¿Qué quiere decir “democratizar” la Ciencia?

Gobernanza y transparencia en la gestión de Universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación

De las muchas reformas que el Sistema Español de Ciencia y Tecnología necesita, la de la gobernanza puede que sea la que menos clara quede ante la ciudadanía. Los distintos programas políticos inciden en la necesidad de “democratizar” o “profesionalizar” la gobernanza de la Ciencia, pero los detalles se escapan (o se eluden a propósito) y surgen los malentendidos y los temores.

Para entender lo que está en juego hay que entender cómo se da la gobernanza de los centros investigadores en la actualidad. Por explicarlo brevemente nos referiremos a tres grandes grupos: universidades, grandes Organismos Públicos de Investigación (OPIs) estatales (CSIC, etc.) y los nuevos OPIs organizados generalmente como fundaciones (Centro Nacional de investigaciones Oncológics, CNIO, etc). Las universidades públicas españolas se organizan en función de lo determinado en la LOMLOU: los rectores son elegidos por sufragio universal ponderado por “colectivos” (Profesores en distintas castas, Estudiantes, Personal de Administración y Servicios) en un sistema similar al de la Sudáfrica del apartheid o al vigente en Líbano. Los rectores responden ante dos órganos: el Claustro (elegido igualmente por colectivos) y el Consejo Social (nombrado básicamente por las administraciones públicas, contando con representantes de patronal, sindicatos etc.).

El CSIC se rige por un sistema mucho más piramidal, es el gobierno central el que determina la identidad del presidente y de los principales órganos asesores. El presidente del CSIC no responde ante ningún órgano de representación interno, sino ante un Consejo Rector de composición básicamente política. Este sistema es parecido al que se da en los OPIs constituidos cómo fundaciones: el Patronato de la fundación tiene completa libertad para designar al equipo directivo, que sólo responde ante dichos patronos (igualmente de naturaleza más política que profesional).

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¿Cual es el resultado de ambos modelos de gobernanza? Pues bastante desolador, cómo cualquiera que esté interesado sabrá. Las universidades públicas son rehenes de cárteles corporativistas de profesores-funcionarios que aplican criterios subjetivos y personalísimos en la definición de la políticas institucionales dando lugar a una rampante endogamia en la asignación de recursos humanos y una sensación general de “taifas” a la hora de repartir los presupuestos. Las universidades se han vuelto entidades cerradas a la sociedad, poco flexibles y movidas por la inercia de su propia masa institucional. El modelo CSIC es el epítome del fracaso “tecnocrático”, con la gestión de Lora-Tamayo, la imposición piramidal de decisiones, mal explicadas y nada compartidas ha llevado a la institución al borde del colapso. Y bastante parecido es el balance de los OPIs-fundaciones, dentro de su evidente heterogeneidad, los pocos casos en los que la gestión ha mostrado una coherencia a través de la crisis parecen más la excepción que confirma la regla en un mar de breves equipos de gestión que cambian con el color del gobierno autónomo (a pesar de la supuesta independencia de las fundaciones) y algunos casos de “corralitos” en los que un grupo selecto y bien conectado controla la institución como si fuese “suya”. En estos casos es fundamental la composición del Patronato de dichas fundaciones-OPIs, generalmente copado por cargos intermedios de naturaleza política, con muy poca formación en la naturaleza de la investigación que realiza la institución que “patronean”. En muchas ocasiones se suceden los relevos en la dirección o se dan conflictos entre los gestores científicos y económicos, que actúan de forma independiente y descoordinada.

¿Qué hacer entre una “democracia” secuestrada por castas y unos “profesionales” convertidos en correas de trasmisión de órdenes sin proyecto propio? Desde Ciencia Con Futuro creemos que la clave es el fomento de la participación, la transparencia, el mérito y la honestidad. No propugnamos una democratización entendida como gobierno corporativo: tan malo es que los investigadores se autogobiernen y elijan sus catedráticos y directores como lo sería que los antidisturbios votasen a sus jefes o, como comentaba el Dr. Pedro Echenique el otro día “que el piloto de un avión lo fuese por votación de las azafatas”. Pero sí creemos que ninguna institución científica puede avanzar sin el consenso de sus investigadores, que deben estar informados y participar de las decisiones estratégicas de la dirección.

