El gobierno no salva a ningún investigador, solo alarga su agonía

Recientemente se ha puesto de manifiesto un problema relacionado con la continuidad laboral de algunos investigadores debido a la naturaleza de sus contratos “Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros”. Según destacaba El País, la Ley de Presupuestos Generales de 2017,  “se ha podido convertir en una amenaza para la ciencia española”. ¿Por qué?

En el Estatuto de los Trabajadores (ET) existe un límite general para evitar el encadenamiento de contratos temporales recogido en el art. 15.5 del ET: un trabajador debe adquirir la condición de indefinido en la plantilla cuando han existido dos contrataciones temporales encadenadas que superan los 24 meses en un periodo de 30 meses. Sin embargo, la Ley de la Ciencia del 2011 establece que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos profesionales, no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores, gestores de proyectos y técnicos, y concatenar contratos temporales en determinadas universidades y organismos públicos de investigación (OPIs). El objetivo de esta particularidad está en el “deseo” de una gran parte de la comunidad científica de poder desarrollar proyectos de varios años de duración sin que el trabajador tenga necesariamente que pasar a formar parte de la plantilla del centro como indefinido, y responde a la naturaleza dinámica de los proyectos de investigación y su financiación.

Esta situación es de hecho más que habitual en el mundo de la investigación. Por poner un ejemplo, más del 80 % de los contratos laborales en las instituciones de investigación de la Comunidad de Madrid son contratos laborales temporales, que podrían considerarse contratos en fraude de ley. Es importante reseñar que no toda la comunidad científica acepta esta particularidad, que puede ser vista como un atentado a los derechos de los trabajadores del campo de la investigación. Cuando a un científico se le contrata indefectiblemente, sea cual sea el proyecto, es porque en su grupo de investigación se le considera “estructura”, por lo que debería tener un contrato indefinido. El día en el que su grupo no contara con financiación suficiente, debería ser despedido de forma objetiva “por motivos económicos” e indemnizado en principio con 12 días al año. En realidad, este debate se remonta a la Ley Caldera y su incumplimiento por las administraciones públicas, lo que ha conllevado denuncias masivas en los OPIs, sentencias judiciales, amenazas a investigadores y represalias. La posibilidad de contratación de científicos de manera indefinida sigue siendo la patata caliente de la que nadie quiere hablar.

Sorprendentemente, la Ley de la Ciencia no incluía hasta ahora institutos de investigación tan prestigiosos como el CNIO o el CNIC, lo que no impidió que ese tipo de contratos temporales sí se llegaran a realizar. Ahora, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 responsabiliza y sanciona a los gerentes de estos institutos en el caso de que el contratante sea una fundación. Ante la dimensión del problema a corto plazo, en los últimos días el gobierno ha aprobado urgentemente un Real Decreto que modifica la Ley de la Ciencia en su disposición final segunda. Esta noticia ha sido bienvenida en la prensa nacional con titulares como “El gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite”. Con esta modificación, los centros que están constituidos como fundaciones públicas se equiparan con los Organismos Públicos de Investigación y Universidades, pudiendo volver ahora a contratar a los investigadores que cumplían tres años de contratos temporales encadenados.

¿Problema resuelto?… Pues no.

Porque el problema para la ciencia española no es que docenas de trabajadores puedan permanecer en sus puestos de trabajo uno o dos años más. El verdadero problema es más bien que aceptamos realizar contratos a nuestros investigadores en inferioridad de condiciones a la mayoría de los trabajadores del Estado, con la justificación de que “la investigación y la ciencia funcionan así”. En España llega tarde un plan de empleo para el personal de apoyo científico y administrativo de nuestras instituciones investigadoras. Lejos de preferir la concatenación de contratos temporales, en muchas ocasiones los responsables de los laboratorios están deseando poder contar con sus trabajadores de forma indefinida, pero hay que conformarse con lo que hay, porque “la investigación y la ciencia funcionan así”.

