro escríbenos a cienciaconfuturo@gmail.com, te estamos esperando!

Por Ainhoa Magrach, Postdoc BC3

Cuando te piden que escribas un post sobre la situación de la ciencia en España piensas: “voy a recabar los últimos datos sobre inversión en I+D, contratación de doctores, etc.”. Pero que España está a la cola en inversión científica es algo que cualquiera con acceso a un periódico, Twitter o diferentes blogs sabe de sobra. Yo no puedo aportar nada más gráfico que las escalofriantes cifras de cómo el sistema investigador español se ha ido desmoronando en los últimos años. Lo único que puedo hacer es contar mi experiencia personal.

Como muchos investigadores de este país yo empecé un doctorado porque tenía verdadera vocación científica y el sueño de algún día poder vivir de algo que me parecía apasionante. A pesar de la absoluta falta de referentes femeninos en los campos de la conservación de la naturaleza y de la ecología, yo encontré los míos en Jane Goodall y Diane Fossey. Devoraba los ejemplares de National Geographic y soñaba con poder adentrarme en alguna selva remota algún día. Y efectivamente ese día llegó. Durante un tiempo tuve la oportunidad de visitar y trabajar en bosques de ensueño en la Patagonia Chilena, en la mata Atlántica brasileña y en las amenazadas selvas de Borneo. Como muchos de mis compañeros, tras acabar mi tesis hice las maletas y comencé mi periplo por algunos de los mejores laboratorios del mundo, trabajando codo con codo con grandes mentores. Vivía un verdadero sueño ¿o un espejismo? Me pagaban por responder a preguntas sobre el mundo natural y mis conclusiones se publicaban en buenas revistas. Tras cuatro años de estancias en el extranjero, y a pesar de recibir buenas ofertas para quedarme en algunas universidades, decidí volver a España con un contrato Juan de la Cierva. Puede que pecara de inocente, de falta de humildad o de ambas, pero en ese momento pensé: “he trabajado duro, he publicado bien, creo que ahora ha llegado mi turno y podré establecerme en mi casa y por fin formar mi propio grupo de investigación y una familia”.

Craso error.

A mi llegada en 2015 la situación en España era aún más dantesca de lo que había imaginado, y la posibilidades de establecerme y comenzar por fin mi propio grupo de investigación se fueron esfumando cada día. Así como las de poder formar una familia. Porque no nos olvidemos de que detrás de todas esas cifras con las que me identifico con un número más, hay personas que son hijas, parejas o madres de alguien. Durante mis primeros meses de vuelta lo que me quedó claro de conversaciones con investigadoras establecidas era: “no tengas hijos antes de conseguir un puesto fijo”, que es lo que habían hecho la mayoría de ellas. Claro, esto puede que funcionara en los años 80 y 90 cuando la edad para establecerse estaba en torno a los 40 años, pero ¿y ahora que esa edad había subido hasta los 50? ¿Debería esperar hasta entonces? ¿Congelar mis óvulos esperando tiempos mejores? Una vez más, mi intrepidez o estupidez me llevó a hacer lo que creía que era lo correcto en ese momento y tuve a mi preciosa hija el año pasado.

La maternidad es algo maravilloso, pero tampoco voy a sorprender a nadie si digo que es algo duro, agotador y que muchos días se lleva todas tus fuerzas. Tampoco voy a sorprender si digo que hoy todavía estamos lejos de la corresponsabilidad familiar, no siempre por culpa de los padres, si no porque en algunos casos las madres decidimos que la lactancia materna es la opción con la que queremos alimentar a nuestros hijos. Así, una se encuentra de repente con un contrato precario que acaba dentro de 5 meses, sin perspectivas de contratos futuros, con una familia que ha confiado en tu capacidad de conseguir tu sueño de estabilizarte como científica y que con ese fin te ha seguido en tu periplo nómada por el mundo y ahora con una hija cuyo futuro no podía ser más incierto. Todo ello en el momento en que tu productividad debería estar al máximo pero no lo está porque tu atención ya no es exclusiva y porque no das abasto.