¿Y cómo seleccionar esa dirección? Pues si la designación “a dedo” y el voto “ponderado” llevan a graves disfunciones, creemos que hay que mirar a cómo se hace en otros países y en otros ámbitos. Desde hace unos años, las grandes instituciones culturales de nuestro país (Museo Reina Sofía, Teatro Real, MACBA etc.) seleccionan a sus gestores en base a un concurso internacional en los que los candidatos aportan su currículo y su proyecto estratégico para el tiempo de mandato (que queda más o menos blindado). No ha sido este el sistema tradicional de designación de esos cargos, y se ha ido consolidando en los últimos años con muchas resistencias de los políticos. La principal ventaja que tiene es que el cargo debe presentar a la sociedad, y a la comisión técnica/política que le elige, un programa plurianual de actuación: su visión para la institución a la que aspira dirigir. Existe un elevado consenso de que los directivos culturales seleccionados a través de estas “buenas prácticas” han mejorado notablemente la gestión y proyección de sus instituciones.

Un sistema parecido se emplea para seleccionar a los rectores y presidentes de institutos de investigación en varios de los países más avanzados de nuestro entorno: patronos profesionales y los distintos grupos de intereses afectados (trabajadores, estudiantes etc.) estudian las propuestas de  candidatos y sus proyectos. De esas consultas surge una propuesta de nombramiento por el órgano que en cada institución sea competente. Adaptar el código de buenas prácticas para nombramientos de la Secretaría de Estado de Cultura al Sistema Español de Ciencia y Tecnología podría suponer un importante y positivo revulsivo para nuestros centros de investigación y de educación superior.

Pero, esta apuesta por la profesionalización de la gobernanza ¿es una pérdida de la capacidad de participación de los científicos en la gestión? Rotundamente “NO”, o rotundamente “NO DEBERÍA”. Abogar por una profesionalización en la gestión no debe ser vista como una oportunidad para reducir la capacidad de los profesionales de los centros de participar de la vida de su centro, sino todo lo contrario, una oportunidad para reformar y potenciar esa participación. Organizar los concursos de una manera transparente, con la máxima participación de todos los colectivos interesados, permitiría seleccionar a los mejores candidatos con los mejores proyectos.

¿Cómo? Potenciando por un lado los Comités Científicos Internos (o los Claustros en universidades) como órganos colegiados que son informados y opinan activamente sobre las decisiones de estrategia científica de la institución (compras de equipos, reestructuración de  áreas, definición de prioridades) desde la base del proyecto de la dirección (que ya conocieron porque el CCI de un centro debe participar del proceso de selección). En estos órganos son los científicos establecidos de la institución los que llevan la voz cantante (en reconocimiento de su experiencia) pero deben estar abiertos a otros colectivos “de plantilla” igualmente experimentados (técnicos, administrativos etc.) y estar abiertos a la voz de la novedad que pueden aportar aquéllos que están iniciando su carrera. La actividad de de los órganos internos una vez elegida la dirección, debe basarse en el balance de poder y en la búsqueda de consensos: su función es complementar y ayudar, no torpedear pero tampoco debe quedar reducido a una mera comparsa.