En cualquier caso, la aparición urgente de reales decretos que solo añaden excepciones para la aplicación de artículos del estatuto de los trabajadores no debería ser vista como una buena noticia o un paso hacia adelante. Nuestra legislación actual obliga a las fundaciones del sector público a restringir la contratación indefinida, lo que está llevando a la pérdida de empleo en estos centros de personal muy cualificado. Por un lado la disposición adicional 34 de los PGE de 2017 penaliza en su punto 2 “cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”. Pero por otro lado la ley exige que “los órganos de personal […] no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal […] salvo cuando ello se derive de una resolución judicial”. Es decir, la propia ley anima a la judicialización de las relaciones laborales dentro del sector público, en este caso en el ámbito de la investigación.

Y en medio de tal desbarajuste legal y laboral, muchos responsables de recursos humanos de nuestras instituciones científicas continúan mirando hacia otro lado porque no saben qué hacer, invitando a no entrar en conflictos legales a sus trabajadores aduciendo perjuicios indirectos a sus jefes de grupo. De esta forma, se abre más y más la brecha entre los derechos laborales de los científicos y lo que debería ser la progresión profesional en la carrera científica.

Pero, ¿tienen los científicos realmente acceso a la información laboral que sus centros deberían prestar?

Para responder a esta pregunta, realizamos una breve encuesta a través de redes sociales. En respuesta a la pregunta “¿Sabes a quién recurrir si tienes un problema laboral en tu centro de investigación?”, el 59% de las 150 respuestas fue un rotundo “NO”. En respuesta a la pregunta “Si has tenido alguna vez problemas laborales, ¿te han ayudado a resolverlos donde has acudido?”, el 26 % de las 125 respuestas también fue un “NO”.

Aunque es solo una estimación, esta encuesta muestra de forma patente que nuestras instituciones científicas no informan de manera adecuada a sus trabajadores en materia laboral. Las firmas de documentos laborales sin asesoramiento son de hecho una práctica constante en el mundo científico (firma de contratos, finiquitos, etc.), como lo es igualmente la falta de presencia de representación sindical en nuestros centros de investigación.

En nuestro país no existe un diseño de carrera investigadora acorde con la realidad laboral. Seguimos generando jóvenes investigadores, pero miramos a otro lado a la hora de saber qué hacer con ellos a medio o largo plazo. En nuestro siglo XXI, la concepción del periodo postdoctoral ha quedado obsoleta. Lo que antiguamente se aceptaba como un periodo de especialización y desarrollo profesional, un puente en la carrera investigadora que habría las puertas a un trabajo estable como investigador, ha pasado a ser en muchas ocasiones la única posibilidad laboral. Pero no hablamos solo de investigadores postdoctorales. En la universidad, la figura del profesor ayudante doctor presenta exactamente el mismo problema. E igual panorama, o incluso aún más incierto, acecha a los técnicos y gestores de proyectos. Oportunidades laborales temporales, precarias y cíclicas, en un mundo académico lleno de puertas cerradas.

Nuestros científicos han estado años esforzándose por impulsar la ciencia en nuestro país, pero olvidaron que la ciencia se hace con científicos y, lamentablemente, se quedaron sin fuerza para acordarse de los que venían detrás de ellos.

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  1. Rosario Pérez Pérez

    Efectivamente, siempre, desde la escuela nos dicen lo influyentes que han sido y son en nuestra civilización los científicos. Pero casi siempre son también ejemplos de profesionales mal pagados, mal valorados en su tiempo (recordemos que muchos fueron ajusticiados, quemados en la hoguera y un largo etcétera de despropósitos). Es que esté país quiere seguir tratando a aquellos que más trabajan por nuestro bienestar como se hacía en otros momentos de la historia? O se destierran con la fuga de talentos o son trabajadores de segunda fila? O qué? Arreglen esto ya señores del gobierno!!!

  2. Pingback: En cuestión la continuidad laboral de investigadores | Observatori del Sistema UniversitariObservatori del Sistema Universitari

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