Algo que yo no sabía hasta que me convertí en madre trabajadora es que para conseguir lugar en una guardería que cumpla tus requisitos de cercanía, método etc. hay que reservar plaza con al menos 7 meses de antelación. Yo he reservado plaza para mi hija en una guardería a partir de septiembre, pero me quedo en el paro en agosto y no tengo ni idea de dónde estaré para el comienzo del siguiente año escolar. Me he presentado a convocatorias competitivas en España, pero debido a mi escaso éxito en convocatorias anteriores, también he solicitado trabajo (o debería decir asilo científico) en el extranjero, en lugares tan dispares como Australia o Suiza. A mis 35 años puede que me encuentre arrastrando de nuevo a mi marido y a mi hija a la otra punta del mundo para seguir intentando cumplir mi sueño, o puede que despierte del espejismo de que los españoles también podemos dedicarnos a nuestros sueños y opte por una carrera administrativa como ya ha hecho el presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios. Mi futuro, como el de tantos otros, es incierto.

Tras releer lo que he escrito, pienso que es increíblemente pesimista y no ideal para un blog de una asociación llamada “Ciencia Con Futuro”. Puede que lo que he escrito desmoralice aún más a investigadores más jóvenes que están comenzando su periplo.

Pero les diría que no me arrepiento ni un solo día de haber perseguido mis sueños; que las experiencias que he vivido en bosques remotos, pero también en soutos de castaño en Galicia, no las cambiaría por nada del mundo; y que si me voy del mundo científico, no me voy con las manos vacías: tengo conocimientos en estadística y diseño experimental y sé escribir artículos tanto técnicos como de divulgación en varios idiomas. Aunque no siempre con éxito, sé cómo solicitar financiación y lo más importante, sé pensar de manera independiente. Y eso es algo que ni los recortes ni el pesimismo podrán robarme.

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Estimado lector, mentiría si te dijera que pretendo que estés de acuerdo conmigo. Mentiría si te dijera que me importa. Hace tiempo que dejé de intentar complacer a todo el mundo, con los evidentes problemas que eso plantea. Solo pretendo hacer justicia, al menos desde mi subjetivo punto de vista, y dar voz a tantos y tantos que quedan al margen del almibarado y dañino discurso vocación-esfuerzo-éxito que es esgrimido de forma tan recurrente para justificar casi cualquier cosa. En Ciencia lo conocemos muy bien.

Mi objetivo es intentar resistir y contraponer al manido “si quieres, puedes” que hace recaer únicamente sobre nuestros hombros nuestro futuro personal sin tener en cuenta el contexto en el que nos movemos, casos de fracaso, de perdedores. De aquellos que quisieron, que lo intentaron estando sobradamente preparados, que se dejaron la piel en pos del éxito profesional (¿qué éxito me pregunto yo ahora?) y que no lo consiguieron.

Sí, ya sé estimado lector que me puedes dar muchos contraejemplos. Quizás incluso tú que me lees llegaste al “éxito” y quieres contar tu historia personal. Ahórratela. No me interesa. Tú ya tienes tu espacio en periódicos, artículos, charlas y demás.

Quizás la palabra “fracaso” o “perdedor” te suenen demasiado duras. Quizás incluso te ofendan si eres tú quien ha pasado por esta situación. Pero a mí no se me ocurre otro adjetivo mejor para describir a aquellos que, pertenecientes a la generación más preparada de la historia de nuestro país –no puedo evitar esbozar una sonrisa escribiendo esto-, con tesis doctorales, y estancias en el extranjero en centros de prestigio, se ven abocados al abandono del sistema científico español. O lo que viene a ser lo mismo: tiramos por el retrete años de inversión y recursos ya que como país el tejido industrial capaz de absorber a personas tan formadas es insultantemente escaso cuando no inexistente.

Los motivos son variados y seguro que para todos ellos tú, lector de éxito, tendrás una justificación adecuada basada en la responsabilidad personal del fracasado. En unos casos la frustración que genera un sistema que fomenta la inestabilidad laboral con sueldos de miseria. Doctores que con cuarenta y tantos años cobran poco más de mil euros, y que aspiran a promocionar –y que nunca lo conseguirán- en un sistema tan podrido y caciquil como el de la universidad española. Si quieres formar una familia, ¿quién paga las facturas?, ¿tu pareja mientras tú te dedicas a tu “vocación”?

