Esta semana nos tocó trabajar a destajo a todos los activistas de la Ciencia y la Innovación Española. El Ministerio de Ciencia e Innovación sacó, casi a traición mientras nos re-asentábamos de las navidades, el ansiado nuevo borrador de Anteproyecto de modificación de la Ley de la Ciencia y daba sólo ocho días para presentar alegaciones a un texto que se publicaba mutilado. Sólo veías las partes retocadas, no el conjunto del texto legal.
En CCF nos pilló preparados, teníamos agendada una reunión con la Secretaria General de I+D+i, Raquel Yotti, que nos atendió unos días antes del cierre del plazo y nos pasó un documento con el texto “refundido” para poder hacer mejor la evaluación.
Hemos de reconocer que el cambio del equipo ministerial ha mejorado muchísimo la comunicación, un tono más abierto y dialogante. Pero no estamos tan contentos en el fondo: la información nos llega siempre tarde, siempre de forma parcial y nunca parece que en el gobierno estén abiertos a una reflexión global sobre la ciencia y la innovación como servicio público.
Reforma laboral, Ley de la Ciencia y LOSU inciden todas en cómo se trabajará en ciencia e innovación en nuestro país en la próxima década. Y no parece que los redactores de los distintos textos se comuniquen entre ellos. Y tampoco parecen muy conscientes de las repercusiones de sus actos.
Si bien todos celebramos el fin de los contratos de “obra y servicio”, a día de hoy nadie ha aclarado cómo se entiende el fin de una “línea de investigación” y quién y cómo habrá de provisionar los fondos para los despidos (porque los indefinidos son despedibles). En la práctica, a día de hoy, las contrataciones están bloqueadas en la mayoría de los centros de investigación de nuestro país.
Tampoco se entiende la voluntad de contentar a medias en aspectos clave como las indemnizaciones a fin de contrato, que sólo se reconocen a pre y postdocs contratados a partir de la entrada en vigor de la ley y negarlo a los que hoy sufren esa lacra (y están comandando la lucha para evitar esa injusticia).
Y, en general, hay tantos recovecos y excepciones que, sinceramente, no tenemos claro que en la práctica no vayan a continuar los contratos vinculados a proyectos. Y lo que es peor, que se aproveche el nuevo contrato indefinido para no sacar las plazas estructurales en las Ofertas de Empleo Público.
Por terminar con el tema laboral, nos mostramos decepcionados porque de nuevo se aplaza la regulación de las carreras profesionales de técnicos y gestores en ciencia e innovación. Y no hay nada que ayude a pensar que el gobierno se va a abrir a reconocer que una formación doctoral es útil, y debe ser reconocida y pagada, más allá de la investigación estricta.
Una ley incluye muchas más cosas, pero es demasiado ambicioso tratar de abordarlo en un blog. Os dejamos el PDF de las alegaciones que hemos hecho para que podáis ver que no estamos contentos con cómo se abordan los temas de desigualdad y discriminación (reduciéndolos solo a cuestiones de género), que en contra de lo publicitado no se incluyen medidas de reducción de la burocracia ni se facilitan mecanismos para atajar la plaga de la endogamia.
Esperamos que el Ministerio lea nuestras alegaciones, y otras muchas, y asuma de una vez que la participación pública no puede ser un paripé. Que debe ser un proceso de co-diseño, abierto, transparente y prolongado en el tiempo.