Por otro lado se deben potenciar los Comités de Empresa (CE). ¡Es increíble la cantidad de centros que no cuentan con uno, o cuyo CE es casi inoperativo! Es una vieja historia la del desencuentro entre los científicos y la actividad sindical. En muchas universidades y OPIs los órganos académicos han usurpado funciones que le son propias al CE porque, en un sistema tan piramidal cómo el de la ciencia, muchos investigadores principales se niegan a aceptar un sistema en el que el voto de un predoctoral, un técnico de laboratorio o una secretaria cuenta tanto cómo el de un catedrático. Es papel de un CE el participar en la definición de las condiciones de trabajo (peligrosidad, acoso etc.), de la relación de puestos de trabajo y la carrera profesional (capital en evitar que una élite se haga endogámica) a través de los convenios colectivos y de la vigilancia continua. Seguir cómo hasta ahora, dónde los CE o no existen o se unifican, en el caso de las grandes agencias, para alejarlos del trabajo del día a día; dónde los órganos académicos se atribuyen potestades de definición de las relaciones laborales (sobre todo la relación de puestos de trabajo) es lo mismo que defender la ley de la selva. Y en estas materias no caben distinciones: todos los trabajadores del sector científico tienen los mismos derechos y la misma capacidad para decidir sobre sus relaciones laborales con su empresa (por muy pública que sea, sigue siendo la “empresa”).

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En una gobernanza sana, un Director seleccionado en base a un proyecto detallado con un mandato claro deberá contar con la complicidad de sus investigadores (a través del CCI/Claustro) para ir desarrollando su proyecto y con el CE para asegurar la paz social en la institución. El modelo establecido por la Unión Europea en su Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación (HRS4R) exige el fortalecimiento de ambas formas de representación y participación.

Por último, en Ciencia Con Futuro siempre hemos defendido la necesidad de que los gestores de dinero público rindan cuentas de su gestión. En universidades y OPIs existen (o deberían existir) órganos destinados a esa labor que están claramente infrautilizados cuándo no ninguneados: los Consejos Sociales/Patronatos (CS/P, formados idealmente por especialistas representando a la sociedad o a los fundadores) y los Comités Científicos Externos (CCE, formados por investigadores de otras instituciones internacionales en el mismo área de conocimiento). Desgraciadamente, dichos órganos están copados por ex-políticos o “relaciones” de la partitocracia con muy poca formación y/o interés o incluso son renovados a discrecionalidad de la dirección política cuando se atreven a expresar opiniones contrarias a las oficiales. No son pocos los escándalos debidos a un Patronato poco profesional en el mundo de la investigación y en el de la cultura. Un nuevo modelo de gobernanza debe incluir frecuentes informes/comparecencias antes los órganos de control externo (CS/P y CCE) y ante los internos informando del grado de cumplimiento del programa, de los cambios que sean necesarios hacer, de los imprevistos encontrados. Y ante la necesidad de cambio de rumbo , las decisiones deben de ser de nuevo consensuadas: si una dirección no puede cumplir con su programa los cambios deben ser aprobados por los órganos internos y de control externos y finalmente validados por los representantes de la sociedad competentes. Y, evidentemente, toda la información debe ser organizada de forma entendible y publicada para que cualquiera (trabajadores, políticos, periodistas, curiosos etc.) pueda entender cómo se gasta el dinero público (y si se está gastando en lo que se comprometió).

En resumen, cómo lo hemos dicho otras veces, la crisis de la Ciencia española no es sólo un problema de financiación sino que afecta a toda la estructura del sistema. Una nueva forma de gobernanza, equivalente a la de las mejores instituciones internacionales no arreglará por si sola el problema pero, sin duda, puede contribuir a que no se siga deteriorando. Por “democratizar” no entendemos que los centros deban ser entidades presas del voto corporativo sus funcionarios y trabajadores, los OPIs se financian con dinero público y su gestión afecta a toda la sociedad (no sólo a sus trabajadores), pero tampoco es de recibo prescindir de la capacidad de estudio y análisis de un personal altamente formado. La combinación de directivos elegidos por concurso público internacional (en base a claros proyectos de desarrollo estratégico acotados a tiempos de mandato definidos), rendición de cuentas interna y externa (basada en indicadores concretos y verificables) y un marco laboral estable (basado en la estrategia HRS4R e implementado en colaboración con los Comités de Empresa) contribuiría decisivamente a tener un Sistema de Ciencia y Tecnología con un impacto claro en el progreso social.

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