Por si esto no fuera poco, ¡ay de ti si osas alzar la voz y reclamar condiciones justas! Te puedes dar por sentenciado y marcado de por vida. Tu carrera científica ha acabado. En el mejor de los casos te echarán directamente a las primeras de cambio. En el peor te harán la vida imposible, hasta que te hundas por completo y abandones tú mismo.

Es cierto, argumentarás que siempre está la opción de irse al extranjero. De hecho yo soy un firme defensor de ello. Pero no todo el mundo por razones personales puede irse. Quizás sencillamente no le apetezca. Ya estamos de nuevo planteando soluciones de índole personal a un problema global, haciendo recaer la responsabilidad de la situación en el afectado. No aprendemos.

Una vez que estás fuera del “sistema”, lo más importante es reconstruirte personalmente. Intentar sacar rédito de alguna manera a tantos sacrificios y sinsabores que inundaron tu carrera científica y asumir rápidamente que perdiste. Apostaste por algo y fracasaste. Asumir que los que se quedaron no son necesariamente mejores que tú. Sencillamente tuvieron más suerte y/o estuvieron en el lugar adecuado en el momento preciso. O quizás se callaron mientras sus derechos se pisoteaban una y otra vez. ¿Quién sabe? ¿Acaso importa ya?

A. Peralta (@ribap)

En Ciencia con Futuro nos importan la ciencia y sus gentes, incluyendo aquellos que han sido expulsados del sistema. Hemos recogido algunas historias de ese fracaso, que no es individual de los protagonistas sino una pérdida del conjunto de la sociedad. Son historias amargas de conflicto entre ilusión y dignidad. Esperamos que os estremezca y os inciten a la reflexión.

¿Por qué dejaste/te echaron de la Ciencia?

@Chuso_Jar:

Fui yo quien dejó el contrato pero el sistema el que me echó a patadas. Así que lo dejé porque:

a) El sistema de I+D español no funciona y pensé que sería un constante dolor trabajar en él. Ya había tenido suficientes sinsabores.

b) Con 38 años, 10 de postdoc y familia con 2 hijos, no puedo seguir esperando a conseguir una plaza y a tener un salario digno.

c) No había ningún futuro y más zancadillas y dificultades que ayudas.

@Moigaren:

Me presenté a una plaza de Profesor Ayudante Doctor en la universidad en la que trabajaba, una universidad en la que no había estudiado ni había investigado antes de tener el contrato que tenía en ese momento. La plaza, como la mayoría de las que se convocan en la universidad, tenía un candidato de la casa y todos consideraban que era SU plaza. Yo reclamé la baremación y llegué a llevar el caso al juzgado de lo contencioso-administrativo. Mi supervisor me dijo que, si no quitaba la demanda no firmaría ningún otro papel, lo que incluía la renovación de mi contrato. Así que me echaron de la ciencia.

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes ahora?

@Chuso_Jar:

La carrera científica es un ejemplo de subasta a pérdidas de Teoría de Juegos. Le dedicas años y años con la esperanza de conseguir vivir haciendo lo que te gusta. En mi caso, en total, más de 15 años invertidos. Al final tuve que perderlos y no conseguí nada.

Me sentí defraudado por el sistema y por la sociedad. Me sentí estúpido por haber apostado tanto para después darme cuenta de que nada estaba en mis manos, sino en las de un sistema caprichoso y miope. Me sentí traicionado por la comunidad científica que, primero no avisa y segundo ve impasible como te despeñas. Ahora siento amargura, resentimiento con la sociedad y, sobre todo, fuera de lugar. Con mi formación no encajo en ningún sitio disponible ni laboral ni socialmente hablando. Es desolador pensar que la sociedad por la que trabajabas para conseguir un mundo mejor, te ignora y que no tienes lugar en ella.

@Moigaren:

Completamente desprotegido. Todo el mundo consideraba que estaba mal intentar ganar “la plaza de otro”, aunque yo tuviera más méritos. Que me esperara, que ya llegaría mi turno. Mi supervisor, el jefe de mi grupo de investigación, el vicerrector,… todo el mundo estaba en mi contra. Quitaron mi nombre de la puerta de mi despacho, iban pidiendo a mis compañeros que dijeran cualquier cosa negativa sobre mí para ponerla en el informe de renovación, mintieron en dicho informe, me echaron del grupo de investigación sin cumplir con la normativa (tuvieron que readmitirme tras presentar una reclamación),… Ir al trabajo me suponía un estrés. Mi propio jefe me recomendaba que no pasara por el despacho ni el laboratorio, que me fuera a otra parte del edificio a trabajar.

Ahora me siento bien. Trabajo como profesor de Formación Profesional, con unos compañeros magníficos, tanto en el departamento como en el instituto. Las condiciones laborales y el sueldo son también mejores que en la universidad. Además, acabo de saber que he ganado el juicio contra la universidad, que la jueza reconoce que me han aplicado mal el baremo y que la plaza me corresponde a mi. No tengo por lo tanto sensación de fracaso.

¿Cómo ves el futuro?

@Chuso_Jar:

Llevo 4 años fuera del sistema, he hecho varios intentos tímidos para volver pero están TODAS LAS PUERTAS CERRADAS. Soy muy, muy pesimista. No veo ningún futuro. Llevo 4 años perdido en una habitación a oscuras y no sé hacia dónde ir. No hay ninguna luz.

@Moigaren:

Espero poder ocupar la plaza de PAD que tenía que haber ganado hace más de un año y poder desarrollar sin problema mi carrera docente e investigadora en la universidad. Mientras espero a que eso suceda (aún no se si presentarán un recurso a la sentencia), seguiré como docente de Secundaria/Formación profesional.

El éxito de una sociedad no lo marcan los casos triunfales sino precisamente cómo se lidia con el general de la población. El fracaso en la Ciencia española no es la suma de aquellos que no llegaron porque no fueron lo suficientemente atrevidos o ingeniosos. El fracaso de la Ciencia española es el resultado de un sistema que fomenta la mediocridad general en la zona de sombra que se produce tras el relumbrón de unos cuantos ejemplos brillantes. Está en nuestra capacidad luchar contra esa mediocridad, transformar en un motor de progreso un sistema que actualmente produce muchos más fracasos que éxitos.

No te quedes callado/a.

Hace unos días nos hacíamos eco de la reacción en medios de comunicación ante la publicación del Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación en Castilla-La Mancha. Consideramos que es una importante noticia que una región con tan poco desarrollo en el sector investigador tome conciencia y se dote de un armazón legislativo propio.

Tras su lectura, debemos matizar esa opinión. El texto del Anteproyecto presenta importantísimas lagunas y una extraordinaria falta de ambición que creemos necesario comentar para estimular su corrección a lo largo de su tramitación por las Cortes castellano-manchegas.

Primero, hay que entender que estamos hablando de una Ley, o sea, una regla emanada por una autoridad para regular, de acuerdo a la justicia, un aspecto de las relaciones sociales. Las leyes son normativa fija, indefinida a no ser que ellas mismas incluyan su caducidad (como puede ser la ley de presupuestos). Por lo tanto una Ley sobre una actividad continua como la I+D+i debe tener una aproximación genérica y duradera. Pero, por encima de eso, debe basarse en un correcto análisis de la situación actual, las opciones disponibles y la visión de futuro que se tenga.

En el caso castellano-manchego nos encontramos ante una de las regiones con un sector científico menos desarrollado. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sólo invierte el 0,5 % del PIB autonómico en actividades de investigación. Sin embargo, la región tiene un amplísimo potencial investigador en sectores como el agropecuario, medioambiental (claramente interconectados ante el desafío del cambio climático), paleontológico y arqueológico (con gran proyección para generar retornos en forma de turismo cultural), energético etc. En el actual mundo globalizado el conocimiento es el mayor promotor de crecimiento económico, y nuestro entorno europeo está claramente comprometido a hacer de ello su prioridad para los próximos años.

Es por ello que la lectura del Anteproyecto nos ha decepcionado: tanto el preámbulo como el articulado están continuamente referenciados a marcos caducos. Es importante entender que un proceso legislativo como este no se hace de la noche a la mañana y que este Anteproyecto se convertirá en Ley como pronto en algún momento de finales de 2018 . Es en cierto modo desalentador que se planteen referencias a marcos como el europeo Horizon 2020 cuando ya está en preparación el siguiente programa-marco que marcará el futuro de la Ciencia en la Unión Europea para cuando esta Ley vea la luz. Lo mismo puede decirse con respecto a las continuas referencias a la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 CLM), un documento que también caduca en 2020.

Con semejantes referencias caducas no es de extrañar que el único objetivo económico sea alcanzar el 1,3 % del PIB “en los próximos años”, justo cuando nuestros principales socios y competidores se dispongan a superar el 3 %. Reconocemos que el 1,3 % supone un extraordinario salto en la situación actual de la región… pero no permitirá reducir el abismo que separa Castilla-La Mancha con las regiones de su entorno. Esta falta de compromiso ha sido criticada incluso por el Vicerrector de Investigación de la UCLM, el principal organismo investigador de la región.

En ese marco resulta inimaginable creer en el éxito de ningún programa de atracción de talento investigador. Precisamente, ese es otro de los objetivos declarados de este anteproyecto, aunque por alguna razón que sólo parece obedecer a una mal entendida propaganda política, el texto lo llama Programa de Retención y Recuperación de talento, sin que haya ninguna medida en ese sentido. Sus objetivos establecidos son del tipo “promover el valor de la ciencia en la educación” o “incrementar el número de estudiantes en Ciencias”. En realidad no se dedica ninguna frase al retorno de investigadores castellano-manchegos ni se especifican propuestas para que los recién doctorados tengan becas de ida y vuelta. O sea en ningún caso se habla de retención ni de recuperación, sino que todas se enmarcan en el fomento y, algo, en la atracción de talento. Es conocida la postura de Ciencia con Futuro acerca de que la comunidad científica funciona de forma abierta y que carecen de sentido políticas limitadas a la “recuperación”. Es por ello que nos alegramos del contenido del articulado, lamentando lo inadecuado de la nomenclatura.

En realidad gran parte del texto consiste en disposiciones vacías de contenido (más propias de normas de rango inferior) o con una única intención de ordenación (y fomento) del aparato burocrático de la Junta de Comunidades. Gran parte del articulado se limita a la creación de órganos colegiados dentro del poder ejecutivo para estudiar, analizar y fomentar (controlar en suma) la acción pública en I+D+i. Es muy positivo que se cree una Agencia de I+D+i, pero el texto no la dota de la suficiente autonomía ni independencia. Ni mucho menos es capaz de regular la financiación plurianual, tan demandada por la Unión Europea. La principal justificación de una herramienta legislativa de este nivel debería ser la de establecer los mecanismos para dotar a la Agencia de I+D+i de un presupuesto propio plurianual de la manera que lo tienen los organismos equivalentes europeos.

En resumen, en nuestra opinión la revisión del Anteproyecto debería atender:

• Mayor inclusividad en la definición del sistema de I+D+i regional. En un entorno como el castellano-manchego, la acción investigadora de museos, archivos o parques arqueológicos (por poner algunos ejemplos) debería ser reconocida.
• Menor injerencia ejecutiva en el desarrollo de la I+D+i. El llamado Consejo Asesor tiene poco que aportar y debería ser sustituido por una comisión dentro de las Cortes regionales. La Consejería competente debería limitarse a establecer las prioridades dentro de los planes de investigación dirigida.
• La Agencia debería depender de las Cortes, que nombrarían a su presidente y supervisarían su acción. Debería tener total autonomía de proposición en los fondos para investigación no dirigida (bottom-up) y de gestión en los de investigación dirigida a la áreas estratégicas marcadas por la Junta de Comunidades (upside-down). Su propuesta de presupuestos plurianuales (encuadrados en Planes Regionales de Investigación que no coincidan temporalmente con las legislaturas políticas) sería consensuada con la Junta de Comunidades y aprobada con rango de Ley por las Cortes, para asegurar la independencia frente a la acción política coyuntural.
• Los objetivos presupuestarios han de aspirar a los niveles europeos, no a los españoles, más aún cuando rara vez los presupuestos españoles de I+D+i se cumplen. Entendemos que esa convergencia ha de ser escalonada, pero debe emprenderse cuanto antes y de forma decidida para evitar que la brecha actual se mantenga o incluso se agrande.

El sistema castellano-manchego es actualmente pequeño, por lo que se encuentra en una posición ideal para afrontar las necesarias reformas que necesita la Ciencia española. Cambios que fomenten carreras profesionales basadas en méritos, rompan con la precariedad laboral sin promover el inmovilismo, superen el falso indicador que representan los impact factors y abran la Ciencia y la Innovación a la sociedad mediante el Open Science y la Responsible Research and Innovation son más fáciles de plantear en Castilla-La Mancha que en regiones que ya lastran instituciones privadas de masa crítica o minadas por la endogamia. El éxito de la implantación de un nuevo sistema de I+D+i en Castilla-La Mancha equiparable no al español sino al de los países del norte de la Unión Europea podría establecer un importante precedente y constituir un ejemplo a imitar por el resto de comunidades autónomas.

Desde Ciencia con Futuro queremos llamar a todos los grupos representados en las Cortes de Castilla-La Mancha a que suscriban con el texto final de esta Ley un verdadero pacto por la I+D+i y una sociedad del progreso y el conocimiento. Están ante un entorno y una oportunidad única.

Desde Ciencia Con Futuro queremos concienciar contra una perniciosa tendencia que pone en riesgo el buen hacer de la Ciencia española: la desaparición de los verdaderos profesionales de las categorías auxiliar de laboratorio y técnico de laboratorio en el Sistema Español de Ciencia e Innovación.

La gran mayoría de las personas (por no decir todas) ambicionamos progresar y madurar en nuestro trabajo. Esto conlleva una serie de esfuerzos, entre los cuales se encuentra seguir aprendiendo técnicas nuevas, ya sea a través de la formación particular o con la ayuda de la empresa, o incluso simplemente prestando más atención a lo que hacemos.

Es probable que esa mejora continua implique con el paso del tiempo un aumento de nuestras cargas laborales, puesto que nos desenvolvemos mejor en nuestro entorno de trabajo. Se dice que la experiencia es un grado, y una forma de reconocerlo es una compensación económica debido a la permanencia continua en una empresa. Esto se hace en forma de incentivos a la antigüedad y productividad (trienios, quinquenios, etc).

No obstante, todo tiene su límite, y hay que saber diferenciar entre progresar y aceptar responsabilidades fuera de nuestro marco laboral. Esto último está delimitado por la categoría/grupo profesional con que se nos contrató. Si se sobrepasa dicho límite, se estaría produciendo lo que se conoce como “movilidad funcional” y esta situación solo se podrá producir cuando existan razones técnicas o de organización que así lo justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención.

Para no extendernos, resumimos aquí las partes clave del “el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores”:

Cuando se realizan funciones de categoría inferior, el salario a percibir no podrá sufrir modificaciones. Si es al contrario, es decir, se realizan trabajos de categoría superior a la reconocida, la retribución será la correspondiente con las funciones realizadas y si esta situación es prolongada en el tiempo (la ley establece que estas funciones de categoría superior se realicen por un periodo superior a 6 meses durante un año o durante ocho meses durante dos años) el trabajador podrá reclamar su ascenso y el reconocimiento de dicha categoría profesional. Si el ascenso requiere titulación académica o profesional, no podrá reconocerse el ascenso, pero sí se tendrá que retribuir lo correspondiente a las tareas realizadas. Contra la negativa de la empresa, los trabajadores podrán dirigirse a los tribunales para exigir dicha retribución y/o reconocimiento.

Si se contratan a licenciados/graduados o doctores por debajo de su categoría (como podría ser técnico de laboratorio), no se espera que se encasillen como apoyo a la investigación a la hora de realizar sus tareas, sino que apliquen la totalidad de sus conocimientos para ejercer su trabajo (y ya hemos dejado claro por qué esto no es legal si no se compensa salarialmente). Esto conlleva un problema directo para el trabajador y un problema indirecto para el sector científico al completo. Al dejar que se incumplan nuestros derechos laborales estamos haciendo que desaparezcan puestos de trabajo y que se creen falsas categorías profesionales.

Si siendo doctor/licenciado/graduado nunca te contratan como tal, buscarás trabajo como técnico; si siendo técnico nunca te contratan como tal, buscarás trabajo como auxiliar técnico y si eres auxiliar técnico, mejor buscarse una vocación distinta.

Esto se hace y se deja hacer, a veces, porque el trabajador decide ejercer un puesto de menor categoría a la de su titulación (sin entrar en motivos personales) y, otras muchas, porque así lo ofrecen los OPIs, consiguiendo entre todos hacer desaparecer a dos categorías profesionales a causa de que otras dos también lo están haciendo, creando un efecto dominó que desplaza por completo a la última pieza.

Muchos estaréis pensando, si yo estoy en una categoría superior, es lógico que pueda acceder a una por debajo y, por tanto, que tenga más posibilidades a la hora de encontrar trabajo. Esto no siempre es así. De hecho en algunas ofertas de empleo de técnico o auxiliar técnico se exige obligatoriamente la posesión de dichos títulos, sin ser válida una titulación superior a dicha categoría sin la posesión de los otros para ejercer el oficio.

Por poseer una titulación de categoría superior no siempre se está preparado al 100% a la hora de desempeñar una labor de una categoría inferior dentro de la misma rama profesional. Un ejemplo claro de ello puede ser que un biólogo no está capacitado legalmente para sacar sangre venosa, mientras que alguien con titulación de técnico de laboratorio si podría hacerlo si le delegan dicha tarea. Si esto se diera, se podría considerar “intrusismo categórico”, ya que no está capacitado para todas las tareas a realizar.

El III Convenio colectivo único para e l personal laboral de la Administración General del Estado en la Resolución de 3 de noviembre de 2009 creó el siguiente anexo para catalogar a los grupos profesionales:

* Para ver de forma detallada cada categoría tenéis el siguiente enlace, a partir de la página 68:

Recientemente se ha puesto de manifiesto un problema relacionado con la continuidad laboral de algunos investigadores debido a la naturaleza de sus contratos “Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros”. Según destacaba El País, la Ley de Presupuestos Generales de 2017,  “se ha podido convertir en una amenaza para la ciencia española”. ¿Por qué?

En el Estatuto de los Trabajadores (ET) existe un límite general para evitar el encadenamiento de contratos temporales recogido en el art. 15.5 del ET: un trabajador debe adquirir la condición de indefinido en la plantilla cuando han existido dos contrataciones temporales encadenadas que superan los 24 meses en un periodo de 30 meses. Sin embargo, la Ley de la Ciencia del 2011 establece que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos profesionales, no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores, gestores de proyectos y técnicos, y concatenar contratos temporales en determinadas universidades y organismos públicos de investigación (OPIs). El objetivo de esta particularidad está en el “deseo” de una gran parte de la comunidad científica de poder desarrollar proyectos de varios años de duración sin que el trabajador tenga necesariamente que pasar a formar parte de la plantilla del centro como indefinido, y responde a la naturaleza dinámica de los proyectos de investigación y su financiación.

Esta situación es de hecho más que habitual en el mundo de la investigación. Por poner un ejemplo, más del 80 % de los contratos laborales en las instituciones de investigación de la Comunidad de Madrid son contratos laborales temporales, que podrían considerarse contratos en fraude de ley. Es importante reseñar que no toda la comunidad científica acepta esta particularidad, que puede ser vista como un atentado a los derechos de los trabajadores del campo de la investigación. Cuando a un científico se le contrata indefectiblemente, sea cual sea el proyecto, es porque en su grupo de investigación se le considera “estructura”, por lo que debería tener un contrato indefinido. El día en el que su grupo no contara con financiación suficiente, debería ser despedido de forma objetiva “por motivos económicos” e indemnizado en principio con 12 días al año. En realidad, este debate se remonta a la Ley Caldera y su incumplimiento por las administraciones públicas, lo que ha conllevado denuncias masivas en los OPIs, sentencias judiciales, amenazas a investigadores y represalias. La posibilidad de contratación de científicos de manera indefinida sigue siendo la patata caliente de la que nadie quiere hablar.

Sorprendentemente, la Ley de la Ciencia no incluía hasta ahora institutos de investigación tan prestigiosos como el CNIO o el CNIC, lo que no impidió que ese tipo de contratos temporales sí se llegaran a realizar. Ahora, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 responsabiliza y sanciona a los gerentes de estos institutos en el caso de que el contratante sea una fundación. Ante la dimensión del problema a corto plazo, en los últimos días el gobierno ha aprobado urgentemente un Real Decreto que modifica la Ley de la Ciencia en su disposición final segunda. Esta noticia ha sido bienvenida en la prensa nacional con titulares como “El gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite”. Con esta modificación, los centros que están constituidos como fundaciones públicas se equiparan con los Organismos Públicos de Investigación y Universidades, pudiendo volver ahora a contratar a los investigadores que cumplían tres años de contratos temporales encadenados.

¿Problema resuelto?… Pues no.

Porque el problema para la ciencia española no es que docenas de trabajadores puedan permanecer en sus puestos de trabajo uno o dos años más. El verdadero problema es más bien que aceptamos realizar contratos a nuestros investigadores en inferioridad de condiciones a la mayoría de los trabajadores del Estado, con la justificación de que “la investigación y la ciencia funcionan así”. En España llega tarde un plan de empleo para el personal de apoyo científico y administrativo de nuestras instituciones investigadoras. Lejos de preferir la concatenación de contratos temporales, en muchas ocasiones los responsables de los laboratorios están deseando poder contar con sus trabajadores de forma indefinida, pero hay que conformarse con lo que hay, porque “la investigación y la ciencia funcionan así”.

En cualquier caso, la aparición urgente de reales decretos que solo añaden excepciones para la aplicación de artículos del estatuto de los trabajadores no debería ser vista como una buena noticia o un paso hacia adelante. Nuestra legislación actual obliga a las fundaciones del sector público a restringir la contratación indefinida, lo que está llevando a la pérdida de empleo en estos centros de personal muy cualificado. Por un lado la disposición adicional 34 de los PGE de 2017 penaliza en su punto 2 “cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”. Pero por otro lado la ley exige que “los órganos de personal […] no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal […] salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”. Es decir, la propia ley anima a la judicialización de las relaciones laborales dentro del sector público, en este caso en el ámbito de la investigación.

Y en medio de tal desbarajuste legal y laboral, muchos responsables de recursos humanos de nuestras instituciones científicas continúan mirando hacia otro lado porque no saben qué hacer, invitando a no entrar en conflictos legales a sus trabajadores aduciendo perjuicios indirectos a sus jefes de grupo. De esta forma, se abre más y más la brecha entre los derechos laborales de los científicos y lo que debería ser la progresión profesional en la carrera científica.

Pero, ¿tienen los científicos realmente acceso a la información laboral que sus centros deberían prestar?

Para responder a esta pregunta, realizamos una breve encuesta a través de redes sociales. En respuesta a la pregunta “¿Sabes a quién recurrir si tienes un problema laboral en tu centro de investigación?”, el 59% de las 150 respuestas fue un rotundo “NO”. En respuesta a la pregunta “Si has tenido alguna vez problemas laborales, ¿te han ayudado a resolverlos donde has acudido?”, el 26 % de las 125 respuestas también fue un “NO”.

Aunque es solo una estimación, esta encuesta muestra de forma patente que nuestras instituciones científicas no informan de manera adecuada a sus trabajadores en materia laboral. Las firmas de documentos laborales sin asesoramiento son de hecho una práctica constante en el mundo científico (firma de contratos, finiquitos, etc.), como lo es igualmente la falta de presencia de representación sindical en nuestros centros de investigación.

En nuestro país no existe un diseño de carrera investigadora acorde con la realidad laboral. Seguimos generando jóvenes investigadores, pero miramos a otro lado a la hora de saber qué hacer con ellos a medio o largo plazo. En nuestro siglo XXI, la concepción del periodo postdoctoral ha quedado obsoleta. Lo que antiguamente se aceptaba como un periodo de especialización y desarrollo profesional, un puente en la carrera investigadora que habría las puertas a un trabajo estable como investigador, ha pasado a ser en muchas ocasiones la única posibilidad laboral. Pero no hablamos solo de investigadores postdoctorales. En la universidad, la figura del profesor ayudante doctor presenta exactamente el mismo problema. E igual panorama, o incluso aún más incierto, acecha a los técnicos y gestores de proyectos. Oportunidades laborales temporales, precarias y cíclicas, en un mundo académico lleno de puertas cerradas.

Nuestros científicos han estado años esforzándose por impulsar la ciencia en nuestro país, pero olvidaron que la ciencia se hace con científicos y, lamentablemente, se quedaron sin fuerza para acordarse de los que venían detrás de ellos.